Por: Mireya Cárdenas
El gobierno territorial insiste ampliar la tipificación de delitos y el aumento de penas para colocarse al servicio total de la oligarquía financiera regente y su brazo represivo federal, el FBI. Se busca así golpear a la clase obrera y al estudiantado junto a los sectores populares desde sus mecanismos propios de lucha, al ahora pretender que estas medidas represivas tengan vigencia inmediata tras su inminente aprobación, la cual podrá ocurrir en cualquier momento. P. del S. 458.
Los administradores territoriales insisten en fichar a un manifestante antes de llevarlo ante un juez para determinar si hay causa probable para arrestarlo por un delito grave. Esto se hace, según las propias palabras de la legislatura territorial, para “entrar esta data en los sistemas oficiales de inteligencia del estado para saber si la persona detenida está vinculada a otros delitos, si tiene alguna orden de arresto pendiente, si es reincidente, si está evadida de las autoridades locales o federales, etc.” Más adelante, se justifica este esquema expresando que: “Lo que se busca es nutrir la data oficial para tener una herramienta efectiva en la lucha contra el crimen. Esta información les permitirá a los funcionarios del orden público, presentársela a un magistrado para que éste tenga todos los elementos de juicio necesarios al imponer la fianza. Además, permitirá que se hagan todas las gestiones de rigor para que, en caso de que existan órdenes de arresto en contra del imputado o esté evadido de las autoridades, se les informe a los componentes pertinentes para que se tomen las acciones necesarias de inmediato”.
Resalta que entre los nuevos delitos graves, y por tanto, “fichables” antes de que un manifestante sea presentado ante un juez está el impedir, ocupar cualquier obra de construcción, pública o privada (esta es la antigua Ley Tito Kayak: ahora Artículo 200 del Código Penal: Obstrucción o Paralización de Obras).
De otra parte, se estaría fichando el uso de disfraz o máscara, en el curso de alterar o intervenir con las actividades ordinarias en una instalación pública educativa, en una instalación de salud, o en el interior de edificios de gobierno ya que será ahora una modalidad de delito grave. Así, el uso de careta, o máscara, que antes era un delito menos grave, será ahora sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, y si se utiliza en el curso de la comisión de cualquier otro delito grave será un delito grave de tercer grado (entre 3 y 8 años de pena). Dicho de otra manera, el mero hecho de usar una careta, maquillaje o disfraz con el fin de ocultarse, está sujeto a una pena grave (y por tanto, fichable) de cuarto grado que acarrea una pena de seis meses a tres años.
Otro delito grave que se amplía es el de pegar fuego. El Artículo 230 del Código Penal: Incendio, que antes sólo aplicaba a edificios, ahora se amplía mediante enmienda a para que aplique a cualquier “propiedad”.
Los nuevos delitos calificados como menos graves no estarían sujetos al nuevo fichaje. No obstante, su lenguaje queda ampliado. Por ejemplo, el Artículo 246 del Código Penal: Resistencia u obstrucción a la autoridad pública; que antes sólo tipificaba la acción de “impedir”, ahora queda ampliado para que abarque también la acción de “demorar, estorbar u obstruir” a cualquier funcionario público en el desempeño de su cargo. Esto, claro está, abarca muchos otros tipos de conducta que ahora serán criminalizados en el curso regular de una protesta.
De otra parte, el nuevo Artículo 247 del Código Penal: Obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público; quedó redactado para abiertamente criminalizar al estudiantado en paro en virtud de la huelga decretada democráticamente por una mayoría de las respectivas asambleas estudiantiles de la UPR. Este artículo también tipificaría como conducta criminal cualquier manifestación, protesta y/o campamentos de resistencia que surgirán, en los cientos de escuelas públicas en todo el país que el gobierno territorial se dispone a cerrar.
La vigencia inmediata de esta serie de medidas opresivas sólo demuestra el recrudecimiento del embate a la clase obrera y estudiantil del país. ¡El Partido Comunista de Puerto Rico condena esta serie de medidas para silenciarnos, y aprisionarnos! Las condiciones históricas no detendrán el curso de la lucha liderada por el pueblo trabajador y el estudiantado puertorriqueño contra el capital y los abusos que en su nombre ejerce la administración territorial!