Por Rogelio Acevedo
Nuevamente la burguesía criolla, no satisfecha con la aprobación de la reforma laboral y la ley 3, continúa ampliando su ofensiva en contra de las masas trabajadoras y el pueblo en general a través de sus títeres instalados en el gobierno del territorio. Ya lograron la abolición de la jornada de 8 horas, la desaparición de importantes derechos que protegían a los trabajadores de sus patronos y forzaron al gobierno a poner en subasta todo el patrimonio público que sus apetitos de lucro consideren de interés. Pero faltaba el “frostin” del bizcocho: el desmantelamiento de las leyes que protegen el patrimonio natural e histórico nacional.
Como parte de su estrategia de “desarrollo económico y creación de empleos” han montado esta parte de su campaña política y mediática sobre las llamadas trabas para “la apertura de nuevos negocios y de reglamentación excesiva”. Este es un argumento demagógico que nuevamente esconde sus verdaderas intenciones de enriquecimiento a costa de los intereses de la mayoría de la sociedad. Esto es siguiendo la pauta dictada por el pasado Informe Krueger, de la asociación internacional de capitalistas llamada World Economic Forum y por supuesto, la Junta de Wall Street. Veamos.
En el ámbito de la solicitud de permisos para apertura de pequeñas y medianas operaciones comerciales la burocracia administrativa del territorio resulta apabullante. Este entramado burocrático de “permisología” es aplicado con rigor contra pequeños y medianos negocios, mientras que para el gran capital corporativo no hay restricciones ya que este cuenta con todo un ejército de cabilderos que aseguran la aprobación de sus solicitudes de forma expedita. Es decir, “fast-track”.
Pero de lo que verdaderamente trata este nuevo proyecto es de derribar las restricciones que impiden o requieren de un proceso de evaluación y de “participación ciudadana” en la toma de decisiones en lo que concierne a proyectos de construcción, particularmente en áreas ecológicas sensitivas, como costas y terrenos agrícolas. La actual legislación, aunque parcialmente modificada con la ley de permisos de la era de Fortuño, todavía permite que los ciudadanos impugnen en los tribunales decisiones administrativas del gobierno. El caso más reciente ha sido la lucha contra las cenizas en Peñuelas.
Hasta que se apruebe esta nueva ley, es la Oficina de Gerencia de Permisos es la encargada de evaluar solicitudes y permisos de construcción. Con el nuevo estatuto se creará una plataforma cibernética donde se integrarán las solicitudes de permisos y consolidará varios aspectos en un mismo trámite. Aunque divide responsabilidades con la Junta de Planificación, agencia que atenderá las querellas, el aspecto principal es que ya no existirán criterios que favorezcan la protección ambiental y que se obtendrán permisos de forma inmediata.
Esta nueva movida se enmarca dentro del Plan para Puerto Rico de la actual administración y camuflajeado con la pantomima de antagonismo con la JWS. Sin embargo, este proyecto encaja perfectamente dentro de la cláusula de los “proyectos de emergencia”, que aparte de plantas de quema de basura y carbón, producción eléctrica; incluirá hoteles, campos de golf y toda una infraestructura que se ubicará en terrenos de gran valor ecológico. Esta es la vuelta al “Such is Life” de la era de Fortuño. La clase obrera debe luchar para impedir a toda costa esta perniciosa ley.
Las circunstancias exigen de la clase obrera el desarrollo de la conciencia, nuestra organización política independiente que nos permita desarrollar una lucha política que no solo revierta todos estos planes, sino la toma del poder político. Por eso, solamente en un régimen político y económico socialista, controlado y dirigido por la clase obrera, aparte de las protecciones al medioambiente, toda ley de aplicación e impacto nacional deberá ser refrendada mediante votación por el pueblo. Esto asegurará que leyes que impacten a toda la sociedad sea evaluada por quienes se verán impactados por las mismas.