Por Lidia López
La noticia de una posible ruptura inminente de la represa del lago de Guajataca este viernes provocó que la administración del territorio ordenara el desalojo de 70 mil personas, principalmente de las áreas de Quebradillas e Isabela. Los informes iniciales de una fisura de 24 pulgadas descubierta en la estructura llegaron por la mañana del viernes. La falta de servicio celular y de otros sistemas de comunicaciones hizo que buena parte de la población del área no se enterara de la orden de evacuación inicial emitida el mismo viernes por la tarde. Bajo presión para no repetir la desastrosamente irresponsable respuesta inicial al peligro representado por María en los días antes de llegar el devastador huracán, Rosselló ordenó la movilización de guaguas y la Guardia Nacional para ayudar en el desalojo. Hasta el momento, no se sabe cuántas personas han sido evacuadas del área y los más recientes informes no confirman una ruptura total de la represa.
La represa del lago de Guajataca fue construida en 1929 bajo la entonces Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), agencia gubernamental que antecedió la AEE, para suministrar agua potable y de irrigación al área noroeste. Tal como los otros grandes proyectos de infraestructura de la época, la construcción de la represa del lago de Guajataca no sólo respondió a una necesidad social, sino también dependió de los esfuerzos y recursos colectivos de la sociedad. Miles de obreros laboraron para construir la represa en el noroeste de Puerto Rico. Estos grandes proyectos de infraestructura se llevaron a cabo en el contexto de la depresión económica severa de los años 20 y 30 la cual provocó la radicalización de las masas trabajadoras inspiradas por la gran Revolución de Octubre al igual que llamados para programas gubernamentales que atendieran el problema del desempleo.
El fallo de la clase capitalista en mantener adecuadamente muchos de estos logros de la ingeniería, y mucho menos modernizar la existente infraestructura social, corresponde a la decadencia general del sistema capitalista. Los proyectos sociales a gran escala que son necesarios para el bien colectivo, pero que no ofrecen oportunidades de ganancias inmediatas, son de poco interés para la clase capitalista. Más bien, la tendencia de los sectores más poderosos e influyentes de la clase capitalista durante las últimas tres décadas ha sido abandonar cada vez más las inversiones productivas a favor del parasitismo financiero. Esto no significa una ausencia total de la inversión productiva o en áreas como la infraestructura. Sin embargo, tal como en el ‘mercado privado’, lo que determina si un proyecto de infraestructura significativo se construye o no, o si se mantiene adecuadamente, son las expectativas de ganancias y no problemas generales como el desempleo o las necesidades racionales de las masas. Esto por cierto será el caso de cualquier proyecto realizado bajo la égida de las muy alabadas Alianzas Público-Privadas (APP) incesantemente empujadas por los políticos capitalistas.
Está claro que la inversión privada con que se está contando para reconstruir la ya deteriorada infraestructura que se ha visto colapsar a raíz de María, vendrá con un alto precio, tanto para los consumidores como los trabajadores. La privatización de servicios públicos tales como el agua y la energía eléctrica significará tarifas más altas, así como menos protecciones laborales y beneficios marginales para los trabajadores sin mejoras significativas en la calidad de dichos servicios.
Contrariamente a los capitalistas, que pretenden aprovechar la crisis actual generada por años de abandono para poder ahora saquear lo que es rentable mediante las APP, los comunistas exigimos un programa coordinado de modernización de la infraestructura para abordar el problema del desempleo masivo y atender a las necesidades racionales de las masas. Dichas necesidades incluirían la construcción de viviendas modernas y adecuadas, nuevas facilidades médicas y de educación, un sistema racional de transportación pública además de una nueva red de energía basada en fuentes renovables y la modernización del sistema de agua y alcantarillado.
Tales proyectos ya no deben ser subordinados al afán de lucro capitalista. Más bien, deben ser realizados y administrados por la clase obrera misma para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Para esto, los trabajadores tendrán que precipitar su reorganización política, fuera de los partidos de los capitalistas, con el objetivo de tomar en sus manos las riendas de la administración pública.