por Emilio
El actual gobierno, continúa imponiendo sus medidas contra la clase trabajadora, al servicio de la Junta Dictatorial de Wall Street. La crisis del capitalismo mundial que se vuelca sobre la Isla, agravada por su condición colonial, se mantiene como la gran justificación del gobierno para despojar a la clase trabajadora de sus derechos.
La recién aprobada Ley 3, firmada el pasado 23 de enero, para supuestamente, “atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, se convierte en otra afrenta más hacia los trabajadores y trabajadoras.
La ley continúa con las medidas antiobreras de la Ley 66; no incluye clausulas económicas en los convenios colectivos; acoge las órdenes ejecutivas relacionadas a la congelación de plazas vacantes, contratos y otras medidas de austeridad. Además, extiende a 10 años el arbitrio de 4% sobre las corporaciones foráneas, faculta al gobernador a remover a miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas y colocar a los suyos, congela el presupuesto de la UPR, e impone mayores restricciones para las licencias por enfermedad de los trabajadores, entre otros aspectos relacionados.
El verdadero móvil de dicha ley está no en la búsqueda de bienestar para el pueblo, como lo repite insistentemente el Gobierno, sino en un sometimiento y alineamiento del Estado a la Junta Dictatorial. Según expresó en prensa el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortes: “Es una ley necesaria que incluso ha sido reconocida por la Junta de Supervisión Fiscal a la hora de darle un alivio a Puerto Rico con la extensión del plan fiscal y la paralización de litigios de acreedores.” El entre líneas de esta declaración confirma una vez más que el gobierno está al servicio de los bonistas de Wall Street. Como tal, ligado al concierto de medidas a favor del capital, como la llamada “reforma laboral”, el empleador único, la proyectada reforma contributiva y energética, pretende condenar a la clase trabajadora al desempleo, mayor explotación y empobrecimiento.
Mientras tanto, en el ejercicio de poder, se comienza a mostrar la verdadera cara dictatorial que encubre la democracia burguesa, para garantizar el saqueo general del país por los capitalistas e imponer su dominio de clase. Se pretende ampliar las facultades del ejecutivo mediante la extensión de un período de emergencia con el pretexto de evitar un cierre de gobierno, lo que sabemos, históricamente ha desembocado en mano libre para profundizar en las medidas de austeridad que desde la lógica del capitalismo y ante la nueva fase de lucha de clases, intenta consolidar la dominación del sistema y desarticular la lucha de los trabajadores. Ante esto, la clase trabajadora debe procurar organizarse de forma independiente. Insistimos en los diálogos sindicales y las asambleas de trabajadores como fuente de poder político en los centros de trabajo y en los barrios a lo largo del país.