Por: Coral Ríos
El pasado sábado más de un centenar de personas marcharon hasta la plaza pública de Cabo Rojo en protesta por la ordenanza 26 que entró en efecto a principios de mes, la cual impone la compra de bolsas color naranja para el recogido de basura en el municipio. Desde la primera semana de implantación, los residentes han denunciado que la medida ha provocado acumulación de basura ilegal y la creación de nuevos vertederos clandestinos. Las multas por incumplimiento fluctuarán entre los 100 y los 5 mil dólares y/o seis meses de cárcel.
El costo de cada bolsa de 15 galones es de $1.75 mientras la bolsa de 30 galones tiene un costo de $3.40. Estos onerosos precios imponen una carga económica adicional a las familias de escasos recursos en el municipio a la vez que dejará inmensas ganancias a la empresa contratada ConWaste, la cual será – hasta ahora – la única empresa que ofrecerá el servicio. “Si nosotros no le compramos una sola bolsa a ConWaste se tiene que ir de este pueblo, porque sus venas no van a tener ninguna sangre”, expresó unos de los portavoces en tarima. Según éste, la ordenanza le costará al pueblo de Cabo Rojo más de 32 millones de dólares. “¡Vamos a desangrar los bolsillos de ConWaste!”, reiteró.
La manifestación se llevó a cabo poco después que el Departamento de Justicia anunciara la demanda radicada al Municipio de Cabo Rojo y a la compañía ConWaste por no permitir la libre competencia amparándose en la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. No en balde, la libre competencia de la que tanto se jacta la democracia burguesa, no garantizará el recogido de la basura en este Municipio sino que le abrirá las puertas a más compañías como esta para repartirse el gran banquete que generará la medida.
La precarización de los servicios básicos del pueblo y las medidas de austeridad que han ido en aumento desenfrenado los pasados meses son parte del colapso del sistema capitalista que domina la economía mundial y de la cual no estamos exentos en Puerto Rico. La situación territorial y la reciente imposición de la Junta de Wall Street abonan a este empobrecimiento gradual de la clase trabajadora que utiliza las pocas herramientas que le permite el estado para expresar su indignación. Los consejos de barrio y de trabajo proveen una herramienta de autogestión que permite a las comunidades organizadas gestionar sus estrategias de lucha para tomar medidas acertadas más allá de la marcha.
Los ataques a la clase trabajadora continuarán cobrando fuerza en nombre de una deuda que se nos factura sin tener responsabilidad sobre ella. Aunque el problema de la basura en Puerto Rico es uno complejo, el cobro del recogido no forma de una solución inmediata.
¡Que continúe la organización en consejos obreros en cada comunidad, para aumentar el alcance de esta lucha!