Por: Carlos Borrero
La semana pasada, Rosselló hizo público su presupuesto de austeridad para el año que viene. Sus propuestas, que de seguro serán aprobadas por la legislatura territorial, guardaban poca sorpresa dada la intensificación de los ataques contra las masas trabajadoras que se han llevado a cabo. El presupuesto incluye un recorte de 13% en la nómina para el sector público, otro de casi 15% en el área de mantenimiento y servicio a la infraestructura así como reducciones significativas en las asignaciones de fondos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que prestan una gama de servicios sociales.
Entre las administraciones públicas que prestan servicios a los necesitados, se han propuesto recortes en las áreas de desarrollo socioeconómico de la familia (9%), la vivienda pública (10%), y el sustento de menores (14%). La oficina de la procuradora de la mujer anticipa un recorte de casi 26% mientras los procuradores de las personas de edad avanzada y del paciente además de la Comisión de Derechos Civiles también enfrentan reducciones. En el área ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está programado para un recorte de 27% y la Junta de Calidad Ambiental verá una reducción presupuestaria de 10% mientras la autoridad encargada de supervisar el depósito de desperdicios sólidos experimentará una de 7%. Varios proyectos para la protección ambiental, como el Bosque Modelo, también serán afectados. El presupuesto también refleja recortes en áreas tales como la transportación pública y en el ámbito cultural donde varias agencias y oficinas verán reducciones fuertes (ej. Bellas Artes, Conservatorio de Música, ICP). En el área de la educación, el Departamento de Educación será recortado en un 6% ($101 millones) mientras se contemplan reducciones de 23% ($202 millones) para la UPR. En un signo del abandono de toda esperanza de resolver del problema de la baja participación laboral, se propone la eliminación de todos los fondos asignados a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos laborales y de Administración de Recursos Humanos mientras el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos verá su partida reducida en casi 35%.
En lo que de seguro formará parte de la reforma contributiva que pronto revelará al público, Rosselló ha propuesto un recorte de $175 millones a los municipios. La introducción de un nuevo régimen de impuestos sobre la propiedad, el cual incluirá invariablemente la emisión de bonos directamente por los municipios, representa otro aspecto de la consigna “Puerto Rico está abierto para el negocio” que tanto proclama Rosselló.
En general, el presupuesto propuesto por Rosselló reduce los gastos de funcionamiento en más del 9%. Esto se propone a pesar de que el presupuesto en sí es realmente $575 millones (6.4%) más grande que el año anterior e incluye, $2 mil millones para ‘apuntalar’ el sistema de pensiones. Esto, sin embargo, es completamente engañoso.
Hay que entender que los tres sistemas de pensiones en Puerto Rico tienen un pasivo total de alrededor de $48 mil millones – esto incluye $3 mil millones en bonos de obligación de pensiones pendientes – y un «estatus de financiamiento» de aproximadamente 1.5%. Esto significa que tomaría 11 veces la nómina de todos los empleados activos para financiar adecuadamente los sistemas de pensiones. Con la reducción de nómina que se contempla, es obvio que esto no va a pasar. Lo que ha hecho Rosselló, a pesar de los toques retóricos con que salpicaba su discurso para anunciar el presupuesto – y en cumplimiento con las pautas dictadas por la Junta – es asignar $2 mil millones para garantizarles el pago a los tenedores de bonos de obligación de pensiones además de dinero ‘fresco’ a los agentes financieros que manejan los fondos de las pensiones públicas quienes hace años no han recibido las aportaciones completas que corresponden al gobierno.
La asignación de $2 mil millones no significa en modo alguno una cancelación de la reducción en 10% de las míseras pensiones de los jubilados del sector público ya acordada. La prisa por inyectar fondos al actual sistema moribundo de pensiones corresponde al plan de convertir a las pensiones públicas en “Pay-as-you-go”, o lo que Rosselló llama pago de pensiones. En términos básicos esto significa que las pensiones públicas pasarán de planes basados en los «beneficios definidos» a un sistema en que los empleados públicos escogerían entre varias estrategias de inversión en el mercado que los agentes financieros de las casas de inversión, los cuales según un memorando recién firmado por Trump siguen sin obligación ninguna de poner los intereses de sus clientes en primer lugar, pueden o no llevar a cabo. Es decir, la gran declaración de que el presupuesto “asume TODO EL PAGO DE LAS PENSIONES” hecha por Rosselló al igual que la aparente suspensión del “pago de la deuda” que aparece en el borrador son completamente fraudulentas. Los que van beneficiarse de los $2 mil millones son las casas de inversión y los grandes tenedores de bonos vinculados a los fondos de pensiones. Respecto a la supuesta suspensión del pago de la deuda que aparece en el borrador, se sabe que la renegociación de la deuda que se está llevando a cabo incluirá un cambio en los términos el cual implica una extensión del período de pago después de una breve moratoria.
Otra área en donde se ven las verdaderas intenciones de la administración de Rosselló es en la asignación de más de $26 millones adicionales, un aumento de 2,639% en comparación con el año pasado, a la Corporación para las Alianzas Público Privadas. La canalización de fondos de servicios esenciales directos a esta oficina es la expresión más obvia del intento de llevar a cabo una campaña masiva de privatizaciones.
Dada la situación social, que se caracteriza por el éxodo masivo inducido por el desempleo estructural, el deterioro de los sistemas de educación pública y de salud además del debilitamiento del régimen regulatorio para la protección ambiental – nada de esto que se atrevió reconocer Rosselló – el borrador del presupuesto sometido por Rosselló es la admisión de que la clase dominante no tiene soluciones a los grandes problemas que enfrentan las masas. En realidad, el presupuesto es una declaración de guerra en contra de las masas obreras y pobres en la que participarán todos los sectores de la oligarquía criolla independientemente de su afiliación partidista. La única conclusión que se puede sacar del mismo es que la clase obrera tendrá que tomar en sus manos las riendas de la administración pública.