Por Ismael Castro
En el último día de su sesión ordinaria, el proyecto de ley 1089 del representante de la cámara Gabriel Rodríguez Aguiló fue aprobado en los dos cuerpos legislativos. Dicho proyecto autoriza a la Junta de Gobierno de la UPR a retener la paga y otros beneficios marginales a profesores y otro personal administrativo en caso de cualquier cesación de operaciones de la UPR en exceso de 72 horas o si se detienen labores en más de una ocasión durante un mismo semestre. Una enmienda que se acogió al proyecto original radicada desde el senado establece que se les autorizaría la paga y demás beneficios a aquellos profesores y trabajadores administrativos que demuestren “la intención clara y convincente de continuar con la prestación de los servicios” tanto académicos como administrativos.
La medida reconciliada en comité es una provocación descarada con que se pretende romper no solamente la solidaridad entre estudiantes y el profesorado sino también sembrar divisiones para debilitar la capacidad de lucha de los docentes mismos. De hecho, en comentarios a la prensa, Rodríguez Aguiló esencialmente confesó eso al señalar que durante la huelga universitaria recién terminada se observaban profesores vestidos de camisetas con la consigna “lucha sí, entrega no” que se confraternizaban con los estudiantes en los portones. Al convertirse en ley la medida, que es todo un chantaje, sentaría las bases para choques violentos entre miembros del mismo sector laboral que luego se podrían usar para justificar el despliegue de varios cuerpos represivos a la Universidad.
A pesar de sus claras debilidades, la huelga universitaria del semestre pasado produjo importantes señales positivas. Entre las manifestaciones más prometedoras que surgieron del proceso se vio el reconocimiento amplio y consistente de que cualquier reforma universitaria progresista en el futuro tendría que descansar en la organización conjunta de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes. En numerosas declaraciones públicas hechas por el liderato estudiantil se resaltaba la necesidad de una alianza obrero estudiantil y en varias ocasiones sectores laborales organizaron actos de solidaridad con los huelguistas. Este fenómeno no pasó desapercibido por los defensores del capitalismo en el territorio.
Hasta ahora, no se ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales que aflige la UPR o la educación en general en Puerto Rico. Los recortes impuestos a la UPR por la Junta de Wall Street y aceptados por la administración de Rosselló, independientemente de la cantidad final de los mismos o su inclusión como un ‘servicio esencial’ por Carrión, tendrán un impacto devastador para la educación. Las alzas en la matrícula y la reducción de servicios para los estudiantes harán cada vez más inaccesible el estudio universitario para miles de jóvenes. La súper explotación de los docentes sin plazas fijas seguirá en aumento y los que mantienen por ahora cierto nivel de estabilidad laboral con beneficios caerán cada vez más bajo ataque. Esto tendrá repercusiones serias para la calidad de educación que se recibe. Los trabajadores no docentes de la UPR, quienes han sido templados durante años de lucha de clases, también sentirán los efectos de la campaña general para congelar salarios mientras se eliminan beneficios y abrogan otros derechos adquiridos. Como se podía esperar, la pandilla criminal y corrupta de sicofantes capitalistas reunida en la legislatura territorial no intentó resolver ninguna de estas cuestiones durante su sesión ‘ordinaria’.
El empeoramiento de las condiciones sociales impuesto por la austeridad ha inaugurado un nuevo período de lucha de clases intensa. Esto se manifiesta en diferentes formas, incluida la lucha por los derechos básicos como la educación. Indudablemente, los estudiantes, profesores y trabajadores no docentes de la UPR se verán forzados a defenderse otra vez de las embestidas capitalistas en un futuro no tan lejano. Tal como los representantes de la clase capitalista se están aprovechando el momento para preparar sus instrumentos represivos y modificar su aparato jurídico legal para aplastar al estudiantado consciente y demás sectores laborales de la UPR, aquellos que exigen una reforma universitaria progresista y defienden los intereses de los trabajadores docentes y no docentes tendrán que iniciar un proceso de reorganización desde ahora para combatir con efectividad durante las batallas por venir.
La consigna “alianza obrero estudiantil” sigue vigente. Estudiante, profesor, trabajador ¡prepárense desde ahora para la próxima fase de lucha!