Lidia López
Rosselló, como un boxeador incansable por la burguesía imperialista, ha asestado otro golpe a nombre de sus patronos. Este fin de semana, por medio de una orden ejecutiva, el nene mimado con la sonrisa millonaria ha creado una nueva oficina gubernamental encargada de «recibir y administrar todos los fondos y recursos» federales que llegan a Puerto Rico bajo el pretexto de la recuperación después de María. Flanqueado por los congresistas Bob Bishop (R-UT), Kevin McCarthy (R-CA) y Steny Hoyer (D-MD), quienes de seguro le dieron la directriz, Ricky anunció este sábado la creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR) como una división de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).
La nueva oficina tendrá una amplia gama de poderes. Según reza la orden ejecutiva, “la OCRR ejercerá la facultad de desarrollar y promover planes de corto, mediano y largo plazo para la recuperación, los cuales considerarán todos los recursos disponibles, incluyendo programas y recursos federales y estatales, así como inversión del sector privado.”
Además, la nueva oficina tendrá a su cargo “identificar y procurar fondos y recursos disponibles para la recuperación al igual que alternativas innovadoras para financiar adecuadamente el proceso. La OCRR recibirá y administrará todos los fondos y recursos que se hagan disponibles al Gobierno de Puerto Rico para atender la recuperación, y determinará prioridades y adoptará guías para el uso y desembolso de dichos fondos y recursos a las entidades gubernamentales.”
Esta nueva entidad supervisará el otorgamiento de todo contrato con fondos federales y estatales asignados para la recuperación y reconstrucción y tendrá “la potestad de formular adoptar, enmendar y derogar reglamentos para llevar a cabo actividades de recuperación; administrar recursos y programas relacionados a la recuperación; y conducir sus asuntos administrativos y aquellas normas que fuesen necesarias para desempeñar sus propósitos, funciones y deberes.” Toda corporación pública y cada uno de los 78 municipios que buscan acceso a fondos se tendrán que someter a las directrices de dicha oficina.
En otras palabras, y como hace bien claro en el comunicado emitido desde la Fortaleza, “la AAPP —por medio de la OCRR— será exclusivamente el beneficiario de todo programa de fondos federales disponibles para atender la recuperación.”
Tal pareciera que Omar Marrero tendrá las manos llenas con toda la responsabilidad que conllevan estos fondos federales. Sin embargo, ¿cree alguien que nuestro ilustre contable vuelto abogado corporativo y profesor adjunto en la Inter será quien de verdad tirará los hilos? Eso sí es muy dudoso. Los compañeros de flanco de Ricky delataron el hecho.
Lo que se ha creado es el marco para un saqueo profesional. Y, ¿cómo es la jugada?
Primero, el congreso otorga a su colonia asediada un préstamo multimillonario. Los chavos se filtran por la nueva oficina de privatizaciones, la OCRR, y mediante contratos para proyectos de rehabilitación de la infraestructura o la prestación de otros servicios esenciales llegan a las empresas privadas aprobadas por Bishop, et al. De esta manera, el contribuyente estadounidense subvenciona al capitalista, principalmente de EEUU, que hace negocio en Puerto Rico.
Pero esa es solamente la primera parte del guiso.
La entidad colonial aprobada por la OCRR para recibir fondos para la recuperación y reconstrucción, seguramente ya endeudada, tendrá que ser en todo caso una entidad que genera un flujo de ingresos ya que asumirá responsabilidad por el repago de su porción correspondiente del recién emitido préstamo federal. La combinación de deuda vieja y nueva obligará a muchas entidades, particularmente las corporaciones públicas, a vender más de sus activos en parte o entero a empresas privadas o, en caso de los servicios que prestan los municipios, más de éstos serán contratados a empresas privadas. Con esta profundización de la privatización, la fuerza laboral vinculada a estas entidades, sean trabajadores de las corporaciones públicas o municipales, quedará sujeta a despidos en masa mientras se preparan las nuevas condiciones para el explotación del trabajo exigidas por las empresas privadas: reducciones salariales, eliminación de protecciones laborales y beneficios marginales tales como los planes de retiro y el debilitamiento si no el fin de los sindicatos.
De esta manera los capitalistas imperialistas ganan en por lo menos tres frentes. Primero, el Estado en EEUU le subsidia sus operaciones a través del erario público, los fondos federales derivados del recaudo de impuestos. Segundo, el Estado colonial les ofrece campos para la inversión rentable con la apertura, léase privatización, de empresas estatales (corporaciones públicas) generadoras de flujos de ingresos y otros servicios esenciales. Finalmente, el Estado colonial les garantiza todas las condiciones para maximizar sus ganancias al imponer reducciones salariales y de beneficios a los trabajadores. He aquí el verdadero significado de la consigna Puerto Rico is Open for Business de la AAPP.
Por supuesto, los principales bancos e instituciones financieras allanaron el camino para la actual etapa del saqueo sistemático a través de años de esquemas para fomentar el endeudamiento de la colonia. Ahora, otro grupo de ‘buitres’ financieros participarán del guiso como inversionistas detrás de las empresas privadas en fila para los jugosos contratos con la OCRR. Tal ha sido el caso de HBC Investments, la firma de capital privado con sede en Texas dirigida por el donante republicano Joe Colonnetta, que es el principal accionista de la misma empresa Whitefish Energy cuyo contrato escandaloso con la AEE Ricky se ha visto obligado a cancelar para salvar la cara.
Ricky y Jenny son verdaderos campeones de la causa capitalista. Tal vez su mayor talento, sin embargo, reside en su uso del lenguaje orwelliano para representar este esquema de saqueo como algo que beneficiará a las masas. Sin embargo, los obreros más conscientes no se dejan engañar. Sólo el control obrero directo de las corporaciones públicas y los servicios esenciales puede poner fin al saqueo sistemático que están llevando a cabo los capitalistas y los estafadores como Ricky y Jenny que los representan en el gobierno.