Por Rogelio Acevedo
Ayer diversos sindicatos del sector público (UTIER, SPU, FTPR, AMPR) realizaron una conferencia de prensa en la que analizaron la situación económica del territorio, las privatizaciones y las actuales condiciones laborales que afectan a la clase obrera en su conjunto. Esta intervención merece nuestra mayor atención, principalmente por las posiciones que plantearon ante la actual ofensiva del capital, el análisis sobre diversos aspectos económicos y por las soluciones que plantearon. A primera vista llama la atención su llamado a estimular el “capital nativo” y a la reforma del sistema tributario como medidas de desarrollo económico. Estos planteamientos resultan altamente preocupantes porque, por una parte, demuestran el atraso ideológico del sector sindical y como consecuencia, la escasa o ninguna disposición de la mayoría de su liderato a luchar desde una posición independiente, siquiera en el campo económico.
El análisis económico
Los distintos factores económicos que señalaron se basaron estrictamente en análisis de economistas burgueses y de sus asesores liberales, en su mayoría abogados pequeñoburgueses, que demuestran una vez más la subordinación ideológica de la clase obrera a estos sectores. Estas posturas están en oposición directa contra nuestros intereses como clase productora y parten de posiciones moralistas e idealistas y no de análisis económicos basados en el materialismo. Es decir, entre las leyes que rigen las relaciones entre el trabajo y el capital.
El aspecto principal que consideraron estos dirigentes sindicales han sido los ataques hacia trabajadores y empleados del sector público por medio de privatizaciones, ya que según señalaron, es una estrategia equivocada de desarrollo económico. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente la privatización de los servicios públicos, y en particular las corporaciones públicas responde a la lógica contradictoria del capital financiero de apropiarse de estas empresas por medio de préstamos para garantizar un subsidio continuo. Es decir, que el análisis de que la privatización no sea una estrategia adecuada de “desarrollo económico” no responde a las leyes que rigen las relaciones entre el capital privado (incluyendo su componente financiero) con el Estado. En palabras sencillas: dentro del régimen capitalista el capital privado en todas sus formas se nutre y depreda de la propiedad pública.
También criticaron que los capitalistas “tienen la idea” de que los márgenes de ganancia aumentan con la reducción de los beneficios marginales a los trabajadores, y no con el aumento de la producción. Este planteamiento, se basa en que con “el aumento en la producción” implica más empleos y mayor consumo que beneficiaría a los comercios locales. Sin embargo, esto es incorrecto desde la perspectiva económica, ya que contradice las propias leyes de la explotación capitalista.
En relación a los beneficios marginales, que junto a los salarios componen el valor del trabajo, cuando estos aumentan causan una baja general en la tasa de ganancia de los capitalistas. Esto significa que con el aumento del poder adquisitivo de la clase obrera disminuye el de la burguesía, lo cual implicaría un cambio en la distribución entre el capital y el trabajo. Además, como ley del capitalismo, los burgueses siempre tenderán a la automatización de los procesos productivos aumentando sus inversiones en maquinaria y reduciendo la plantilla de trabajadores. Esto significaría, que si los empresarios locales decidieran “aumentar la producción” esta no tendría ningún efecto sobre la tasa de empleos, ni sobre los salarios y mucho menos en el consumo. Por tanto, pretender que voluntariamente la burguesía “cambiará de idea” accediendo a permitir un aumento de los salarios sin luchas sindicales combativas y sin considerar la tendencia actual que es, precisamente bajar el valor del trabajo, es puro idealismo.
Estas posturas demuestran que no parten desde un análisis de la economía del territorio en general, la cual sufre una aguda contracción por décimo año consecutivo. Esta contracción ha tenido efectos significativos en varios renglones productivos como son la manufactura y la construcción. Un reciente informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) que utiliza cinco renglones para medir la actividad manufacturera en el territorio señala que para julio, cuatro están en terreno negativo. El PMI utiliza 50 como límite para medir avances o contracciones. Los cinco subíndices y sus respectivas puntuaciones son: órdenes nuevas (40.4), producción (44.2), entregas de suplidores (44.2), inventarios de empresa (51.9) y empleo (48.1). La puntuación promedio para el PMI fue de 45.8, demostrando el poco interés que tiene el “capital local” en desarrollar actividades productivas, moviéndose cada vez más hacia sectores de servicios y hacia actividades improductivas como la esfera financiera.
Son precisamente la manufactura y la construcción los renglones que más empleos han perdido durante el periodo de 2007 y 2016. La más reciente publicación de Estudios Técnicos señala la vertiginosa pérdida de empleos que han sufrido ambos sectores, donde la manufactura perdió 32,700 empleos, mientras que en la construcción fueron 39,600. Otros sectores severamente afectados fueron el empleo asalariado agrícola con 89,000 y el empleo gubernamental con una reducción de 71,000 plazas.
Las propuestas de los sindicatos
A nivel general la postura que sostuvieron los líderes sindicales como propuesta para promover el desarrollo económico fue crear y fortalecer empresas de capital local que puedan suplir el mercado interno y fomentar la exportación. Como complemento señalaron también la necesidad de crear leyes de protección de las industrias locales y, que se redirijan los incentivos gubernamentales de las megatiendas a empresarios locales. Estas tres propuestas siempre han sido las joyas de la corona de la pequeña burguesía, que resultan completamente obsoletas a la luz del desarrollo del capitalismo en la época del imperialismo.
Por una parte, el mayor triunfo de la burguesía ha sido la creación del mercado mundial, en cuyo proceso de consolidación (que los economistas burgueses llaman globalización) ha creado una compleja red de interdependencia de las economías de los países. Esta red tiene el efecto de que continuamente se derriban leyes proteccionistas a “empresarios locales” en beneficio de los monopolios transnacionales. En ese sentido, el poderío de esos monopolios establece fuertes presiones sobre los gobiernos para que no solo les permitan “entrar a sus mercados” sino también para que les “ofrezcan” incentivos para asentarse en sus respectivos países. Esas condiciones hacen insostenible la “libre y sana competencia” de los empresarios locales, la cual se agudiza con la injerencia de las agencias federales y su tribunal, que constantemente facilitan su penetración en el territorio.
En materia contributiva proponen el fortalecimiento de Hacienda en la fiscalización y evasión, así como la redistribución de la carga del pago de impuestos. En este renglón, celebran los sindicalistas que esta fue una de las pocas propuestas que escuchó el gobierno y no se equivocaron. El gobierno de Rosselló respondió con una reforma contributiva que reforzó la carga sobre la clase obrera y la pequeña propiedad en beneficio precisamente de los monopolios. Para colmo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció hoy con bombos y platillos como ha avanzado su política de exenciones contributivas a empresarios. En los pasados meses han emitido 258 decretos, al amparo de la ley 22 han beneficiado con exenciones contributivas a capitalistas, que ya ni siquiera se les exigen domicilio en el territorio. Mientras que para empresas que buscan exportar sus servicios bajo la ley 20 se han emitido 116 decretos donde solo se les exige la creación de cinco empleos.
Comentarios a la situación de la clase trabajadora
Desde luego, el aspecto de la situación actual de la clase trabajadora es el ámbito que mejor manejan los dirigentes sindicales, la cual plantearon como una de “necesidad y supervivencia”. Recordaron la ofensiva de leyes antiobreras como las leyes, 7, 3, 66, entre otras, que han tenido un efecto de empobrecer a los empleados públicos, cuyo salario mensual oscila entre los $1,500 y $1,700. Sin embargo, en este tema también asumieron una postura contradictoria, al no atacar la reforma laboral y, por otro lado, defendiendo el Plan Fiscal (PF).
Sobre el PF atacaron el empleador único con el argumento de que se plantea como si hubiese un excedente de empleados públicos, mientras que su reducción ha provocado una limitación cada vez mayor de los servicios públicos esenciales. Sin embargo, su postura se contradice al argumentar que tanto el empleador único, como las privatizaciones van contra el PF. Este análisis es incorrecto ya que el PF lo que busca precisamente es reducir el gasto público en su forma de empleados gubernamentales, sus servicios relacionados para transferir esos fondos a empresas privadas como se explicó más arriba. Para efectos de contabilidad y ante los ojos de la JWS, esa transferencia aparece como una reducción a nivel presupuestario, aunque efectivamente se mantiene como un gasto que se incluye como “compra de bienes y servicios”.
Llama la atención este llamado de estos sectores sindicales en defensa del capital local cuando fue precisamente esa clase quién dirigió el ataque a las condiciones laborales con la infame reforma laboral. Incluso, José Rodríguez Báez, conocido archienemigo de la clase obrera y agente de la burguesía incrustado en el movimiento sindical, se atrevió a plantear nuevamente (recordemos la huelga del pueblo) la “necesidad del diálogo entre sectores porque nos ven como enemigos y no lo somos”. Estas declaraciones representan una completa traición y representan la médula del asunto, ya que tiene las mayores implicaciones para la organización y la lucha política de la clase obrera.
Estas declaraciones plantean la tergiversación absoluta de las relaciones de explotación y violencia que caracterizan el capitalismo. “Lole” sigue la tradición oportunista del sindicalismo al pretender colocar en igualdad de condiciones los intereses de la clase obrera con los patronos. Es decir, insinúa que es posible la armonía entre explotadores y explotados. Afortunadamente para las masas obreras, esa “falta de disposición” al diálogo de la burguesía con los trabajadores se ha encargado de mostrarles la realidad concreta de que no hay vías de conciliación posible. Que los intereses de los explotadores son incompatibles porque objetivamente la clase obrera y la burguesía somos enemigos irreconciliables.
Estas posturas del movimiento sindical del sector público también exhiben un reformismo característico de la pequeña burguesía, que en esta etapa de lucha entre el trabajo y el capital es simplemente ilusorio. De la misma forma, resulta sorprendente que después de la ofensiva antiobrera de los últimos años, unido a la intransigencia de “sus empresarios locales” y de la JWS, estén planteando alianzas, que a fin de cuentas, solo beneficiará a la clase explotadora. Es precisamente esa influencia ideológica de los liberales pequeñoburgueses una de las mayores trabas para la lucha política independiente de la clase obrera. Es preciso conformar organizaciones obreras que rompan con la subordinación ideológica de estos sectores, también enemigos de la clase obrera.
De la misma forma, y de forma intuitiva, estos sectores sindicales, como el resto de la clase obrera en su conjunto van cada vez más sufriendo en sus condiciones materiales la verdadera contradicción del capitalismo en el territorio en esta etapa: la lucha por el valor del trabajo. En ese sentido, a medida que se recrudezca la ofensiva del capital, con los “empresarios locales” a la cabeza, las masas obreras irán viendo con mayor claridad, como lo tiene claro la burguesía, la imposibilidad del dialogo y la conciliación.
¡Organicemos consejos obreros!
¡Comunismo o barbarie!