Por A. Rosariov
La llegada de la nueva administración de gobierno bajo el tutelaje de la Junta de Wall Street ha empezado socavando los derechos de la clase trabajadora. Con la inadmisible y mal llamada “reforma laboral”, el gobierno que tenía un supuesto plan y un diálogo con la Junta de los bonistas, ahora quiere presentarse ante pueblo como el gobierno que no cederá a los mandatos de estos lacayos financieros enviados desde Washington D.C. Incluso, presentan a Elías Sánchez con esta desfachatez de “la voz del pueblo ante la Junta”, nosotros no queremos tener una voz en la Junta de Wall Street, nosotros queremos a la Junta fuera de nuestro país.
La Junta no tan solo viene para que se pague la deuda, sino también para quedarse con los recursos naturales del país y dejárselos en bandeja de plata a los bonistas y sus amigos del alma. En el Título V de la Ley PROMESA especifica que la llegada de la Junta de Control Fiscal va a establecer procesos acelerados de revisión y otorgación de permisos. Entre los planes que tiene esta junta de lacayos es la incineradora de Arecibo, el gasoducto, explotación minera y la continuación de producción de cenizas tóxicas de la AES. Ante estos nuevos ataques que se avecinan contra los recursos naturales del pueblo, nos preguntamos ¿Quién es la nueva designada secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales?
Cabe mencionar que la nueva secretaria brilla por su ausencia en la palestra pública sobre estos temas. La secretaria Tania Vázquez no ha hecho expresiones de ninguna índole sobre estos posibles proyectos y sobre el asunto tan criticado de las cenizas tóxicas. Mientras que los riquitillos se dividen Puerto Rico para realizar sus proyectos sin importar su impacto a nivel ecológico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha pasado desapercibido. Estas luchas sociales-ambientales llevadas alrededor del país, como la situación en Playuela, las cenizas en Peñuelas, la lucha contra le incineradora y el gasoducto, es tan solo el inicio de los planes que tienen estos fantoches.
Según reseña una noticia publicada en El Nuevo Día titulada “Oficina de Gerencia de Permisos tendría amplios poderes con la reforma”, menciona que con la presentación de las reformas de permisos entregada por el ejecutivo, estas ampliarán los poderes del director de la Oficina de Gerencias de Permisos, el Sr. Ian Carlo Serna, para determinar cómo y en cuanto tiempo otorgar los permisos de construcción en Puerto Rico. Todo esto sin importar lo que diga el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Estas reformas que hace el ejecutivo agilizará la otorgación de permisos de construcción sin importar el impacto que estas puedan crear ya que quedarán a discreción del director de la OGPe.
Por otro lado, según la noticia del periódico La Perla del Sur titulada “En Ponce: Llueven críticas tras la contratación de exsecretario del DRNA” menciona que este, el exsecretario del DRNA Daniel Galán Kercadó, ha recibido contratos por consultoría ambiental por parte de la administración de María Meléndez Altieri. Según reseña la noticia, este individuo ha sido criticado por utilizar su influencia para encargarse de permiso ambientales a desarrolladores, por lo que fue la tala de árboles en las inmediaciones de Plaza del Caribe, por defender el establecimiento de un proyecto de una empresa privada para la utilización de vehículos todo terreno en el Bosque Seco, y su inacción ante la destrucción de una red de cavernas en Guayanilla cuando ejercía como secretario del DRNA.
La lucha contra el capitalismo es una ardua que no solo tiene sus escenarios en la calle de obreros contra patrones, sino también en estas luchas ambientales. Ante estos embates del capitalismo, las circunstancias exigen mayor organización de los obreros para defender nuestros recursos naturales y defendernos de los proyectos que afectarán de forma directa e indirecta sobre los trabajadores. En el Programa Político del Partido Comunista de Puerto Rico, en nuestras Demandas Económicas punto 8 exponemos lo siguiente: “la anulación de todos los contratos que han privatizado los recursos naturales y las empresas públicas”. Ante esta demanda que exponemos en nuestro programa, también contestamos y decimos que los recursos naturales del país sean administrados por la clase proletaria bajo la formación de consejos de obreros los cuales determinarán unos planes de desarrollo sostenible de los recursos para el beneficio de todos y la conservación del ecosistema. Que las y los trabajadores estén a cargo de determinar y guiar la implementación de un desarrollo sostenible orientado no hacia las ganancias, sino a las necesidades racionales de la mayoría, lo cual incluye necesariamente la conservación ambiental.