Por Rogelio Acevedo
Durante las pasadas semanas los medios de prensa burgueses nos han tenido embelesados con la comedia entre los administradores del territorio y la Junta de Wall Street (JWS) salpicándola en ocasiones con los procesos de Título III que lidera la jueza Laura Taylor Swain. Si consideramos la compleja madeja de contradicciones que componen esta coyuntura, unas montadas sobre las otras, estas polémicas en los tribunales de la burguesía se revelan como secundarias. La burguesía, su ejército de analistas y portavoces, pretenden hacernos creer que la deuda y, todos sus aspectos relacionados, es la contradicción principal. Sin embargo, en realidad en esta coyuntura la contradicción más relevante para los empleados gubernamentales y las masas obreras en general, es la lucha por el valor del trabajo. Es decir, por evitar la reducción de jornada, de salarios y las demás condiciones de vida necesarias relacionadas al valor del trabajo.
Se le ha dado gran destaque a las incidencias en el tribunal federal y el Título III y el confuso entramado de pugnas entre diferentes agrupaciones de bonistas. Lideran la contienda los archiconocidos Ad Hoc Cofina versus Ad Hoc GO’S, quienes luego de un revés judicial propinado por la JWS han aceptado a regañadientes someterse al proceso de Título III. Aparte de los casos de bonos de obligación general (GOB) y de Cofina, otros casos que verá la jueza Taylor serán peticiones de quiebra para los sistemas de retiro (ASR), Carreteras (ACT) y energía eléctrica (AEE). Para aderezar esta contienda, recientemente se radicaron varias demandas en el tribunal federal atacando la constitucionalidad de la JWS, alegando su nulidad por no haber sido confirmada por el congreso de EEUU.
Como parte del proceso de Título III, el tribunal configuró “comités de acreedores” donde participan de las negociaciones representantes de los sectores que reclaman pago de deuda. Este ámbito de los llamados comités es hacia donde sindicatos afectados, particularmente por la quiebra de la ASR, han dirigido sus esfuerzos, involucrándose en una pugna que ya ha probado no rendir ningún resultado positivo ni para los involucrados, ni para la clase trabajadora en su conjunto. Por un lado, estos sistemas ya fueron saqueados y la jueza dará prioridad de repago a las agrupaciones de capitalistas y aseguradoras de deuda. Y por el otro, han logrado dividir los intereses comunes de las personas activas laboralmente y los jubilados. Estos supuestos líderes sindicales no han sabido o querido plantearles a sus matrículas que, tanto activos como jubilados, están estrechamente vinculados, sin unos no pueden existir los otros.
Los comunistas hemos sido consistentes en advertir, señalar y criticar las tácticas erradas del liderato sindical de diferentes sectores públicos, no porque utilicen métodos legalistas para hacer valer sus derechos. Más bien, la crítica se ha centrado en que han dirigido el descontento de sus matrículas hacia los tribunales y la legislatura territorial como única vía de lucha. Es decir, han colocado a los trabajadores a merced de los mismos aparatos encargados de organizar y ratificar el saqueo sistemático por el que han sido víctimas por décadas. Inclusive, desde un punto de vista estrictamente económico, han fallado en entender la contradicción inmediata entre el continuo deterioro de sus condiciones laborales, salariales y la corrupción que ha causado el saqueo de dinero público.
Esta táctica de “lucha” en los tribunales ha tenido el efecto de desmovilizar y desorganizar a la clase trabajadora desviándola de sus tareas inmediatas en la lucha por el valor del trabajo hacia el aspecto de la deuda. Aun cuando haya sido de “buena fe” y tratando de ser “responsables”, estas acciones rinden un flaco servicio a la clase trabajadora colocándola en un estado de indefensión frente a la ofensiva en curso.
Sin embargo, la clase capitalista en su conjunto, industriales y bonistas, enfrenta serias contradicciones que se derivan de su táctica de bajar el valor del trabajo y ampliando la disponibilidad de mano de obra en condiciones de pobreza. Es la contradicción existente entre crear las condiciones de rentabilidad para la inversión y la escasa capacidad del territorio para atraer inversionistas por sus ataduras coloniales. Un aspecto que caracteriza el régimen colonial es que se sustenta bajo la bota del capital financiero, que mantiene atado a Puerto Rico a un mercado de bonos municipales reciclando deuda en condiciones cada vez más onerosas. A la misma vez, sin capacidades de desarrollar su economía, y obligado a satisfacer parcialmente las necesidades materiales de las masas desposeídas, para mantener la estabilidad política necesaria para que el régimen se mantenga.
En ese sentido, y teniendo en cuenta la fragilidad del capitalismo en el territorio por los altos niveles de desigualdad, la consigna de consejos obreros no es un concepto vacío ni lanzado espontáneamente. Se basa en las experiencias históricas de la clase obrera en el mundo y en los intentos que hemos ensayado los trabajadores para discutir propuestas y tácticas para enfrentar la situación actual.
La única forma de empezar a superar las contradicciones del podrido régimen capitalista en el territorio será mediante la organización independiente de la clase obrera, sin “representantes” liberales ni de la pequeña burguesía. Solo la clase obrera organizada y constituida como ente político podrá comenzar a dar los primeros pasos para su emancipación, en la lucha por el poder y el socialismo. Esos primeros pasos hay que dirigirlos a la lucha por dilucidar la contradicción entre el valor de nuestro trabajo frente a las ganancias de los capitalistas.
¡Comunismo o barbarie!