Acceso a vivienda empeorará con medidas de austeridad

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Derrumbe del residencial Gladiolas
Derrumbe del residencial Gladiolas

Por Rogelio Acevedo

Hemos denunciado en las pasadas semanas como los recortes presupuestarios, en EEUU y en Puerto Rico tendrán grandes consecuencias para las masas en nuestro país. Los sectores obreros y de jubilados, con gran justeza, han dado mayor peso a los efectos de estos recortes en los renglones del valor del trabajo, atención médica y jubilaciones. Sin embargo, el problema de vivienda es un problema social que se vive a flor de piel en todas las comunidades obreras y marginadas del territorio. Basta con salir a las afueras de nuestras destartaladas ciudades y pueblos para tener una noción de la dimensión del problema.

Según el censo de 2015 en Puerto Rico existen 1,570,637 unidades de vivienda, de las cuales permanecen vacías 326,435. Resalta el estancamiento en la construcción de viviendas entre los años 2010-2014 cuando solo se construyeron 8,462 unidades, mientras que la demanda anual se estima en más de 20 mil unidades. Actualmente, están contabilizadas cerca de 28 mil familias que están solicitando formalmente vivienda. Esta estadística desde luego, no contabiliza la necesidad real de familias que viven en estructuras precarizadas y en condiciones de extrema pobreza.

Otro aspecto que merece señalarse es sobre los “propietarios” y de “la importancia que le dan los puertorriqueños a ser dueños de su vivienda”. Si bien es cierto que las estadísticas señalan que el 68% (857,710) de esas estructuras están ocupadas por sus dueños, frente al 31% (386,492) que viven alquilados, no se cualifica el estado de esas viviendas. La realidad es que, en numerosas comunidades, la totalidad de sus miembros son “propietarios” de sus precarias residencias, sin embargo, al no poseer títulos de propiedad, están vulnerables a desahucios y expropiaciones. Casos como la comunidad Vietnam en Guaynabo y la Boca en Barceloneta son muestra de las arbitrariedades a las que están vulnerables nuestras comunidades.

El negocio de la vivienda pública ofrece grandes oportunidades para los capitalistas en los ámbitos de la construcción, administración de los complejos de vivienda existentes, así como para la banca hipotecaria. Por eso no debe sorprendernos el anuncio de la administración Roselló de la privatización de 14 residenciales que eran administrados por municipios. Sin embargo, resultan altamente oportunistas las denuncias de los alcaldes municipales, ya que cuando se examinan los directorios por regiones se comprueba que todos los complejos a nivel nacional están administrados por empresas privadas subcontratadas por los municipios. Lo que hizo la actual administración fue eliminar a los municipios como intermediarios de esa transacción y pasarlos directamente a manos de esas empresas. Actualmente existen decenas de empresas como A & M Contract Inc., MAS Corporation, Mora Housing Management Inc, Cost Control Company, entre otras, que se han repartido el “mercado” de la administración de residenciales públicos.

De la misma forma, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) le vendió recientemente al Banco Popular $100 millones de préstamos hipotecarios (MB Bonds) asegurados con el pago de esas hipotecas para el pago de nómina y de deuda gubernamental. Préstamos que pagan miles de familias obreras para tener una vivienda digna en medio del caos y que corren riesgo de perderlas al estar expuestas a las medidas de austeridad. Los únicos que no perderán serán los bancos a quienes pasarán todas esas propiedades que no puedan pagarse sus hipotecas.

Sin embargo, el capital necesita mantenerse en constante movimiento para valorizarse, y en ese sentido radica la mayor contradicción ya que como ha ocurrido desde el 2010, ha ido aumentando su “inventario de propiedades” vacías las que han tenido que mantenerse invirtiendo grandes sumas de dinero en mantenerlas para su reventa en el mercado. De la misma forma vemos la contradicción de la acumulación capitalista donde existen más de 300 mil viviendas vacías frente a cientos de miles de familias necesitadas de vivienda digna.

Es por esto que solamente con la toma del poder político por la clase obrera podremos asegurar que las masas accedan a viviendas dignas con la expropiación de la banca privada y una planificación científica de la economía basada en las necesidades de la sociedad.