Por: Rogelio Acevedo y Leidy Marrero
Con uniformes puestos y preparados para comenzar su día de clases, muchos niños y niñas se les anunció que su escuela sería cerrada por los “daños” del huracán.
Sin importar la crisis causada por el paso del huracán María, la administración en el territorio esta aprovechando la situación para agilizar su ataque contra los derechos laborales del magisterio y de la educación pública en general.
A solo un par de semanas del huracán la secretaria de Educación Julia Keleher, bajo la mirada cómplice de la jefa de la Asociación de Maestros Aida Díaz mientras pasean de la mano en el COE, comenzó a lanzar amenazas contra el magisterio de que: «Si no trabajan, no cobran». Bajo esta amenaza se le exigió que los maestros justificaran en un documento la labor en las pasadas dos semanas.
Durante ese periodo se le exigió a maestras y maestros que se presentaran en sus planteles, y “si no podían llegar, que se reportaran al más cercano”, a pesar de que un gran número sufrió grandes perdidas en sus hogares. Como parte de las tareas estos se encargaron de la limpieza, remoción de material vegetativo y habilitar en la medida de sus recursos las áreas comunes de los planteles.
De estas labores, las pocas escuelas habilitadas, ha sido por la labor de maestros, padres, voluntarios y estudiantes. En todo ese proceso no ha habido apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), ni de la Oficina de Manejo y Mejoramiento de Edificios Públicos (OMEP), responsables por el mantenimiento y habilitación de las escuelas. El plan del DEPR de “poner a trabajar” al magisterio en estas tareas es justificar la paga, que será desembolsada por el gobierno para luego ser reembolsado por FEMA.
De hecho, en muchas escuelas del país se les pidió abiertamente a los maestros que no removieran escombros, incluyendo material vegetativo, ya que se espera por la contratación de empresas privadas para hacer estas tareas, contratadas por el DEPR con fondos FEMA. A pesar de esto, grupos de maestros, con voluntarios, padres y estudiantes, han limpiado las escuelas.
Sobre eso la única preocupación que tiene Keleher es el cumplimiento del tiempo lectivo, no en habilitar la escuela para censar las necesidades de estudiantes y maestros, para crear centros que satisfacer estas y/o cumplir con las necesidades materiales y emocionales de las mismas.
Al día de hoy el DE ha convocado el reinicio de clases en 119 escuelas en las regiones de San Juan y Mayagüez. Esto representa un 10% del total de planteles. Pero esto no es todo.
Bajo la excusa de regulaciones y exigencias del Cuerpo de Ingenieros, el DE ha aprovechado para continuar con su plan original para cerrar cerca de 300 planteles proyectado pata este año. Se había publicado la lista para consolidar escuelas con un total de 167. Sin embargo, son múltiples las denuncias de diversas comunidades escolares sobre los abusos que ha cometido el DE en su criminal política de cierre de escuelas. Esa acción de cerrar y consolidar escuelas, continuará afectando a miles de niños y maestros.
De las escuelas que se anunció su cierre, en horas de la mañana se publicó en nuestras redes una manifestación de los padres y madres de la Escuela Elemental Luis Lloréns Torres. Según el Centro Nacional para las Estadísticas de la Educación o NCES, por sus siglas en inglés, para el 2014-2015 esta escuela tenía unos 340 estudiantes y 26 maestros y maestras.
Esta escuela está en condiciones para comenzar, los están obligando a moverse a escuelas que han sido más afectadas por el huracán.
Por otro lado, la Escuela Emilio Castelar, otra escuela la cual se anunció su cierre, tenía una matrícula de 177 estudiantes y una plantilla de 11 maestros. La Escuela Jaime Rosario, también anunciada para cerrar, contaba con una matrícula de 149 estudiantes.
En días recientes vecinos de la comunidad San José de San Juan, denunciaron que, en su escuela, recientemente clausurada, el gobierno central estaba utilizando sus instalaciones para depositar escombros. Mientras decenas de camiones descargaban todo tipo de escombros en plena comunidad, los vecinos reclamaban indignados el cese y rescate del plantel para su uso.
Mientras se agudiza la crisis de suministros, de servicios básicos a nuestra niñez, el gobierno de turno lleva a cabo, sin que se le mueva un nervio, su criminal política de cierre de escuelas. Mas aun cuando estas proveen otros servicios a nuestra niñez, como alimentación, sentido de pertenencia y una escasa oportunidad de escapar a la marginación rampante que prevalece en esta sociedad en descomposición.
Será tarea de los sectores conscientes del magisterio y de las comunidades escolares darse a la tarea de prepararse y organizarse para la lucha en defensa de la educación pública. Esta lucha se convierte en mas necesaria que nunca ante las agudas condiciones de pobreza que acrecentarán en la medida en que continúe el pillaje y la corrupción de los energúmenos que administran el territorio.
Hacemos un llamado a cada padre y madre, maestro y maestra, que se mantengan alertas y organizados. Convoquen a sus consejos escolares y hagan enlaces entre cada uno de ellos, en especial en aquellas escuelas que serán cerradas en barrios como Villa Palmera.
Solo una sociedad bajo control de la clase obrera puede asegurar la protección de la educación publica para beneficio de nuestros hijos como del resto de la sociedad.
¡Organicemos consejos obreros!
¡Comunismo o barbarie!