Por: Ian Flores
El 18 de enero de 2017, la Junta de Wall Street (JWS) le envió una carta al administrador del territorio, Ricardo Rosselló, detallando los recortes para garantizar que el capital continué generando ganancias a costo de la clase trabajadora de Puerto Rico. En dicha misiva, informan, entre otros recortes, que la Universidad de Puerto Rico deberá hacer un ajuste presupuestario de $300 millones para el comienzo del año fiscal del 2019. Proponen que se logre este recorte, a través del despido de empleados exentos no-docentes, de profesores, reducción de costos operacionales y de mantenimiento de la Universidad. Estos recortes no son suficientes, también mencionan implementar una matrícula ajustada a los ingresos (MAI), y hacer de la Universidad una de servicio a la comunidad internacional y no tanto al país, a través de aumentar el número de estudiantes internacionales.
Roselló no tardó en contestar, ya que el 20 de enero de 2017 le envió una carta a la JWS diciendo que la Universidad debe independizarse del sistema centralizado de los recintos grandes y proceder a especializar los recintos pequeños. Esto podría causar la desarticulación del sistema UPR, en pro de la privatización de recintos como el Recinto Universitario de Mayagüez, y el cierre de algunos recintos pequeños. Como segunda propuesta, el gobierno de Puerto Rico propone la MAI para estudiantes que no reciban asistencia económica. Esta medida es de gran preocupación ya que lo que han planteado los diversos representantes estudiantiles ante las estructuras de gobernanza, es que esto causaría un éxodo masivo de estos estudiantes a universidades privadas, y en un mediano plazo, habría que implementar la matrícula ajustada a ingresos a los estudiantes que también reciben asistencia económica. En la misiva, no se rechaza la posibilidad de despidos a empleados y profesores del sistema.
Ante este tétrico y decadente panorama, el 16 de enero de 2017, la presidenta interina del sistema UPR, la Dra. Celeste Freytes, renunció a su cargo efectivo el 21 de febrero de 2017. Este acto, que se podría denominar de cobardía o de traición, fue seguido de la renuncia de 9 de los 11 rectores de los diferentes recintos, incluyendo a la ahora ex-rectora de Río Piedras, María de los Ángeles Castro. Los estudiantes no deben de nublarse con sus renuncias. Mientras en sus cartas exponen como se oponen a los recortes, demuestran que responden a los intereses de Wall Street y la administración al renunciar sin el mero hecho de utilizar sus puestos para defender la Universidad.
Bajo este panorama recintos como Ponce se encuentran en paro y el RUM aprobó un paro para el 22 de febrero. Los profesores de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) aprobaron un paro para el 23 y 24 de febrero. Esto un día después de la Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.
¿Qué hacemos la comunidad universitaria tras este embate?
Hacemos un llamado para que estos paros se realicen en total cooperación y organización entre todos los trabajadores de la Universidad incluyendo al Sindicato de Trabajadores, HEEND, Federación Laborista del RUM, APPU y la CONAPU. Debemos de transformar las horas en los portones en espacios donde los trabajadores y los estudiantes deliberen métodos para proteger la Universidad del ataque de Wall Street y el capitalismo colonial.
Debemos proponer la construcción de consejos obrero-estudiantiles para propulsar tácticas puntuales para poder combatir estratégicamente al capitalismo voraz que amenaza con la Universidad pública.
Esta propuesta de construcción de consejos obrero estudiantiles no debe ser una consigna hueca sin contenido político. Descansa sobre el aspecto de que ante el embate que se avecina, urge la necesidad de la unión táctica entre trabajadores y estudiantes como única forma de que el paro resulte en una victoria que impulse el proceso hacia adelante.
Denunciamos que ante todo este ataque a la educación, al gobierno no le interesa ningún plan coherente para crear y garantizar empleos a los estudiantes universitarios. ¿Por qué exigir pagar más por estudiar? Esta anarquía en el mercado laboral a quien único beneficia es a los capitalistas, quienes logran más control de los salarios.
La comunidad universitaria debe reconocer que todo lo que estamos viviendo es por la crisis del sistema capitalista en sí: este es el meollo del asunto. Mientras continuemos viviendo en este sistema depredador, engordando a unos pocos y empobreciendo a la mayoría, continuaremos teniendo las mayores desigualdades en nuestra sociedad, incluyendo el desmantelamiento de la educación pública.
Ante esto es necesaria una reorganización socialista de la sociedad para reorientarla hacia un plan nacional de desarrollo sostenible. Ante la imposición de más costos al estudiante, exigimos del Estado sufragar la educación mediante la imposición de mayores contribuciones a los que acumulan capital. Solo una sociedad socialista, podrá combatir y trabajar para erradicar estos males. Sólo una sociedad socialista dirigida por los trabajadores logrará tener una Universidad en pos de los bienes sociales.
¡Construyamos poder obrero y estudiantil en la Universidad!