por Coral Ríos
En los pasados días se reiniciaron las labores de construcción del mega proyecto Columbus Landing en Aguadilla por la empresa Caribbean Management Group (CMG), luego que ésta se detuviera durante más de tres meses debido a querellas impuestas. La presión ejercida por los manifestantes y detractores ha producido en los pasados ocho meses el arresto de una decena de personas, múltiples manifestaciones, querellas y el establecimiento de un campamento de resistencia a la orilla de la playa donde ubican los terrenos amenazados por este complejo.
El Estado mueve sus fichas
Durante este periodo de aparente tranquilidad en Playuelas fueron aprobadas las enmiendas al Código Penal bajo la ley 743 la cual restituyó la “Ley Tito Kayak” que establece como delito grave – con pena de reclusión de tres años – la obstaculización de obras de construcción o movimiento de terreno que cuente con los debidos permisos. La permisología de este proyecto ha sido uno de los cuestionamientos mayores a CMG debido al tiempo transcurrido desde su otorgación.
Además de esta ley que entró en vigor de manera inmediata a su aprobación, está ante la consideración del senado el proyecto de la cámara 812 del autor Carlos ‘Johnny’ Méndez que pretende “esclarecer” la definición de zona marítimo terrestre. A través del concepto de playa seca esta zona podría reducirse a cuatro pies de ancho dejándose llevar por la marea alta o la más alta en todo el año y sin considerar los cambios como producto de las marejadas. También fue aprobada la reforma de permisos que limita la participación pública en el proceso de revisión de documentos de los proyectos propuestos.
Estas medidas llegan al tiempo en que se anuncia y se justifica en los medios de comunicación el cobro de entrada a dos playas ubicadas en Guánica por una empresa privada. A pesar de que la Constitución del Estado Libre Asociado, supuestamente garantiza el acceso público a las playas, han sido muchas las formas de privatización de playas en Puerto Rico, en especial limitando su acceso con los mega hoteles. Como si no hubiera sido suficiente la explotación de nuestras costas, la Ley PROMESA otorga a la Junta de Wall Street, la facultad de establecer política pública que faculte la venta de activos naturales para pagar la deuda, lo cual incluye nuestras playas.
Iniciativas impulsadas por el gobierno como la Junta de Playas, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) son una demostración de la hipocresía detrás del sistema colonial y capitalista que nos gobierna donde se antepone el enriquecimiento de unos pocos ante el bienestar de la mayoría en Puerto Rico. En evidente contradicción y descarado conflicto de interés, se nombra a la Secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, como Presidenta de la Junta de Calidad Ambiental simultáneamente.
La lucha desde la Comunidad es el camino
Erguido este mecanismo de represión del Estado, se limitan las posibilidades de detener el proyecto a través de las manifestaciones públicas que caracterizaron la lucha hace unos meses. A través de los tribunales, son los opositores al proyecto con mayor poder los que tendrán mayor acceso a esta vía, aunque estos puedan en ocasiones reflejar interés de lucro en el proceso.
Los sectores opuestos a este proyecto son múltiples y variados. Desde locales que disfrutan de este recurso hasta empresarios que buscan acceso a desarrollos económicos alternativos. El conflicto de interés puede reflejarse aún dentro de los mismos detractores a través de sus mecanismos de lucha. Un ejemplo de esta postura es la disposición de la Lic. Alexandra Lúgaro, a sentarse a dialogar con los desarrolladores para discutir “posibilidades”.
La gente humilde de la Comunidad de Playuelas así como del resto de Puerto Rico, reflejan aún el deseo de la mayoría: proteger, preservar y cuidar los valiosos recursos que nos quedan. Ante esto, la gestión de la comunidad en lucha tiene todo el poder a través de su capacidad organizativa. El Campamento Rescate de Playuelas es un reflejo de este potencial.
Un residente, que pidió mantenerse en anonimato, relató a AR sobre la división de tareas del grupo: “algunos trabajan con la comunidad, otros buscando gente famosa para endosarlos, otros que todo el campamento esté bien, otros dispuestos a prestar nuestros recursos para que se usen y otros estamos vigilantes…”
Según Modesto González – otro residente de Playuelas – a muchos locales que dependen de la construcción se les vende el sueño de que van a tener trabajo a pesar de lo efímero de éste. “A ellos no lo van a contratar como bartenders, meseros, managers, housekeeping…”. Modesto confía en que el trabajo que se realiza casa por casa con folletos informativos es una manera efectiva de escuchar el sentir de otros residentes y de dejarse escuchar. “Estamos tratando de concientizarlos”.
El Campamento Rescate de Playuela está solicitando a través de las redes sociales solidaridad para mantener su función activa en defensa de este valioso recurso. Defendamos lo que nos pertenece. ¡PLAYUELAS NO SE VENDE, PLAYUELAS SE ORGANIZA Y SE DEFIENDE!