Por: Rogelio Acevedo
En días recientes culminó la novela con la que pretendían entretenernos la administración de Ricardo Rosselló, la Junta de Wall Street (JWS) y los medios de comunicación corporativos sobre el supuesto “choque de trenes” que se avecinaba por la aprobación de un plan fiscal para el territorio. Pero afortunadamente para las clases explotadoras, la sangre no llegó al río y la JWS aprobó con algunas enmiendas “menores” el plan presentado por los guaynabitos de la administración territorial. Un plan diseñado por Rothschild & Co., Dentons, Bank of America y Merill-Lynch, los mismos que se han cebado de nuestra explotación por décadas y que ahora asesoran a los administradores del territorio.
Más allá de las contradicciones superficiales entre los intereses de la JWS y los administradores del territorio, este plan es la prueba más contundente de que esas diferencias son solo de forma y no de fondo. Es decir, ambos están de acuerdo en colocar el peso de las medidas de austeridad sobre los hombros de la clase obrera, en la implantación de los “recortes” como medida de desviar el dinero público hacia los bolsillos de la oligarquía financiera y todos los parásitos que les rodean. Este plan se compone de un nuevo catálogo de impuestos, exenciones contributivas a los capitalistas y privatizaciones llevados a niveles nunca antes vistos. Veamos.
La premisa que ha manejado la administración Rosselló se ha basado en que lograrán llevar adelante los requerimientos de la JWS sin afectar los servicios esenciales resulta tan contradictoria como el plan que proponen para cumplirlos. A grandes rasgos, su plan fiscal proyectado a diez años, plantea recortes cercanos a los $2,000 millones anuales en las áreas de educación, salud, subsidios municipales y pensiones. De estos $20 mil millones, los primeros dos años deben cerrar el déficit presupuestario estimado de $7,600 millones. A la misma vez, plantea aumentar los ingresos del gobierno en unos $1,300 millones anuales a través de la extensión del impuesto de 4% a las corporaciones foráneas, el cobro de IVU a compras por internet, el incremento en el cobro a la contribución por la propiedad inmueble, el aumento en tarifas de marbetes, licencias, multas y primas de seguros. Estas medidas se complementan con un recorte de la deuda del 66%.
Para la elaboración del plan, los administradores del territorio se dieron a la tarea de definir lo que serán “servicios esenciales” enmarcados dentro de las áreas de infraestructura pública, educación, salud, seguridad y justicia. Dentro de éstos las áreas que sufrirán los mayores recortes son salud, educación e infraestructura. En el caso de salud, aparte de la próxima finalización para 2018 de las asignaciones para Medicare de la administración de Obama y la derogación del Obamacare por los republicanos, se harán recortes de $300 millones que afectará a cerca de 400 mil beneficiarios, así como otras coberturas.
Para la educación pública, a nivel de las escuelas se proyecta una reorganización fraudulenta que allanará el camino para el cierre de escuelas y la eventual privatización del sistema. Esto sin hablar de la reducción de jornada de dos días para el magisterio y recortes en los sistemas de pensiones en $200 millones anuales. En el caso de la UPR los recortes ascienden a $450 millones, que junto con el aumento en matrícula, prometen afectar de manera drástica el funcionamiento de la universidad. En ambas instancias, estos recortes tendrán el efecto de limitar grandemente el acceso a la educación de los hijos de la clase obrera, que con frecuencia sirve de escape de la pobreza a cientos de miles de jóvenes.
Aparte del evidente impacto que tendrán las medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal, existen grandes contradicciones en el discurso de la administración Rosselló principalmente en lo que respecta a “asegurar los servicios esenciales”. Hipócritamente los guaynabitos plantean proteger esos servicios bajo un abarcador programa de privatizaciones de haberes públicos que incluye carreteras, edificios públicos, puertos y aeropuertos regionales, incluyendo el transporte marítimo. Este plan incluye la venta de instalaciones médicas a empresas privadas bajo el pretexto de que “debido a la crisis fiscal el Estado no cuenta con recursos suficientes para cumplir con todas sus responsabilidades”. Estos argumentos son pura demagogia considerando la experiencia de lo que han sido las privatizaciones en el pasado, donde lo que imperará será el afán de lucro sin importar las necesidades de la sociedad.
La otra pieza del plan que va atada a las privatizaciones es la inversión en infraestructura que se proyecta, $4,500 millones en diez años. Estos están enmarcados dentro de los proyectos de emergencia mencionados en la ley Promesa y no resulta extraño que de las diez obras planificadas cinco está relacionadas a la producción de energía. Estas incluyen proyectos de energía renovable, el incinerador en Arecibo, dos plantas de gas natural en Costa Sur y Aguirre, así como revivir el ‘gasoducto de la muerte’.
La lección más importante para las masas trabajadoras de todo este proceso debe ser en primer lugar, el claro entendimiento de que las supuestas confrontaciones entre la JWS y los administradores del territorio son parte de una burda estrategia populista para hacernos creer que luchan por “defender a los más vulnerables”. Su estrategia se basa en proyectar gran eficiencia en “enderezar” las finanzas gubernamentales presentando un plan fiscal que está en sincronía con los designios de la JWS. Su cálculo (basado en consideraciones electoreras) contempla proyectar a la JWS como los que implementaron las medidas de austeridad en contra de sus gestiones. Sin embargo, en el fondo, tanto la JWS como los actuales administradores territoriales, están en “la misma página” de llevar a cabo una nueva reorganización económica del territorio. Esta se llevará a cabo sometiendo a las masas trabajadoras a una brutal política de recortes y bajos salarios que tendrá como resultado la redefinición del valor de nuestra fuerza de trabajo, es decir, de los elementos necesarios para nuestro sustento.
Considerando el nivel actual de desarrollo de conciencia política de la clase obrera, resulta poco probable que en lo inmediato podamos detener la implantación del plan fiscal de Wall Street. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las diversas expresiones populares de descontento con la tiranía imperante del capital financiero, motivadas por el acelerado empobrecimiento de amplios sectores de la clase obrera y la obscena desigualdad en la distribución del ingreso. Es por esto que se hace urgente la organización política independiente de la clase obrera en consejos que encaucen la lucha desde la perspectiva de los intereses de las mayorías.
Solamente con la clase obrera en el poder político se podrá implementar un programa socialista de reorganización de la economía que priorice las necesidades sociales de creación de empleos, prestación de servicios médicos a toda la población, de educación a todos los niveles, de protección de envejecientes y jubilados, así como, la protección del medioambiente.