Por: Mireya Cárdenas
Esta semana, las cámaras de la Legislatura traman una serie de medidas represivas para enmendar el Código Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal. Todas han sido abiertamente vitoreadas por el brazo ejecutivo del gobierno – sépase, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y la Policía — con el claro propósito de enfriar y criminalizar la protesta. El levantamiento contestatario de la clase trabajadora junto a las masas populares es ya un hecho seguro ante el despojo monumental a nuestra clase, por lo que la intensificación de la reacción será sin precedentes. Esto lo saben tanto los administradores de la colonia como la Junta de Wall Street, y por eso actúan de antemano bajo el manto de la “legalidad” burguesa: todo para coartar y suprimir la expresión de las masas. Pero a los dirigentes coloniales y su Junta, estas medidas no les servirán de nada. ¡El pueblo no se amilana ante el saqueo capitalista! ¡No detendremos la lucha organizada, masiva y militante de la clase obrera hasta derrocar la Junta y alcanzar el poder!
Repasemos en detalle las nuevas medidas. El Proyecto del Senado Núm. 307 (equivalente al Proyecto de la Cámara Núm. 742) en discusión pone primeramente como requisito previo a la fijación de fianza que el sujeto esté bajo la supervisión electrónica del gobierno. Igualmente, pretenden eliminar el derecho a pagar un 10% en efectivo y a que no se pueda diferir su pago. Recordemos que en el 2012 el gobierno colonial recibió un claro rechazo del pueblo ante su insistencia en eliminar este derecho constitucional, pero aun así, insisten en minar este derecho con el propósito de poner tras las rejas a los más posibles y botar la llave, en lo que esperan un juicio.
El gobierno territorial de turno también permitirá a los policías realizar más arrestos sin necesitar una orden previa del tribunal. Sumamente preocupante resulta que el gobierno colonial sirviente del capital buitre refrende un nuevo proceso ilegal de fichaje a los ciudadanos: antes de que lleven a una persona detenida ante el juez o magistrado para la celebración de vista de causa para arresto, los policías ahora tendrán vía libre para fichar al detenido con fotos y huellas dactilares.
Las nuevas medidas también allanan el camino a los fiscales del territorio colonial para presentar cierta prueba en la vista preliminar sin contar con el testimonio que quien la produjo, ya sean víctimas o testigos del delito. También permiten que los policías y fiscales puedan cumplimentar las denuncias criminales sin toda la información necesaria.
Esto no es otra cosa que una manifestación más del recrudecimiento de la ofensiva sostenida a la clase trabajadora y masas populares del país por parte del gobierno colonial y la Junta de Wall Street. Estas medidas son interpuestas para desalentar, amedrentar y criminalizar todo tipo de lucha — organizada o no– en defensa de la vida, la dignidad y la salud de los trabajadores y el pueblo.
Los regentes coloniales de turno buscan, además, agravar penas e incorporar delitos por conductas que ya en el pasado – con la antigua Ley Tito Kayak—habían sido derogadas por amplitud y vaguedad. Específicamente, quieren revivir el delito grave de obstrucción o paralización de obras de construcción, lo que incluye impedir la entrada, acceso y/o ocupación de terrenos. Otro delito grave que el gobierno colonial de turno pretende resucitar es el de obstrucción de acceso o labores en edificios de servicio al público o instituciones de enseñanza. Esto comprende la UPR, y los edificios públicos del gobierno. Por otro lado, pretenden criminalizar el uso de máscaras y prolongar al doble – de cinco a diez años—el plazo para que una persona esté sujeta a una pena adicional por reincidencia.
Los trabajadores y el pueblo tenemos claro que nada de esto es casualidad. La aprobación de esta Ley – la tipificación de delitos con el fin de criminalizar la protesta y las enmiendas a las reglas de procedimiento criminal para facilitar la mano implacable y violenta del estado opresor– no se hará esperar. ¡Está en juego el expolio absoluto y sin precedentes de todos los bienes de la clase obrera, de los estudiantes y de las masas populares!
¡El Partido Comunista de Puerto Rico condena y denuncia éstas y cualesquiera otras medidas ideadas por la administración colonial para agudizar la represión desnuda y la criminalización de protesta! ¡Sabemos que estas medidas son un intento de entorpecer lo inevitable: el alzamiento organizado y militante de la clase trabajadora, la juventud universitaria y las masas populares en Puerto Rico!