Por Carlos Borrero
La jueza federal, Laura T. Swain, ha nombrado un comité compuesto por cinco jueces para supervisar las negociaciones de reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico. Los cinco jueces federales “mediarán” las disputas entre las varias facciones de tenedores de deuda en pugna. La más notable de estas pugnas se ha centrado recientemente en los $400 millones que fueron retenidos en manos del fideicomiso de Cofina por una orden previa del tribunal y que disputan los bonistas GO y de Cofina. El nombramiento de este panel de jueces representa el intento de darle un “aire de legalidad objetiva” a un proceso que es irremediablemente corrupto y anti obrero.
Entre los miembros del recién nombrado panel de jueces se destaca Christopher Klein, quien supervisó el proceso de capítulo 9 de la ciudad de Stockton, California entre el 2012 y 2013, hasta entonces el caso más grande de quiebra municipal en EEUU. Indudablemente, la designación del juez Klein al panel se utilizará para tratar de «probar» la presencia de alguien con una historia de simpatía por los intereses de los trabajadores, particularmente los pensionados. Durante el proceso de quiebra de Stockton, la prensa capitalista hizo grandes esfuerzos para representar a Klein como «defensor» de las pensiones de los trabajadores municipales. La realidad, sin embargo, es otra.
En el caso de Stockton, la crisis capitalista de 2008 desencadenó un patrón familiar que incluyó fuertes recortes en la fuerza laboral municipal, estimados en 40%, la reducción o eliminación de beneficios marginales y un aumento de la deuda pública. Las negociaciones mediadas por el juez Klein durante el proceso de quiebra resultaron en la eliminación de la cubierta médica de los trabajadores públicos jubilados, con la que la ciudad se lavó las manos de un estimado de $544 millones en obligaciones. El acuerdo también resultó en la introducción de un nuevo impuesto municipal sobre las ventas, la conversión de activos públicos en garantía para los bonistas así como recortes salariales y de beneficios para todo futuro empleado público.
A pesar de todo esto, la prensa capitalista estaba llena de artículos que proclamaban que debido a que las pensiones de los jubilados no fueron tocados como parte del proceso de quiebra en sí, el juez Klein favoreció a los jubilados en contra de Wall Street. Lo que los apologistas no dijeron es que las pensiones municipales, que en promedio eran de unos $25.000 al año, no sólo ya habían sido severamente recortadas antes de los procedimientos legales del capítulo 9, sino también que se les empezó a exigir a los trabajadores municipales activos mayores aportaciones al fondo de pensiones.
Sin embargo, lo que es igualmente significativo es que durante el caso, el juez Klein estableció un importante precedente legal en que se podría derogar toda protección constitucional a las pensiones a nivel estatal. Al argumentar que las leyes de quiebra, que son federales, suplantan las constituciones estatales, se le dio la luz verde para que cualquier juez federal pueda ir por encima de los estatutos estatales elaborados para darles un carácter de ‘inviolabilidad’ a las pensiones. Este precedente legal, que también se reforzó en la quiebra de Detroit, resalta la completa inutilidad de toda estrategia de oponerse a los ataques que se están llevando a cabo en contra de las pensiones y los demás beneficios marginales de la clase obrera basada principalmente en los argumentos constitucionales. Lo que demostraron las acciones de jueces federales como Klein en Stockton y Rhodes en Detroit es que el saqueo sistemático de las ciudades y los trabajadores municipales por Wall Street se está llevando a cabo con el pleno apoyo del Estado capitalista.
Es esta experiencia que el juez Klein ahora trae a Puerto Rico como invitado especial de Swain. Tal parece que para entender lo que está pasando en Puerto Rico, tenemos que estudiar lo que pasó en Stockton, California.