Por Abayarde Rojo
La noticia de que la líder de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, ha dado su apoyo al plan impulsado por Julia Keleher para cerrar planteles escolares y abrir lo que queda de la educación pública en el territorio a la privatización mediante una fraudulenta reorganización administrativa es la evidencia más clara de la completa bancarrota de esta «líder» sindical. En momentos en que la administración reaccionaria de Rosselló facilita el asedio de los buitres capitalistas a la sociedad puertorriqueña coincidiendo con el desmantelamiento de los ya debilitados sistemas de educación, salud y protección ambiental, esta líder sindical traiciona a todos los docentes del país con su ejemplo de colaboración activa con los secuaces coloniales.
En vez de instar a los maestros a la resistencia militante a estos planes de sacar ganancias de la situación desastrosa de la educación pública; en vez de instar a la unión obrera entre maestros y otros sectores de la clase obrera en defensa de los empleos y el derecho de la juventud puertorriqueña a una educación de calidad; en vez de denunciar las iniciativas desde Washington para destruir la educación pública y llamar a la unidad entre maestros de Puerto Rico y EEUU en una lucha común para resistir estos ataques contra la educación; en vez de dar un ejemplo de vergüenza y coraje; esta llamada líder ha dado un repugnante ejemplo de abierta traición.
Primero, el plan de reorganización administrativa que se está imponiendo no es nada nuevo. Como muchas cosas en la colonia, es un esquema reciclado que se ha impuesto en muchos lugares de EEUU con los mismos resultados pésimos para la juventud. La creación de un sistema de distritos independientes bajo el pretexto del “control local” es el modelo imperante desde hace generaciones en EEUU donde las desigualdades en la calidad educativa a base de código postal son muy conocidas y atrincheradas.
Lo que propone Keleher, y lo que ha avalado Díaz, es un sistema en que cada distrito autónomo nuevo, o LEA (Local Educational Agency), se ubique bajo el control del liderato político local (ej. alcaldes, senadores, representantes) la cual organizaría correspondiente una junta de educación facultada para esquivar cualquier restricción constitucional sobre el uso de fondos públicos para entidades educativas privadas en el territorio, léase escuelas chárter e instituciones privadas financiadas con vales. El precario estado financiero de los municipios, particularmente de la zona rural, más el énfasis en la solicitud de fondos federales desde los nuevos distritos autónomos sientan las bases para un proceso en que se obtendrán dichos fondos sólo a cambio de permitir su canalización a escuelas privadas mediante los vales además de la implantación de escuelas chárter en Puerto Rico. Las áreas más pobres serán el blanco principal ya que tienden a tener las escuelas de “desempeño estudiantil” más bajo. Éstas van a ver la mayor cantidad de cierres de planteles lo cual allanaría el camino para la privatización de la educación en general.
Ya a nivel federal se está impulsando el nefario proyecto de ley 610 desde la cámara de representantes. Dicha ley “establece un programa educativo de vales, mediante el cual cada estado distribuirá fondos en bloque entre agencias educacionales locales (LEAs) basados en el número de niños elegibles dentro de cada área geográfica LEA. De dichos fondos, cada LEA (1) distribuirá una porción de fondos a los padres que eligen matricular su niño a una escuela privada o educarlo en casa, y (2) hacerlo de manera que garantice que dichos pagos sean usados para gastos educacionales apropiados.
“Para ser elegible para recibir los fondos en bloque, un estado tiene que (1) cumplir con los requisitos del programa educativo de vales, y (2) mandatar por ley que los padres de un niño elegible lo matriculen en cualquier escuela pública o privada . . .”
Segundo, la reorganización administrativa del sistema educativo que se propone se alinea con los cambios propuestos en el régimen tributario en que se contempla una revaloración de la propiedad para aumentar los impuestos sobre la misma. En EEUU, el valor de mercado de las viviendas tiene una relación estrecha con la percibida calidad de las escuelas dentro de un área determinada. Es decir, los impuestos sobre propiedad van directamente a las escuelas dentro del distrito local, razón por la cual dentro de áreas más grandes que contienen varios distritos escolares se da el fenómeno de escuelas públicas geográficamente cercanas que son radicalmente desiguales en los servicios que ofrecen, condiciones de los planteles, etc. ya que se encuentran dentro de diferentes distritos locales. En Puerto Rico, la reorganización administrativa propuesta reproduciría este sistema de asignaciones de fondos y calidad escolar desiguales mientras atrincheraría la segregación escolar.
Keleher no es educadora por lo que ninguna de sus propuestas atiende los problemas fundamentales de la educación. Es, en el lenguaje común de la gente, una buscona que cobra para implementar lo que le dicten los parásitos financieros detrás de la administración territorial. El que Aida Díaz esté dispuesta a colaborar con Keleher en este proyecto tan nefasto da testimonio de su completa degeneración política. Díaz es una oportunista que promueve una línea anti maestro y anti educación pública dentro de la organización sindical del magisterio. Ella desempeña el papel de mantener el magisterio subordinado a los capitalistas.
Los comunistas instamos a la matrícula de la Asociación de Maestros a exigir la inmediata renuncia de la Sra. Aida Díaz por traición a la causa de la educación pública y el magisterio puertorriqueño. Su colaboración con el actual régimen la descalifica como representante legítima de los intereses del magisterio.
Instamos a cada maestra y maestro, cada madre y padre de familia, cada joven consciente y todos aquellos que se preocupen por las futuras generaciones a unirse en lucha militante para oponerse a los planes que se están fraguando. Hacemos un llamado particular a la Srta. Mercedes Martínez y el Sr. Edwin Morales, de la FMPR, el Sr. Nieves de UNETE además de la Sra. Ayala Reyes, de EDUCAMOS, a que unan fuerzas para combatir el plan para desmantelar la educación pública. Reiteramos nuestro apoyo al Frente en Defensa de la Educación Publica (FADEP). La Sra. Keleher no debe gozar de un instante de tranquilidad mientras dirige estos ataques contra la juventud puertorriqueña. Todos los defensores de la educación pública tenemos la obligación moral de imponer la dimisión inmediata de este canalla, Keleher.
Maestra y maestro, madre y padre de familia, joven estudiante: ¡no dejen que vengan a cerrar tu escuela! ¡Resistan los planes de reorganización para la privatización! Luchemos por una verdadera reorganización de la educación basada en una inversión masiva de recursos sociales en la modernización de los planteles, la reducción de los grupos por salón, la paga adecuada y el empleo de más docentes y un currículo basado en la ciencia moderna y el compromiso social con la igualdad.