por Carlos Borrero
La semana pasada, una serie de redadas coordinadas por agentes de ICE, la agencia federal de inmigración y aduanas, resaltó la intensificación de una guerra contra los inmigrantes, particularmente los de origen latinoamericano, que se ha llevado a cabo durante sucesivas administraciones estadounidenses. En el primer despliegue de agentes de ICE bajo Trump, cerca de 700 personas fueron detenidas y deportadas. Las redadas tuvieron lugar en muchas «ciudades santuarios», una clara indicación de que la actual administración tiene la intención de desatar una campaña aún más agresiva contra los inmigrantes en un futuro cercano. En la primera de lo que promete ser más redadas coordinadas, se registraron detenciones en varias ciudades de California, así como en San Antonio, Seattle, Chicago, Atlanta y Nueva York.
Desde que Trump asumió la presidencia, también ha habido casos de detenciones y deportaciones a raíz de comparecencias rutinarias en las oficinas de ICE. Tal fue la experiencia de Guadalupe García de Rayos, quien llegó a Estados Unidos a los 14 años, ha vivido en el país durante 21 años y es madre de dos hijos, ciudadanos estadounidenses, nacidos en Arizona. Cuando compareció a una reunión rutinaria en la oficina de ICE en Phoenix la semana pasada, la Sra. García de Rayos fue detenida y dentro de 24 horas deportada a Méjico, país que no había visto durante más de dos décadas, supuestamente debido a una convicción en 2008 por usar una tarjeta de seguro social falsa para conseguir trabajo. La Sra. García de Rayos, quien dejó atrás a sus dos hijos y su esposo, había comparecido anualmente a las oficinas de ICE sin problemas después su arresto en 2008 ya que a ella no se consideraba una amenaza de actividad criminal.
En otro caso reciente, un joven de 23 años y sin antecedentes penales que vivía en Seattle, Daniel Ramírez Medina, fue detenido después que agentes de ICE llegaron a su casa para arrestar a su padre. Ramírez Medina llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y obtuvo permiso en 2012 para vivir y trabajar en el país bajo el programa DACA, Acción Deferida para los Llegados Menores. Hay aproximadamente 750.000 llamados soñadores amparados bajo el programa DACA, jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos y recibieron permiso especial para vivir y trabajar en el país. El arresto de Ramírez Medina ha enviado un claro mensaje de que este grupo también será blanco en la campaña más amplia llevada a cabo contra los inmigrantes a pesar de las afirmaciones al contrario hechas por Trump.
Los ataques que ahora se están llevando a cabo contra los inmigrantes son en realidad una continuación de la campaña agresiva desatada por la administración de Obama. Obama, como debe recordarse, deportó a más inmigrantes que todas las administraciones anteriores, no obstante la promulgación de DACA. Trump ha aprovechado del precedente establecido bajo Obama, con el que ha combina un virulento discurso anti inmigrante, para expandir las categorías de personas que ahora son objeto de persecución y deportación.
La criminalización de inmigrantes en general, y la demonización de personas de origen latinoamericano quienes forman un creciente porcentaje de la fuerza laboral en Estados Unidos en particular, representan una estrategia consciente para dividir a la clase obrera por líneas étnicas. La promoción del chovinismo étnico mediante consignas como «América Primero» tiene como objetivo redirigir la frustración y la ira legítimas de muchos trabajadores «nativos» o aquellos que se identifican racialmente como blancos, de la verdadera fuente de sus condiciones deplorables, el sistema capitalista y sus defensores, hacia quienes llevan muchas de las mismas cargas para sobrevivir, los inmigrantes y los llamados trabajadores “de color”.
Sin embargo, esta campaña contra los inmigrantes no sólo sirve la función ideológica de subordinar aun más a los obreros a la clase dominante mediante el fomento de divisiones étnicas y de otro tipo. Es el preludio de ataques más intensos que invariablemente se extenderán a toda la clase obrera. La construcción de una amplia red de centros de detención, supuestamente para el alojamiento temporal y exclusivo de quienes esperan ser deportados, junto con la militarización de la policía y el despliegue más frecuente de agentes federales a los centros de trabajo, sirven como simulacros de acciones que se llevarán a cabo contra todas las masas obreras quienes, invariablemente, se opondrán cada vez más a las políticas impuestas por los oligarcas capitalistas.
Esta política anti inmigrante no se limita en modo alguno a Estados Unidos. De hecho, en Europa, el supuestamente respetable régimen de Merkel en Alemania, a la vez que lanza críticas hipócritas contra Trump por medidas tales como la orden ejecutiva para prohibir la entrada a EEUU de musulmanes, ha puesto en marcha su propio plan para aumentar las deportaciones. Al mismo tiempo Hollande en Francia y May en Gran Bretaña han utilizado a los inmigrantes como chivos expiatorios para desviar de los problemas engendrados por el capitalismo mientras promueven el chovinismo nacional para seguir desorientando a los trabajadores ideológicamente atrasados.
Nosotros, los comunistas, denunciamos vigorosamente la guerra que se está librando contra los inmigrantes en particular y contra todos los trabajadores en general. Exigimos el reconocimiento inmediato de igualdad de derechos democráticos para todo inmigrante además de la libertad de movimiento de un país a otro para quienquiera que decida mudarse en busca de trabajo. La clase obrera debe defender los derechos democráticos de todos los trabajadores: nativos o inmigrantes; negro, blanco, latino o asiático; hombre o mujer; homosexual o heterosexual; cristiano, musulmán, judío o ateo. Los trabajadores deben rechazar el veneno chauvinista con el que las clases dominantes intentan dividirlos y debilitar su capacidad de lucha por una nueva sociedad.