Por Rogelio Acevedo
La lucha del estudiantado universitario, así como de otros sectores laborales dentro de la UPR, ha servido como primer escenario de confrontación entre sectores populares y la Junta de Wall Street (JWS), escudada detrás de los administradores del territorio. Uno de los reclamos que han traído los estudiantes y trabajadores de la UPR para levantar el paro y evitar los recortes de $450 millones propuestos por la JWS, ha sido la auditoría de la deuda pública. Esta táctica ha sido impulsada desde sectores pequeñoburgueses y reformistas dentro del movimiento estudiantil y obrero como medida de “demostrar la ilegalidad de gran parte de la deuda y desde ese conocimiento comenzar a negociar el pago de lo que se deba”. Esta postura fomenta entre las masas trabajadoras la fe en un sistema putrefacto que hace tiempo demostró que no beneficia a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Es decir, de que el capitalismo es reformable.
La clase obrera debemos evaluar esta propuesta a la luz de cuáles son los objetivos que se persiguen y si es cónsona con las necesidades tácticas y de lucha que requiere el momento. El análisis de los distintos factores involucrados en esta coyuntura y su correlación de fuerzas nos conduce a concluir que la misma, aunque no represente una solución concreta que mejore las necesidades de las masas en el territorio, podría servir como proceso educativo para elevar su conciencia política. Veamos.
El papel de los bancos en la crisis actual
Los bancos han tenido una participación muy activa en la crisis actual. Su recuperación en años recientes tiene una relación inversa directa con el desvío del presupuesto público hacia esos sectores acelerando declive de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Bancos como el Santander y todas sus filiales (Securities, Valores, etc), Popular, UBS, han sido algunos de los responsables de la explotación de nuestro pueblo, y que ahora pretenden perpetuar nuestra esclavitud a través de la JWS.
Estas filiales bancarias sirven como aseguradoras e intermediarias en el tráfico de bonos entre gobierno territorial y los inversionistas que compran esas emisiones. Estas se encargan de comprar la nueva emisión a un agente del gobierno y luego revenden a los inversionistas en el mercado de bonos municipales de EEUU. Por estas transacciones las aseguradoras de deuda se han embolsado miles de millones de dólares en jugosos honorarios. Algunas fuentes señalan que Santander participó en al menos 90 acuerdos para asegurar deuda del territorio de todo tipo de emisiones GOB, COFINA que alcanzaron cerca de $61 mil millones, con honorarios de $1,000 millones.
Es decir, que la crisis que supuestamente viene a resolver la JWS, es en realidad la obra de algunos de sus más prominentes miembros. Individuos como Carlos García y José Ramón González, quienes desde Valores Santander diseñaron el esquema de robo más abarcador perpetrado en la historia reciente del territorio. El hecho de que estos parásitos pertenezcan a la JWS es prueba suficiente del control que ejerce el capital financiero sobre las políticas fiscales del gobierno del territorio y sus recursos (humanos, físicos, naturales). Los vínculos entre “mogules” de la banca, agencias encargadas de las finanzas del territorio y miembros de la JWS son tan estrechos, que estos ejercerán su poder para evitar cualquier intromisión como es una auditoría.
Carlos García y José Ramón González: agentes de Wall Street
José Ramón González fue director del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la gobernación de Hernández Colón entre 1986-89. De ahí paso a dirigir Valores Santander, desde donde se dedicó a la creación de diversos instrumentos para que el territorio aumentara su capacidad de emisión municipal. En 1997 Carlos “Kako” García se unió al equipo de estafadores de González, quienes lograron posicionar a Santander como uno de los principales aseguradores de deuda del territorio.
Aunque la constitución del territorio (ELA) respondía a su utilización como herramienta para circular capitales y emitir deuda pública, no es hasta la década de 2000 cuando comienza el ascenso meteórico de emisiones de deuda bajo parámetros que solo pueden calificarse de pillaje sistemático. Ese esquema se organizó con una metodología definida y que sentó la pauta para fraudes posteriores. Consistía de:
- Colocar en la dirección del BGF a ejecutivos de la banca, en estos casos, de Santander.
- Santander “asesoraba” al BGF y a otras entidades gubernamentales a emitir y a comprar deuda riesgosa, fundamentalmente para pagar deudas anteriores.
- Crearon “instrumentalidades públicas” para emitir deuda fresca. En este caso COFINA.
- Se realizaba una agresiva campaña para ofrecer esos nuevos bonos en complicidad con las casas de corretaje como Moody’s y Finch.
- Se hacían emisiones bajo condiciones “riesgosas”. Con estas emisiones se mantenía de forma ficticia la calificación del crédito del territorio.
Llegada y ascenso de los buitres
Es entre los años 2004-2009 que los esquemas de desvío de fondos públicos organizados por “funcionarios públicos” hacia la banca se fueron tornando cada vez más audaces y masivos; moviéndose y depredando todas las instancias del gobierno (corporaciones, agencias). Múltiples agencias y corporaciones emitieron deuda usando como garante al BGF: GOB, COFINA, AEE, AAA Sistemas de Retiro, Vivienda Pública, Autoridad de Edificios Públicos, entre otras. Para hacer “atractivos” esos bonos y atraer inversionistas, esas emisiones se hicieron bajo condiciones nunca antes vistas, que eran consideradas por los mismos capitalistas como de “alto riesgo”.
Algunos de los instrumentos financieros que crearon para esa demanda fueron en forma de bonos de revalorización de capital y capitalización de intereses. Los bonos de revalorización de capital son emisiones a largo plazo que el deudor no paga intereses ni principal hasta su vencimiento, y cuando esto ocurre resulta en cargas extremadamente onerosas que se deben saldar, tanto la acumulación de intereses como del principal. La capitalización de intereses consiste en emitir deuda para pagar los intereses de deuda previa. Estos tipos de “oferta” fueron la carnada perfecta para atraer a los fondos de cobertura o buitres, quienes compraron masivamente bonos del territorio. Sus inversiones fueron particularmente cuantiosas para los GOB, COFINA y la AEE que los ha llevado a poseer cerca del 60% de la deuda del territorio.
Durante las administraciones de Acevedo Vilá y Luis Fortuño, entre 2006 y 2012, los asesores financieros del territorio buscaban formas de ampliar la “deuda extraconstitucional”, es decir, emisiones fuera del marco asegurado por la constitución del territorio dentro de lo que se conoce como los Bonos de Obligación General (GOB). En este periodo uno de los pasos más significativos en elevar la capacidad de endeudamiento del territorio fue la creación de COFINA, una entidad disfrazada de corporación pública, que aseguraba el pago de sus bonos con un impuesto sobre el consumo, el IVU.
El otro golpe fue el monumental fraude cometido contra la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) en 2008. Este esquema fue orquestado por UBS, donde Santander también tuvo una participación muy destacada. Ambos bancos “asesoraron” fraudulentamente al gobierno de que se emitieran $7 mil millones en deuda para supuestamente capitalizar los fondos de retiro para pagar a los pensionados. De este esquema solo lograron recaudar $2.9 mil millones y pusieron en manos de fondos de cobertura una gran parte de la deuda de los sistemas de retiro. Esta deuda fue emitida bajo la forma de interés capitalizado, es decir, préstamos para pagar intereses de deudas anteriores. Pero lo más importante de este esquema fue que lograron atar los salarios de los trabajadores y empleados públicos como garantía de pago de esos bonos.
Queda clara la cercanía de los vínculos entre miembros de la JWS, en este caso, “Kako” García y José Ramón González, con los fondos buitres, quienes mediante esquemas fraudulentos abrieron la puerta para que las finanzas del territorio cayeran en manos del sector más rapaz y depredador del capital financiero. Esto los coloca como responsables directos, no solo a ellos, sino a la JWS en su conjunto, como causantes de la debacle financiera del territorio y el saqueo de los haberes públicos.
Estos estrechos lazos los hace cómplices de estos crímenes perpetrados hacia las masas trabajadoras y es la razón principal para demostrar que la JWS no dará paso a ninguna auditoría, precisamente porque implicaría a algunos de sus miembros. Tanto es así, que una de las primeras medidas que tomó la administración Rosselló (por orden de sus amos) fue desmantelar la comisión para la auditoría de la deuda, creada por García Padilla para ponerlo en aprietos en caso de perder.
Los comunistas planteamos a la táctica de la auditoría como posible mecanismo para educar a las masas sobre los alarmantes niveles de corrupción en el territorio y que ayude a fomentar su rechazo generalizado al sistema. Pero no sería simplemente delegar esa función en los administradores de turno, sino que sea llevada a cabo por representantes electos por la clase obrera.
Sin embargo, la clase trabajadora no podemos limitarnos estrictamente al campo de la legalidad burguesa. Los sectores conscientes de la clase trabajadora necesitamos construir fuerza política para la lucha contra la ofensiva del capital financiero. Esto solo se logrará mediante la auto organización de los trabajadores en organismos que administren y ejecuten sus instancias inmediatas. Pero estas instancias no son simples entes administrativos, sino a su vez organismos para la lucha política independiente de la clase obrera y sus aliados.
Solo con la clase obrera en el poder se podrá evitar el saqueo de los bienes sociales para beneficio de una minoría ociosa por medio de la nacionalización de la banca y la anulación de todo contrato que privatice bienes public.