Por Abayarde Rojo
En un ambiente de preocupación general y movilización masiva a nivel del sistema UPR, el reciento de Rio Piedras celebró su asamblea donde aprobó un paro de 48 horas. Esta asamblea ocurre como la culminación de una serie de asambleas realizadas en diferentes recintos del Sistema UPR: Cayey, Arecibo, Ponce, Mayagüez, Bayamón, en las cuales se decretaron paros por parte del estudiantado. Sumado a esta, se han dado una serie de expresiones en favor del paro, como el decretado para los días 23 y 24 de febrero por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), junto con una marcha convocada por esta organización de docentes para mañana en la isleta de San Juan.
Este medio supo que previo a la celebración de la asamblea, en conferencia de prensa celebrada frente a la torre, la Hermandad de Empleados Exentos No docentes (HEEND) expresó preocupación por los recortes propuestos, así como respaldo a las acciones de otros sectores universitarios. Durante la asamblea también se informó que los recintos de Aguadilla y Humacao aprobaron paros de 48 horas. Mientras se desarrollan estos eventos, las propias autoridades universitarias escogidas por la administración Rosselló, en voz de su presidenta Nivia Fernandez, reconocen que los recortes exigidos por la Junta de Wall Street, tendrían el efecto de desmantelar la universidad.
La asamblea atendió varios asuntos como la cuestión de género en el recinto y el informe de la presidencia. También evaluó la situación actual de la universidad a partir donde expuso el difícil panorama fiscal que enfrenta la UPR a raiz de los recortas propuestos por la actual administracion en el Plan Fiscal. De hecho, mientras se celebraba la asamblea se hicieron públicos algunos recortes propuestos en dicho plan por la administración universitaria. El monto total de los recortes asciende a $197 millones desglosados entre alza de matrícula, recortes en exenciones, reestructuraciones y consolidaciones administrativas. En el mismo se propone lograr recaudos de $31 millones en alzas de matrícula; $8 millones en consolidaciones académicas, es decir, en eliminar programas, así como $36.6 millones en reducir gastos operacionales. También se plantea reducciones en la plantilla docente de $50.3 millones, lo que significará la eliminación de numerosos cursos y los despidos correspondientes.
Los trabajadores y estudiantes no deben dejarse engañar de que este recorte «está por debajo» de la cifra que propone la Junta de Wall Street, ya que este es solamente para este año fiscal. Estos recortes están programados hasta el 2021, periodo que además permanecerá congelado su presupuesto. Estos recortes, no como se plantean en el papel, sino en su implementación, representará un severo golpe a los estudiantes, trabajadores y a la sociedad en general.
Dentro de este complejo escenario, distintos sectores universitarios han planteado variadas propuestas para evitar mayores impactos a la estabilidad financiera de la UPR. Por una parte, están sectores que impulsan el paro como forma de golpear políticamente a la administración actual, pero sin propuestas concretas más allá de “exigir” que se respete la autonomía universitaria y su asignación presupuestaria. Otros sectores estudiantiles impulsan el paro como medida táctica para ejercer presión sobre los administradores del gobierno y la universidad, proponiendo una reforma universitaria. Mientras otros impulsan una matrícula ajustada al ingreso (MAI) con algunos matices que la diferencian de la propuesta similar que impulsa la administración actual.
Todos estos sectores están de acuerdo en la necesidad de un paro como medida de presión, aunque se diferencian tácticamente en los reclamos sobre cómo deben manejarse las políticas de recorte de la Junta de Wall Street. Sin embargo, el problema fundamental de todas estas propuestas radica en que, por una parte, plantear una reforma universitaria en un contexto de desmantelamiento del sistema actual, que incluye la educación publica, no responde a los planes que tiene la oligarquía financiera con el territorio de Puerto Rico. Aunque una reforma universitaria es deseable y se debe luchar por ella, los administradores, más allá, de sus discursos de conciliación, las únicas reformas que atenderán estarán relacionadas a estructurar el desvío de fondos públicos hacia el pago de la deuda.
Referente a la llamada autonomía universitaria, esta ha probado ser un formalismo por su vulnerabilidad ante los designios de las administraciones de turno en el manejo de sus asignaciones presupuestarias y en los nombramientos de representantes de los partidos a sus cuerpos directivos. En la coyuntura de Promesa, la universidad está a merced del Plan Fiscal que preparó la administración Rosselló como imposición de la Junta de Wall Street.
En cuanto a la propuesta de matricula ajustada al ingreso (MAI), si bien hay diferencias en los ingresos de los estudiantes, no se debe aceptar esta propuesta ya que estos tendrían que incurrir en prestamos para poder pagar sus estudios. Este hecho también tendrá serias repercusiones en el mercado laboral ya que pretende dirigir al estudiantado a determinados campos, lo que tendría el efecto inmediato de bajar el valor de su fuerza de trabajo.
Sin embargo, todos los sectores universitarios deben ampliar su visión más allá de la táctica del paro, huelga y de los efectos que tendrán las medidas antipopulares en su ámbito específico. En esta coyuntura se hace necesaria la construcción de consejos obrero-estudiantiles para que desde esas instancias se elaboren las tácticas más adecuadas que aseguren el avance de la lucha contra el capital.
Solo en la sociedad socialista podremos proveer a la sociedad con una educacion de manera cientifica y práctica a todos los niveles sufragada por el Estado y con empleo garantizado basado en un ajuste cientifico de la jornada laboral.
