por Ismael Castro
En menos de seis semanas, la administración de Rosselló ha puesto en marcha un plan que, en esencia, intensificará la guerra contra la educación pública en el territorio. Esta semana se anunció una nueva ronda de cierres de escuelas, que puede incluir hasta 370 escuelas ya identificadas, además de una reorganización administrativa que convertiría a las regiones educativas existentes en entidades independientes.
Haciendo eco a los mismos argumentos utilizados por la administración anterior, la secretaria de Educación, Keleher, ha declarado que los costos relacionados al mantenimiento de varias escuelas con una matrícula calificada como «baja» representa un desperdicio de recursos. Esta defensora de los capitalistas, por supuesto, no dice que las llamadas ‘consolidaciones escolares’ resultarán en el despido de maestros, un sector de los trabajadores públicos no cubierto bajo el Empleador Único y como tal inelegible para traslados a otra agencia estatal, y tampoco que los recursos a los que hace alusión cuando habla de ahorros forman parte de lo que están exigiendo los parásitos financieros de Wall Street.
La administración de Rosselló está intentando llevar a cabo este asalto masivo a la educación pública bajo el disfraz de «colaboración» con la comunidad en general. Durante el anuncio de los cierres, Keleher hizo grandes esfuerzos para señalar que, contrario a la administración anterior la cual había contratado a una agencia de consultoría para realizar una serie de análisis previa a la ronda de cierres efectuada en 2016, los que se contemplan durante su administración se llevarán a cabo en consulta con la Federación de Alcaldes así como el liderato de la Asociación de Maestros. Primero, la colaboración del liderato de la Asociación de Maestros en este asalto contra la educación pública no debe sorprendernos ya que tiene una larga historia de suprimir la lucha militante de los maestros y de representar abiertamente los intereses de los capitalistas dentro del movimiento obrero organizado. Segundo, tal parece que a la titular de Educación se le olvida que es de conocimiento general que ella también era, y técnicamente sigue siendo, una consultora contratada por el Departamento de Educación. ¡Tal es el grado de arrogancia y desprecio hacia la inteligencia de las masas que caracteriza a los secuaces del sistema!
Sin embargo, el cierre de escuelas, junto con el despido de maestros, es sólo una dimensión de la guerra que se está librando contra la educación pública. La otra dimensión de estos ataques contra la educación pública es la reorganización de las regiones educativas en agencias educativas locales (las LEA por sus siglas en inglés). Junto con el marco legal establecido por la recién aprobada Ley 10, la cual también creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, la creación de dichas entidades independientes exacerbaría las desigualdades existentes en la educación. Mediante dicha ley, los intereses privados ya podrán tomar control de servicios públicos como la educación.
Por ejemplo, los nuevos «distritos escolares» organizados como LEA y con una mayoría de familias pobres – las mismas áreas que de seguro verán una mayoría de cierres escolares – solicitarían fondos federales bajo la condición de que eliminen cualquier restricción a las escuelas chárter. Las escuelas chárter son administradas por entidades privadas, en muchos casos con lazos a entidades financieras como los fondos de cobertura, y financiadas con fondos públicos. (Es sumamente importante destacar que dentro de EEUU, el fenómeno de las escuelas chárter, para las cuales no hay evidencia de mejor desempeño estudiantil con relación a las escuelas públicas, se da en la inmensa mayoría de los casos en las comunidades pobres, y particularmente en los centros urbanos con un alto porcentaje de las poblaciones minoritarias.) Por el otro lado, en las comunidades de gente más acomodada, el establecimiento de las LEA permite que los impuestos sobre propiedad se dirijan exclusivamente a las escuelas locales, lo cual no sólo mantiene las desigualdades dentro del sistema escolar sino también perpetúa las valoraciones altas de la propiedad dentro de aquellas áreas.
El nombramiento de Keleher para dirigir el Departamento de Educación en Puerto Rico es consistente con el patrón general visto por la administración de Trump en el que los funcionarios del gabinete que son abiertamente hostiles a la misión de una agencia federal determinada son los mismos seleccionados precisamente a dirigir dicho ente estatal. Esto se ha visto en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con Scott Pruitt y el Departamento de Educación al nivel federal con Betsy DeVos, y ahora se está viendo en el territorio con Julia Keleher al mando de la DE. Keleher no es educadora. Es una secuaz de los capitalistas en busca de reducir al mínimo el acceso a la cultura para los hijos de familias obreras y convertir lo que queda de la educación pública en una fuente de ganancias.
Ya varios grupos de maestros han tronado en contra de los planes anunciados por Keleher. Los comunistas nos solidarizamos con todos los que se oponen militantemente a estos ataques contra la educación pública a la vez que les instamos a todos los maestros, los directores comprometidos con sus comunidades escolares y todas las familias obreras a reorganizarse para defender la educación pública tomando control de las escuelas. ¡Maestro, toma control de tu escuela! ¡No más cierres de escuelas! ¡No más recortes a la educación!