Por Ismael Castro
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) emitió a principios de esta semana su evaluación del proyecto de ley de salud del Senado. El informe de la CBO estima que 22 millones de personas perderían cobertura médica dentro de una década como resultado del plan senatorial, 15 millones de las cuales durante el primer año de implementación. El informe también resaltó que las primas se dispararían para amplios sectores de la población, especialmente los ancianos, y que Medicaid sería recortado en $772 millones durante los próximos diez años. El informe de la CBO provocó una reacción inmediata que obligó a los republicanos dentro del Senado aplazar una votación sobre el proyecto de ley hasta algún tiempo después del receso legislativo del 4 de julio.
A pesar de su descarado carácter reaccionario, los republicanos del Senado dentro del llamado «caucus de la libertad» han expresado su descontento con el actual borrador del proyecto de ley porque no va lo suficientemente lejos en el desmantelamiento del ya inadecuado sistema de salud. Estos senadores están exigiendo que el gobierno termine con los subsidios para la compra de seguro médico privado en los «mercados locales» (local exchanges). Muchos de los llamados republicanos moderados, particularmente de estados que han participado en la expansión de Medicaid bajo Obamacare, expresaron miedo a las consecuencias políticas del plan senatorial para eliminar la cobertura a millones de personas que sólo recientemente adquirieron acceso a la atención médica a través de dicha expansión.
Vale destacar que los demócratas dentro del Senado se han revelado como innegables cómplices de los ataques contra la salud pública que están dando. El liderato demócrata se ha aprovechado de ambos informes de la CBO sobre los proyectos de la cámara y el senado, que son igualmente repugnantes, para apelar servilmente al bipartidismo con el fin de «afinar» Obamacare. Parece que para los demócratas no queda mala voluntad hacia sus ‘colegas’ del otro lado del pasillo a pesar de que el proyecto de ley del Senado se desarrolló en secreto.
La realidad es que los demócratas siempre han entendido que Obamacare, tal como fue aprobada, siempre representó un proyecto temporal cuyo verdadero objetivo era desviar la atención pública de la demanda popular de un sistema públicamente financiado de salud universal. Los demócratas desde hace mucho tiempo han abandonado toda pretensión en torno a luchar por un sistema de salud universal financiado con fondos públicos, ya que esto significaría oponerse a las aseguradoras, los grandes grupos médicos y los otros intereses capitalistas que dominan el sistema de salud pública en EEUU. Se recuerda que Obamacare fue elaborada por las mismas aseguradoras para garantizar su control monopólico sobre el acceso a la salud a través de disposiciones como el mandato individual. Lo poquito que se le extrajo de los capitalistas ultra ricos a través del impuesto de 3,8% sobre los ingresos de inversión (por ej., ganancias de capital o capital gains, dividendos e intereses) utilizado para financiar la expansión de Medicaid queda insignificante en comparación con los miles de millones de dólares que la administración de Obama entregó a las grandes instituciones bancarias como parte del «rescate financiero”.
La oposición republicana a Obamacare dentro del Congreso refleja la ‘alianza’ política entre un sector del capital financiero, que se ve afectado por las moderadas cargas tributarias mencionadas arriba, y otro sector de la llamada «pequeña burguesía» compuesta por pequeños empresarios quienes están obligados a comprar planes médicos dentro de los mercados locales o enfrentar penalidades. La alianza de la llamada oposición democrática se basa principalmente en la subordinación ideológica y política de ciertos estratos bajos de la clase obrera, que obtuvieron acceso a la cobertura médica a través de la expansión de Medicaid, a los sectores de la clase capitalista más directamente vinculados a la industria de seguros. Bajo este tipo de alianza, no puede haber ni siquiera un beneficio mínimo para un trabajador sin que haya también alguna ventaja para los capitalistas. En el análisis final, Obamacare preservó el carácter capitalista del sistema de salud pública.
La clase obrera debe adelantar su propia visión de un sistema de salud fundada en la premisa de que en una sociedad capitalista desarrollada, nadie debe ser privado de o forzado a endeudarse para obtener cuidado médico. Los trabajadores deben luchar por un sistema de salud socialista. Esta demanda, sin embargo, es inseparable de la transformación socialista de toda la vida económica junto con la conquista del poder político por parte de los trabajadores mismos.