Por Ismael Castro
La Junta de Wall Street ha decretado una reducción de la jornada laboral y un recorte a las ya míseras pensiones de los trabajadores jubilados del sector público. Mientras la reducción de la jornada constituye una estrategia agresiva para imponer mayor control y reducir los salarios de los trabajadores, los recortes a los jubilados, además de representar un acto de saqueo, forman parte de unos cambios más profundos al sistema de pensiones públicas, los cuales lo convertirán de uno basado en beneficios definidos a un esquema privatizado, estilo 401K.
La respuesta inmediata ha sido una de indignación general. Aun el lacayo de turno en Fortaleza proclamó que se opondrá a las ordenes – el nene mimado con la sonrisa millonaria dijo que está dispuesto a coger cárcel(!) – y varios otros políticos han pasado posando como defensores de los trabajadores activos y jubilados. No aguantaremos el aliento.
El liderato sindical también ha denunciado las órdenes de la Junta. En unas declaraciones ante la prensa, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán López, afirmó que la lucha actual requiere esfuerzos más allá del sindicalismo estrecho. Sin embargo, según las expresiones de este líder sindical, tal extensión de la lucha obrera no conlleva superar la subordinación de los trabajadores a los politiqueros de siempre en la colonia. Para líderes sindicales como Guzmán López, y muchos más, trascender los estrechos confines del sindicalismo y entrar en la “política”, parece significar sólo seguirles los pasos a una vil figura como Rosselló.
De la misma manera, el presidente de la UTIER, declaró que su organización perseguirá una estrategia de oposición a la Junta en los tribunales. Según Figueroa Jaramillo, no sólo fue inconstitucional el proceso para nombrar a los miembros de la Junta, sino también los planes fiscales aprobados violentan varios estatutos federales y locales relacionados a las obligaciones contractuales.
Tal parece que a los compañeros de la UTIER se les olvidaron nuestras advertencias sobre la lucha en los tribunales. Como destacamos en una entrada del 17 de junio, existen importantes precedentes legales recientes en que las leyes de quiebra sirven para derogar los estatutos estatales que ‘protegen’ los derechos contractuales como las pensiones y otros beneficios contenidos en los convenios colectivos. De hecho, como denunciamos, la misma jueza Laura T. Swain, nominó a un comité de cinco jueces federales para supervisar las negociaciones de reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico en que se incluye a un tal Christopher Klein. El juez Klein cogió fama durante el caso de la quiebra municipal de Stockton (California) en 2008 cuando éste dictaminó, en lo que fue entonces un precedente legal importante, que las leyes federales de quiebra suplantan cualquier consideración constitucional estatal. En otras palabras, la supuesta “inviolabilidad” de las pensiones y otros beneficios contenidos en los convenios colectivos bajo un estatuto constitucional estatal es una farsa. Como señalamos en AbayardeRojo entonces:
“Este precedente legal, que también se reforzó en la quiebra de Detroit, resalta la completa inutilidad de toda estrategia de oponerse a los ataques que se están llevando a cabo en contra de las pensiones y los demás beneficios marginales de la clase obrera basada principalmente en los argumentos constitucionales. Lo que demostraron las acciones de jueces federales como Klein en Stockton y Rhodes en Detroit es que el saqueo sistemático de las ciudades y los trabajadores municipales por Wall Street se está llevando a cabo con el pleno apoyo del Estado capitalista.”
La clase obrera no puede continuar subordinándose a los políticos capitalistas o poniendo su fe en los tribunales capitalistas. Los trabajadores deben mirar con gran sospecha a cualquier «líder» que insista en canalizar el muy justificado desprecio que ellos sienten por la Junta hacia el apoyo a los políticos coloniales que se proclaman demagógicamente en contra de la Junta mientras aprueban leyes anti obreras. Los trabajadores no ganarán nada mientras permanezcan políticamente dependientes de los representantes de los capitalistas, organizando manifestaciones masivas que culminen en súplicas a los legisladores o el gobernador. De la misma manera, los trabajadores no pueden dejarse encasillar dentro de la fosa de corrupción que son los tribunales capitalistas. Los líderes que intentan limitar la capacidad de lucha de los trabajadores al encadenarlos a peticiones legales no sirven bien a sus matrículas.
La simple verdad, inconcebible para las mentes reformistas, es que el único camino hacia delante para los trabajadores, tanto del sector público como del privado, el único medio por el cual podrán realizar avances en su lucha, o aun salvaguardar sus conquistas históricas, es a través de su auto-organización y el desarrollo de una estrategia política basada en un programa socialista. La auto-organización de los trabajadores significa una ruptura con todos los partidos políticos que defienden el orden capitalista además del desarrollo de nuevos órganos políticos, propios de la clase trabajadora. La historia universal nos ha dado ejemplos de estos órganos en las varias manifestaciones de los consejos obreros. Una estrategia política basada en un programa socialista parte de la premisa de que la clase trabadora tiene que tomar en sus manos el poder político para poder llevar a cabo una política pública en beneficio de la mayoría.
¡No más peticiones a los políticos o los tribunales! ¡Organización obrera para la conquista del poder!