Por Rogelio Acevedo
Nota editorial: Este es el último de la serie investigativa sobre la situación en la AEE. En este se analiza el acelerado deterioro en las condiciones laborales en la corporación pública y los grandes retos que enfrentan sus trabajadores como resultado de las políticas antiobreras y de privatización de sus administradores.
Con la reciente aprobación de la Ley 26-2017 se plantea la nueva reorganización del valor del trabajo para los 26,500 empleados de las corporaciones públicas. Aparte de hacer “más atractiva” la inversión extranjera, servirá para apuntalar las condiciones creadas con la nefasta Ley 66-2014 en lo que respecta la relación entre el trabajo y el capital.
En el caso particular de la AEE las condiciones de trabajo, el pago de horas extras, de seguridad y de salud de los trabajadores en una rama estratégica como es la producción de energía eléctrica, es un aspecto crucial de la lucha obrera en tiempos de Promesa y la Junta de Wall Street (JWS). Estos aspectos, además de los salarios, están íntimamente relacionados al valor del trabajo y son precisamente el campo inmediato de lucha que se les presenta a los trabajadores de la AEE. Es decir, por el momento no “tocarán” los salarios nominales, mientras se reducirán sustancialmente sus beneficios marginales.
Se ha criticado ampliamente, incluso por otros sectores laborales, públicos y privados, los altos salarios y mejores condiciones de plan médico, jubilación que gozan los trabajadores de la AEE. Sin embargo, el disfrute de estas condiciones en apariencia ventajosas, responde a años de lucha de sus organizaciones sindicales, que han logrado equiparar el valor de su trabajo en proporción a su formación técnica y a los ingresos de la corporación pública. Estas críticas, basadas en el atraso ideológico de la clase obrera en su conjunto, han sido alimentadas oportunistamente por los portavoces de los capitalistas, como Eduardo Bathia y Larry Seilhamer, quienes han tenido la desfachatez de achacarle la crisis de la AEE a los beneficios que disfrutan sus trabajadores.
Efectos de la Ley 26 y la implementación de las APP
La Ley 26 limita grandemente derechos y conquistas de los trabajadores de las corporaciones públicas, entre ellos de la AEE. Con el abaratamiento del valor del trabajo los administradores del territorio confían en lograr las condiciones necesarias para atraer inversionistas extranjeros para su “revitalizado” modelo de APP.
El aspecto más importante es que reafirma la abolición de los convenios colectivos planteados en la Ley 66 y todos los beneficios marginales que aseguraban éstos. También reduce a la mitad los días de vacaciones, de 30 a 15, permitiendo que se tomen solamente 10 consecutivamente. Para los días por enfermedad se limitan a 18 (antes 19) agotando primero la licencia, luego las vacaciones y luego se “le otorgará” licencia sin sueldo. Para los trabajadores a jornada parcial es aun peor, quienes acumulan solamente 5 días al año.
Relacionado a las condiciones de salud y seguridad, también habrá reducciones importantes en el plan médico a partir del 1 de julio de 2018 hasta un tope de $100, otorgándole la facultad de negociación de cualquier arreglo sobre este aspecto a la AAFAF. Este es un aspecto crucial en un taller de trabajo que encierra grandes peligros y que con la constante negligencia de sus administradores ha causado lesiones y la muerte de decenas de trabajadores. Esta situación que, ha sido denunciada hace años por los dirigentes de la UTIER, se agrava por la obsolescencia de las plantas, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la falta de los equipos necesarios para las diferentes labores.
Sobre la compensación por tiempo adicional a la jornada de trabajo se redujo de paga doble a tiempo y medio. Los administradores de la AEE han aprovechado la Ley 26 para intentar implementar un régimen cercano a la esclavitud, intentando obligar a los trabajadores a trabajar jornadas adicionales que exceden el mínimo de 8 horas de descanso sin el pago correspondiente. Este nuevo régimen tergiversa el hecho que las jornadas de tiempo adicional se dan dentro del consentimiento de los trabajadores que así decidan hacerlo.
El otro aspecto que resulta escandaloso de esta ley es que le otorga total impunidad a funcionarios y administradores de pleitos en su contra por sus ejecutorias mientras ocuparon sus cargos. Esta medida pretende, no solamente legalizar abiertamente la impunidad, sino proteger estos individuos de acciones legales en su carácter individual por actos de corrupción y de negligencia por la muerte o lesión de trabajadores. Esto “desvía” las acciones legales contra la corporación, es decir, contra el pueblo de Puerto Rico.
Crisis operacional en la AEE
La ofensiva llevada a cabo por los pasados años por los administradores de la AEE dirigidas a reducir los beneficios de los trabajadores ha tenido el efecto inmediato de generar una verdadera avalancha de solicitudes para jubilación. A finales de mayo cerca de 700 empleados habían solicitado jubilación, quienes en su mayoría se desempeñan en posiciones técnicas y de difícil reclutamiento. Existen además otros 600 empleados que auscultan la posibilidad de acogerse a la jubilación, que añadiendo las 700 solicitudes formalizadas, sumarían el 23% de los 5,500 trabajadores actuales con los que cuenta la AEE.
Entre las áreas que se verán más afectadas por la emigración a EEUU y por las jubilaciones se encuentran las de celadores de línea, ingenieros, programadores, operadores de planta y enfermería. Estas áreas componen básicamente todos los campos del trabajo de la AEE y que son las de mayor dificultad en reclutamiento, tanto por los aspectos técnicos, como por la obsolescencia de las plantas.
Aparte del aspecto operacional, estas jubilaciones masivas tienen el efecto de sobrecargar el sistema de pensiones de la AEE, que actualmente cuenta con cerca de 12 mil jubilados. En los pasados meses el Capítulo de Jubilados de la UTIER ha denunciado los planes de la JWS de reducir las aportaciones a su plan de pensiones.
Respuesta de los trabajadores
En su asamblea celebrada en mayo de este año, la UTIER discutió con sus más de 3 mil asistentes sobre las repercusiones que tendrá sobre sus condiciones laborales la Ley 26-2017, la defensa de su sistema de retiro y cómo poder enfrentar esa ofensiva. Entre las medidas acordadas están realizar paros intermitentes y negarse a trabajar horas extras que no hayan sido acordado por sus respectivos capítulos.
Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de los sindicatos de la AEE, particularmente UTIER, el nivel de dispersión de los trabajadores es grande. A pesar de que llevan sufriendo por años la implementación de medidas de privatización y austeridad su respuesta todavía se concentra en buscar soluciones individuales como la emigración y la jubilación. Las acciones contundentes de han concentrado principalmente a coyunturas específicas, donde sin duda se observa el potencial de combatividad de nuestra clase.
No obstante, para poder enfrentar esta ofensiva que no tiene paralelo en nuestra historia reciente, se requiere hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Esta lucha que se plantea, tiene una cara visible de aspectos económicos, pero en su esencia es una de carácter político. En ese sentido, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales es importante. Sin embargo, los trabajadores de la AEE, y del resto de las corporaciones públicas, tendrán que fomentar su organización en consejos obreros en sus talleres de trabajo para forjar su acción política independiente.
Tenemos que seguir insistiendo en elevar nuestro nivel de conciencia, ya que esto “sí tiene que ver con política” y en la medida que la clase obrera vaya comprendiendo la necesidad de su organización política independiente, irá estableciendo sus intereses como objetivos inmediatos de su lucha. En la medida en que se eleve ese nivel de conciencia para sí, la clase obrera perfeccionará sus métodos organizativos y la preparará para la lucha y conquista por el poder político. Solo de esa manera podremos proteger nuestras condiciones laborales dignas, sino preservar todos los activos bajo control público y beneficio de la sociedad.
¡A organizar consejos obreros!
¡Comunismo o barbarie!