Por Ismael Castro
Al aprobar la reducción de la jornada y el recorte en 10% de las pensiones para más de 115 mil empleados públicos, la Junta de Wall Street le ha dado a la administración de turno la pantalla perfecta para seguir llevando sus ataques contra los trabajadores. De todas las mentiras que se ha propagado por los medios oficialistas últimamente, la más cínica es la que intenta pintar a la administración de Rosselló como un opositor de la Junta. La realidad es que la Junta y la administración territorial forman parte del mismo equipo. Sus diferencias son tácticas; sus disputas públicas, teatro político.
De hecho, la suma total del aguaje de bravuconería con que Rosselló intentó impresionar a las televidentes durante su respuesta a la decisión de la Junta puede resumirse en esto: Voy a enviarles unas cartas a Trump y Ryan para ver si me pueden dar más cubierta política.
Se recuerda que Trump encabeza una de las administraciones más reaccionarias en la historia de EEUU que se ha caracterizado, entre otras cosas, por sus ataques contra los más fundamentales derechos democráticos y laborales, el desmantelamiento de las protecciones sociales y ambientales, la promoción del etnochauvinismo además del ascenso de elementos abiertamente fascistas a las altas esferas de gobierno, la xenofobia y la ampliación de los ataques antiinmigrantes, particularmente contra la población de origen latinoamericano y musulmana, y la escalada del militarismo en el extranjero.
Ningún trabajador consciente pone su fe en las boberías de Rosselló.
Las licencias forzadas (furloughs) impuestas sobre los trabajadores públicos son una variante de un cierre patronal (lockout) en las empresas privadas. Es una táctica patronal muy agresiva cuyo creciente uso en años recientes coincide con la merma en la fuerza y el radicalismo de los sindicatos. Un cierre patronal no sólo representa un recorte salarial sino también se emplea bajo condiciones de desempleo masivo. En otras palabras, puede presagiar futuros despidos y/o la sustitución de los trabajadores veteranos mejor remunerados por otros nuevos. Los trabajadores del sector público, como se anticipaba, han reaccionado indignados ante la imposición de estas licencias forzadas. Sin embargo, estas cuestiones no se resuelven con indignación y nada más. Requieren organización y táctica.
Hasta ahora el liderato sindical sólo ha hablado de cabildeos dentro de la misma legislatura colonial que ha sido cómplice en los ataques contra la clase obrera y peticiones ante los tribunales capitalistas que han bendecido con presunción papal cada agresión llevada a cabo por la administración en contra de los trabajadores.
Para encontrar un camino hacia adelante, los trabajadores del sector público deben primero forjar lazos con sectores más amplios de la clase obrera en su conjunto, tanto a nivel nacional como internacional. Pretender librar su lucha como un destacamento aislado significaría la derrota definitiva de los trabajadores públicos. Además de identificar los flancos débiles de su enemigo, donde es vulnerable, deben ajustar su táctica no sólo para emplear métodos de lucha más efectivos y militantes, sino también aprender a asestar el golpe contundente cuando y donde la victoria es cierta y retirarse para recuperar fuerzas cuando sea necesario. Sobre todo, los trabajadores públicos tendrán que identificar dentro de sus filas sus más brillantes y militantes elementos capaces de dirigir con valor una lucha militante y sostenida.
Ya la Junta y la administración han tirado el guante. Les corresponde a los trabajadores públicos responder. Los comunistas hemos lanzado la consigna: ¡Reducción de la jornada SIN reducciones de salario o eliminación de puestos!
Está claro que tanto la propuesta de la Junta, una reducción de la jornada mediante licencias forzadas, como la de la administración, el retiro temprano forzado, agravaría los ya endémicos problemas de desempleo y miseria. Los trabajadores públicos no pueden limitar su lucha a una defensa de sus propios medios de subsistencia. Junto con los demás sectores de la clase obrera tendrán que abordar problemas sociales más amplios como el desempleo y la desigualdad social. Para empezar a solucionar estos problemas se tendrá que llevar a cabo un ajuste racional de la jornada laboral junto con una nueva tabulación de las escalas salariales basada en la garantía de todas las necesidades básicas. Tales soluciones, sin embargo, son imposibles bajo la sociedad capitalista. Cada vez más, las presiones extremas impuestas a los trabajadores por la Junta y sus consortes dentro de la administración territorial los obliga a buscar alternativas que rebasen los estrechos límites del capitalismo. Cada vez más, los trabajadores tendrán que convertirse en comunistas para prevalecer.