Por Carlos Borrero
Mediante dos órdenes ejecutivas firmadas la semana pasada, Trump cumplió con su promesa de eliminar todos los obstáculos que impiden a los bancos y los agentes financieros aumentar su saqueo.
La primera de las órdenes, aunque vaga en su lenguaje, es claramente un golpe dirigido para debilitar la Ley Dodd Frank de 2010. Dicha ley, que fue aprobada a raíz de la crisis financiera de 2008, ha impuesto unas regulaciones mínimas sobre los bancos y las instituciones financieras más grandes. Sin embargo, vale señalar que la Ley Dodd Frank de ninguna manera ha impedido a dichos bancos e instituciones financieras de hacer miles de millones en ganancias desde que fue aprobada ya que sólo restringe algunas de las prácticas más atroces que amplificaron los efectos de la crisis. Por ejemplo, la ley impone unas restricciones sobre la actividad especulativa a corto plazo de los bancos en títulos, derivados y contratos de futuros adquiridos con los depósitos de sus clientes, una práctica conocida como proprietary trading, a través de la llamada Regla Volcker, una disposición cuyo nombre se refiere al ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker. También creó un organismo encargado de proteger al público de los préstamos depredadores de bancos y compañías de tarjetas de crédito. Estas protecciones básicas son consideradas por Trump y sus correligionarios parásitos un obstáculo a su «derecho» de robar a los consumidores. Su orden ejecutivo allana el camino para la eliminación de estas regulaciones.
La segunda de las órdenes firmadas puso los frenos a la implementación de la llamada Regla Fiduciaria, una medida que estipulaba que los corredores y asesores financieros no podrían anteponer sus propios intereses a los de sus clientes. En otras palabras, de un plumazo el nuevo presidente estadounidense ha enterrado una regulación que les brindaba un mínimo de protección a los retirados de las prácticas poco escrupulosas de las instituciones financieras. Después de eviscerar las pensiones públicas y transferir los ahorros de los retirados a cuentas «privadas» estilo 401K, los capitalistas ahora exigen que los asesores financieros a cargo de dichas cuentas sean libres para manejar dichos ahorros para su propio enriquecimiento con impunidad total.
Este frenesí para desregular la industria financiera no debe sorprendernos. Refleja el mismo compromiso para eliminar cualquier obstáculo a las ganancias de los capitalistas tales como las leyes laborales y las protecciones ambientales. De hecho, la administración de Trump representa el capitalismo en su forma desnuda. Combina la demanda por el derecho irrestricto de extraer al máximo las ganancias con el autoritarismo por un lado, y la agresión imperialista por el otro.
Para aquellos sujetos a la dominación colonial en el territorio de Puerto Rico, los paralelos entre las políticas de Trump y las que están empujando Rosselló con la infame Junta no podrían ser más claros. Las repetidas afirmaciones de Rosselló que “Puerto Rico está abierto para negocios” son una señal de que ejecutará fielmente las directrices de la Junta y eliminará todas y cada una de las barreras a la ganancia capitalista.
Sólo la reorganización revolucionaria de la clase obrera puede contrarrestar esta ofensiva capitalista. Tal reorganización sólo puede tener lugar mediante la dedicada labor que están realizando los comunistas para desenmascarar la verdadera naturaleza del sistema capitalista y educar a los trabajadores sobre la base de un programa socialista.