Por Rogelio Acevedo
El desarrollo más reciente en la saga de la pesquisa “Lava Jato” sobre corrupción en el caso Odebrecht, ha sido la convicción del ex presidente Ignacio Lula Da Silva a nueve años y medio de prisión en un tribunal de primera instancia. Por el momento, Lula no cumplirá un solo día de prisión hasta que un tribunal de mayor jerarquía ratifique esta decisión, aunque como medida preventiva el Estado congeló sus cuentas bancarias. Aun así, este desarrollo en lo que fue un sofisticado esquema de corrupción en la empresa petrolera Petrobras, confirma el podrido estanque que ha derivado de la política burguesa liderada por los reformistas y el mal llamado Partido de los Trabajadores (PT).
Desde el año pasado Lula enfrentaba cargos por tráfico de influencias, lavado de dinero, sobornos y aceptar otros bienes con el objetivo de favorecer empresas allegadas en el esquema de saqueo en Petrobras.
Desde luego, los políticos burgueses conservadores junto con el también acusado presidente Michel Temer, tampoco han salido bien parados de esta trama, al punto de que la prensa capitalista ha mostrado “desilusión” con el desempeño de sus funcionarios. Muchos inversionistas aún añoran los “buenos días” cuando se logró la expansión del mercado interno brasileño con el aumento del ingreso per cápita de amplios sectores sociales en el gigante suramericano y las grandes fortunas que amasaron.
Sin embargo, una de las grandes contradicciones del proceso judicial contra Lula ha sido precisamente que ha aumentado su popularidad, al punto que lidera las encuestas como candidato a la presidencia de Brasil para 2018. Los liberales del PT liderados por la depuesta ex presidenta Dilma Rousseff, han alegado que este es un claro caso de persecución política, llamando a movilizaciones en defensa de Lula. Incluso realizaron una auditoría independiente llevada a cabo por la infame KPMG para demostrar su inocencia de todas las acusaciones. Es decir, la misma KPMG que fue contratada en 2016 durante la administración de Alejandro García Padilla para auditar los estados financieros del territorio. En aquella ocasión KPMG logró diversos contratos con la Administración de Sistemas de Retiro, Judicatura y BGF por una friolera total de $4.6 millones.
El desarrollo de esta trama encierra numerosas lecciones para las masas obreras, no sólo en Brasil y Latinoamérica, sino también en Puerto Rico, que van más allá de si Lula es culpable o no. Sabemos que los reformistas del PT siempre buscaron mantener subordinada a la clase obrera a la política de la burguesía. Sin embargo, con este caso, demuestran su oportunismo y su falta de honestidad al no denunciar la corrupción que produce y fomenta el sistema capitalista. Sino que, por el contrario, participan de todo su podrido sistema de opresión y la única propuesta que se les ocurre para las masas es volver a las urnas en 2018 para que Lula “pueda salvar” a Brasil.
Y desde luego, el “retorno” de Lula a la política brasileña puede ser vista por sectores de la burguesía criolla, así como sus socios internacionales como la solución perfecta para lograr matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, aplacar la creciente crisis política que se fermenta por el descontento de amplios sectores sociales y cortar la posibilidad del surgimiento de una vanguardia que pueda dirigir a las masas hacia una solución revolucionaria del conflicto. Por el otro, reorganizar la economía brasileña con miras a buscar una nueva expansión del mercado interno con programas sociales (creación de empleos, construcción de infraestructura, etc) que logren una nueva redistribución de riqueza.
Sin embargo, esta táctica encierra la contradicción que causó su agotamiento en el ciclo de expansión anterior: el carácter irreconciliable de la expansión de los mercados internos frente a la competencia que le hacen a los monopolios estatales. Además, que al haber aumentado el valor del trabajo en forma de salarios y otras prestaciones sociales, hacen a la clase obrera brasileira “poco competitiva” frente a otros países con salarios más bajos y menos regulaciones. Los posibles inversionistas exigirán que se continúe con el plan asumido por Temer de reducir el valor del trabajo en formas de medidas de austeridad y recortes.
Estos sucesos deben servirnos de lección de que, aun con el nombre que lo adornen, el aspecto central de este y todos los conflictos que se generan dentro de la sociedad capitalista, es el asunto del poder. Es decir, que los liberales, allá y aquí, por más “sensibilidad que muestren ante el sufrimiento ajeno” solo sirven a sus amos capitalistas y recurrirán a cualquier artimaña para que éstos se mantengan en el poder. Son defensores del sistema de explotación de nuestro trabajo y del poder burgués.
Es por esto que todos los conflictos que genera la sociedad capitalista se resolverán cuando la clase revolucionaria, es decir la clase obrera, le arrebatemos el poder político a la burguesía. Solo de esa forma podremos darnos a la tarea de construir una sociedad superior: la sociedad socialista. Donde prevalecerá el interés por satisfacer las necesidades de las mayorías en contra del de unos pocos parásitos ociosos. Sólo con la clase obrera en el poder político podremos defender nuestras pensiones, nuestro medioambiente, nuestro sistema de educación pública y nuestro sistema de salud.
¡Organicemos consejos obreros!
¡Comunismo o barbarie!