Por Rogelio Acevedo
Durante las pasadas semanas distintos sectores estudiantiles y sindicales, con sus diferentes matices, han continuado enfatizando en sus reclamos que la función de la Junta de Wall Street (JWS) será asegurar el pago a los bonistas utilizando el dinero de los recortes. Es decir, el desvío del dinero público para destinarlo al servicio de la deuda.
Este tema resulta de gran importancia para las masas obreras y estudiantiles, y para el pueblo en general por el hecho de que es el campo donde se materializa la brutal ofensiva que ha sido puesta en marcha por los administradores del territorio. Sin embargo, este planteamiento no es del todo correcto y resulta contradictorio a la realidad de las leyes que rigen la economía capitalista. Hay una serie de factores objetivos que contradicen esta aseveración.
Cuando se analiza el Plan Fiscal (PF) confeccionado por la JWS destaca la aparente reducción a un 20% en la partida asignada al pago de la deuda por los próximos 6 años. Esta es la causa de la lluvia de demandas que los bonistas están radicando en los tribunales, particularmente los fondos buitres de GO’S y COFINA, quienes poseen cerca del 60% de la deuda del territorio. Este sector de los bonistas prefiere la vía judicial porque tienen tiempo y dinero para lograr que “sus reclamos sean escuchados”. Recordemos que cuando los buitres compraron estos bonos, ya la calificación crediticia estaba bastante dañada lo cual les permitió adquirirlos a descuento. Estas transacciones variaron con un precio de compra de entre 35 y 65 centavos por cada $1. Esto significa que la supuesta reducción de 20% del valor nominal representa tremenda ganancia.
Mientras tanto, los guaynabitos de Roselló han logrado neutralizar efectivamente ese planteamiento alegando que todos los sectores del país han sufrido recortes, incluyendo a los bonistas y que por tanto, todos debemos “poner de nuestra parte”. Han alegado además las demandas de los bonistas y en las reducciones al servicio de la deuda contenidas en el PF.
Entonces, si el plan fiscal reduce el pago de la deuda a un mínimo, ¿en qué se está usando el dinero de los recortes? Sabemos que todas las medidas a aumentar la explotación, del remate de la propiedad pública, de la legislación para favorecer a los capitalistas en el ámbito contributivo, van dirigidas a crear un ambiente más favorable a la inversión. Pero, ¿cuál es la relación entre austeridad y deuda?
La naturaleza dual del problema: el capital industrial vs. capital financiero
Cabe destacar el vínculo entre dos sectores de la economía capitalista: el capital industrial y el capital financiero. Además de su relación directa, ambos sectores coexisten con cierto grado de autonomía, provisto precisamente por la propia anarquía que rige el proceso de producción capitalista. Dentro de esa relación se reflejan sus intereses aparentemente contradictorios: unos están orientados en resolver las exigencias inmediatas del sector financiero, mientras los industriales e inversionistas se centran en la modificación del régimen de explotación a largo plazo para mejorar el rendimiento.
Por una parte, los capitalistas financieros pueden sobrevivir con una reducción al servicio de la deuda siempre y cuando los términos de la deuda se extiendan y/o puedan apropiarse de haberes públicos que luego puedan vender o derivar pagos periódicos. Estos tienen a su disposición una acumulación de efectivo que circula en el sistema usada para la especulación y las recompras de acciones de las compañías más grandes. Estas inversiones tienen el propósito de subir las cotizaciones de esas empresas en la bolsa. Y aunque, hay bonistas individuales que tienen más necesidad que otros para cobrar ahora, en términos de este sector de la clase capitalista, hay suficientes reservas de liquidez para aguantar los recortes.
Pero el capital tiene que mantenerse en circulación para acrecentarse. Todo esto depende de la imposición de nuevas condiciones en la explotación del trabajo. Y es ahí que figuran todos los aspectos legales para cambiar el mercado laboral, etc. La crisis de deuda crea el contexto para impulsar cambios más profundos para la clase capitalista en su conjunto, aun cuando algunos sectores de la misma tengan que «sacrificarse» un poco.
Cualquier recorte que sufran será entre el precio de descuento y el valor nominal de sus instrumentos. Los inversionistas tradicionales ya se fueron en gran parte y no pueden volver hasta que se creen condiciones de rentabilidad por medio de las medidas de austeridad. Estas medidas incluirán la privatización de las corporaciones públicas.
La función de la JWS
De la misma forma, parte de los argumentos usados por los sectores populares contra la JWS se basan en que su función principal es “asegurarse que los bonistas cobren”. A la luz de la dinámica descrita arriba y los parámetros de Promesa, se plantea a la JWS como ente que gobierna de facto el territorio. Sin embargo, las funciones de la JWS podrían resumirse en dos aspectos principales: 1) dirigir hacia los tribunales las disputas entre bonistas y 2) dictar las pautas para la nueva política pública que el gobierno ha de ejecutar. En términos simples: viene a meter a los bonistas en los tribunales, pero sobre todo, a crear las condiciones de rentabilidad necesarias para la inversión extranjera. Esto implica detener temporeramente los pagos a bonistas.
El plan consiste en que una vez se establezcan condiciones de rentabilidad – a base de mano de obra barata y una nueva base tecnológica – en Puerto Rico, se recuperará tanto la inversión «productiva», como la de bonos municipales, la especulativa. Pero esto no podrá ocurrir hasta que existan nuevas condiciones laborales, donde ambos procesos tienen su propio ritmo.
Podemos tener certeza de que ya no habrá estado «benefactor» porque las condiciones en el mercado internacional no permiten a EEUU (Puerto Rico es una extensión de EEUU en lo económico) el lujo de ser la única potencia económica mundial. Para volver a ser competitivo, tiene que haber una completa reestructuración del régimen de explotación a base de nueva tecnología en EEUU. Esto obligará a las masas trabajadoras en el territorio a vender nuestro trabajo más barato para poder competir con los trabajadores de países donde ya se han logrado crear esas condiciones.
Entonces, ¿cuál es la relación entre la deuda y las medidas de austeridad?
En términos sencillos: las medidas de austeridad pertenecen al campo de la explotación del trabajo a largo plazo, mientras que el pago de la deuda se ubica en disputas en el campo financiero a corto plazo. Ambas se interrelacionan, pero para que el territorio pueda volver a condiciones de rentabilidad, hay que resolver el primero.
La medidas de austeridad preocupan más a la clase obrera (y otros sectores populares) y la deuda más al estudiantado. Está claro que el gobierno usa la segunda como justificación para la primera. Recordemos que de esa estabilización depende la próxima salida del territorio a lo “mercados de capitales” y por tanto, habrá más disposición a llegar a acuerdos temporeros. Sin embargo, las medidas de austeridad están relacionadas aumento en la explotación a través de reducciones en servicios, condiciones laborales opresivas y aumentos de impuestos. Es decir, al reducir el nivel de vida de las masas trabajadoras agudiza la contradicción entre el trabajo y el capital. Trabajar más para vivir con menos.
En ese sentido, a nivel táctico le corresponde a la clase obrera y a los sectores estudiantiles y populares mantener presión sobre el aspecto de la auditoría de la deuda. Sin embargo, por su empobrecimiento acelerado, resulta más urgente redirigir la mayor parte de nuestros esfuerzos organizativos y de lucha contra las medidas de austeridad. Es precisamente en esa redefinición de lo que vale nuestro trabajo y lo que es necesario para sobrevivir, donde reside el conflicto de clases en esta etapa.