Por Carlos Borrero
Las empresas estatales modernas, conocidas en Puerto Rico como «corporaciones públicas», surgieron donde el desarrollo del capital se encontraba todavía débil o en áreas de las que dependían los sectores principales del capital privado, como la infraestructura. De hecho, el papel del Estado en asegurar las condiciones para la acumulación de capital a lo largo de la historia, particularmente durante los albores del capitalismo, está bien documentado. Pasajes significativos en el primer tomo de El Capital de Marx ilustran cómo el Estado sirvió como «partera» (comadrona) para el modo de producción capitalista.
Sin embargo, la intervención estatal directa en la economía capitalista no se limita al lejano pasado. El surgimiento de inmensos monopolios nacionales en la época del capitalismo plenamente maduro, que podríamos describir con más precisión como el capitalismo sobredesarrollado cuando éste entró en su fase imperialista a finales del siglo 19, tomó la forma de industrias estatales capitalistas dentro de los países avanzados. La realización de proyectos masivos de obras públicas acompañados de revoluciones tecnológicas en los sectores del transporte, las comunicaciones y la manufactura durante la década de 1930, particularmente en Estados Unidos y Alemania, la cual se dio en competencia con el rápido e impresionante desarrollo iniciado tras la Revolución de Octubre, así como la reconstrucción de Europa Occidental y el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, fueron otros ejemplos del papel indispensable del Estado capitalista, mediante la creación de empresas públicas, en la promoción de las condiciones necesarias para el crecimiento económico ulterior y la recuperación del capitalismo.
En el caso de Puerto Rico, el desarrollo industrial iniciado a partir de los 40 requirió inversiones masivas de capital para crear la infraestructura necesaria para el régimen manufacturero centrado en la exportación de bienes de consumo popularmente conocido como manos a la obra. La modernización de la producción y distribución energética además de los sistemas de agua y alcantarillado, carreteras, puertos, etc. necesarios para las exigencias de las manufactureras era más allá de la capacidad, o el apetito para el riesgo, de los capitalistas privados individuales. Como tal, el Estado no sólo facilitó el proceso de socializar los costos del desarrollo de esta infraestructura, sino también subvencionó cada régimen manufacturero sucesivo compuesto por el capital privado (ej. petroquímica, farmacéutica) mediante el suministro de bienes y servicios como la energía, el agua y el alcantarillado a descuentos. La creación de la AEE, AAA, etc. tiene que entenderse dentro de este contexto histórico.
En el caso de Puerto Rico, como en todo el mundo capitalista, el control estatal sobre industrias esenciales y sectores económicos enteros revela el germen de la economía socialista. Para quedar claro, las empresas estatales o incluso la planificación estatal de por sí no constituyen todavía el socialismo. Sin embargo, la creciente intervención estatal en la vida económica bajo el capitalismo demuestra que dentro de la economía capitalista misma surgen todas las tendencias y elementos esenciales para la transición al socialismo. Sea como parte de una gigantesca operación privada o, más claramente en una empresa estatal, el capitalismo socializa la producción de bienes y la prestación de servicios necesarios mediante la combinación de enormes cantidades de capital de diferentes fuentes y la unión de masas de trabajadores, frecuentemente de diferentes países, en procesos laborales que son cada vez más complejos y extensivos. En las palabras de Engels:
“la transformación – ya sea en sociedades anónimas, trusts, o en propiedad del Estado – no elimina la naturaleza capitalista de las fuerzas productivas. En las sociedades anónimas y los trusts, esto es obvio. Y el Estado moderno, de nuevo, es sólo la organización que asume la sociedad burguesa para sostener las condiciones externas del modo de producción capitalista contra las invasiones tanto de los trabajadores como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, sea cual sea su forma, es esencialmente una máquina capitalista – el estado de los capitalistas, la personificación ideal del capital nacional total.”
Empero, esta socialización de producción engendrada por el capitalismo sigue sujeta a la apropiación privada en la forma del control y la extracción de ganancias por un puñado de capitalistas. El paso lógico hacia el socialismo requiere la toma directa de las enormes fuerzas productivas desarrolladas y socializadas bajo el capitalismo por la sociedad misma y su puesta en marcha de acuerdo con un plan racional y democráticamente formulado por las masas trabajadoras.
Surge la pregunta, si la tendencia general de la economía capitalista es hacia el desarrollo de empresas e industrias estatales, ¿por qué la ola de privatizaciones que se está viendo en los últimos años como parte de la imposición de austeridad?
La solución a esta aparente contradicción sólo se puede encontrar reconociendo la crisis general del capitalismo. Es cierto que la crisis no conlleva la pérdida de riqueza por parte de la clase capitalista en su conjunto, incluso cuando muchos capitalistas individuales van a la quiebra y en números cada vez mayores. Más bien, se refiere a las condiciones cada vez más difíciles para la inversión rentable, particularmente en las actividades productivas. Los problemas de rentabilidad en las esferas productivas no sólo aceleran la tendencia hacia la financiarización o el parasitismo financiero dentro del mercado «privado», sino también obligan a los capitalistas a invadir las industrias estatales. Esto no significa un retorno a la época del llamado capitalismo competitivo ya que la privatización de entidades públicas típicamente resulta en la monopolización de un determinado sector estatal por uno o dos capitalistas «privados» que están inextricablemente ligados y subordinados al capital financiero internacional. En este sentido, la deuda pública, de por sí un mecanismo para el desarrollo de las industrias estatales durante las generaciones pasadas, también puede servir como pretexto para que los gobiernos vendan las empresas estatales, típicamente a grandes descuentos.
En el análisis final, la ola reciente de privatizaciones no significa en absoluto una reducción y mucho menos la eliminación de la dependencia de capital privado del Estado. Las empresas e industrias privatizadas no sólo se desarrollaron bajo la financiación pública y el control estatal, sino que la creciente titulizarización de los flujos de ingresos de los servicios públicos y básicos representa un subsidio garantizado al capital financiero, que ahora se apropia más directamente sus ganancias en la forma de impuestos y cobros por servicios. Los capitalistas privados que asumen la administración directa de la producción y distribución de electricidad, los sistemas de agua y alcantarillado, las autopistas y los servicios ferroviarios, etc. sólo lo hacen como agentes del capital financiero; son capataces modernos que extraen su tajada de las ganancias por manejar las operaciones cotidianas de empresas privatizadas. El impulso hacia la privatización de empresas estatales es, en su fondo, otro ejemplo más del sistema en abierta rebelión contra sí mismo; una manifestación más del carácter contradictorio y descontinuo del desarrollo económico.
Cuando el liderato sindical de la AEE, la AAA u otra corporación pública clama, muy correctamente, en contra de la privatización, no puede limitarse a una demanda por mantener o preservar el orden actual. Las corporaciones públicas, tal como funcionan en la actualidad, no alteran la relación fundamental entre el trabajo y el capital, ni crean el espacio para la toma de decisiones democráticas por la mayoría trabajadora según un plan de desarrollo racional para la sociedad. Los reclamos en contra de la privatización tienen que partir de una comprensión del desarrollo de las tendencias capitalistas en general y señalar que el único camino hacia delante es extender la tendencia de la intervención estatal en la vida económica a su conclusión lógica – la planificación económica racional bajo la dirección democrática de la mayoría trabajadora. Para lograr esto objetivo, es necesario como primer paso la inmediata organización de los trabajadores en consejos obreros.