Por Rogelio Acevedo
A pesar de las movidas del gobernador Rosselló de apaciguar la ofensiva de los bonistas de los GO’s (Bonos de Obligación General o GOB), estos lograron que el juez federal Francisco Besosa atendiera una petición para que revierta la ley de moratoria aprobada por la administración anterior. La ley de moratoria aprobada por Alejandro García Padilla paralizaba el pago de determinados tipos de bonos bajo el argumento de “continuar brindando los servicios esenciales”. Esto a pesar de que Rosselló expresó la semana pasada a los “bonistas del patio” que se aseguraba el pago parcial a los intereses ($150 millones colocados en una cuenta en la banca privada) y que a la misma vez enviaba un mensaje a los bonistas en general de su total disponibilidad a negociar términos.
Otros bonistas agrupados dentro de los Ad Hoc-GO’s (que incluye a los “del patio”) de la firma de inversiones Lex Claims logró que Besosa levantara la paralización de litigios contra el ELA, abriendo la puerta para lo que se anticipa será una avalancha de demandas. Esta determinación, que va contra lo dispuesto en la ley Promesa y la extensión que otorgó la Junta de Wall Street (JWS) al gobierno hasta el 1 de mayo, pone en serios aprietos a la administración del territorio.
Esta situación presenta un complejo panorama que se desdobla en contradicciones a distintos niveles y que, bajo las condiciones de desorganización de la lucha popular, pronostica grandes atropellos contra las masas trabajadoras. Veamos.
Por un lado, está la contradicción donde, según Promesa, es la JWS quien tiene a su cargo la representación de los intereses del territorio en el tribunal federal. Tal pareciera que, hasta el momento, la JWS ha dejado en la estocada a Rosselló al no intervenir en el pleito, al punto de que es la administración Rosselló quien tendrá que apelar esta decisión al circuito de apelaciones de Boston. Esto abre la posibilidad a que los “roces” entre la JWS y los administradores del territorio empiezan a hacerse evidentes por sus “desacuerdos” en la dimensión de los recortes propuestos y que la ganga de Rosselló conoce bien del costo electoral que esto podría tener.
Pero a la misma vez, las acciones de la JWS para escarmentar la arrogancia de los guaynabitos de Rosselló, entorpece sus requerimientos a la administración del territorio a preparar planes fiscales. Si se abren las compuertas a demandas de bonistas, toda la planificación que se haga para los recortes se verá desorganizada hasta el punto que la propia JWS podría incumplir los propósitos para los que fue creada. A fin de cuentas, esto se reduce a luchas encarnizadas entre agrupaciones de capitalistas y sus representantes criollos.
Una de las confrontaciones recientes más visibles ha sido entre precisamente los bonistas de los GO’s y los de COFINA. El origen de esta guerra (que incluye los medios de comunicación) es en la fuente de pago ya que los bonistas GO’s reciben su pago del Fondo General (FG), el cual está asegurado por la constitución, mientras que los bonistas de COFINA lo reciben directamente de los ingresos del IVU. Por la presión que tiene el FG al llevar la carga de las operaciones gubernamentales (que incluye pagarle a otra agrupaciones de bonistas), ha tenido el efecto de afectar los pagos a sus bonistas, mientras los Ad Hoc COFINA han continuado recibiendo sus pagos. Esta lucha en nada tiene que ver con lo que es constitucional o legal, sino que es un burdo enfrentamiento entre grupos de capitalistas.
A nivel de medios los Ad Hoc- GO’s han llevado la iniciativa utilizando como representantes a “personas comunes” para lavar su imagen. Aunque ambas agrupaciones de bonistas incluyen cooperativas, jubilados y personas en su carácter individual, sus componentes mayoritarios son firmas de inversiones. La gran mayoría de estas personas hacen esas inversiones usando como intermediarios firmas de inversión, lo que les elimina cualquier toma de decisión y de participación en el proceso. En el caso de los jubilados y otros planes como los 401K, estos dineros se componen de salarios diferidos que son enajenados de su control una vez llegan a manos de estas firmas.
Independientemente de quien gane estas confrontaciones, su resultado no cambia nuestra situación de súper explotación, ya que las masas trabajadoras somos rehenes en estos conflictos. No nos debemos dejar manipular por estas campañas mediáticas, de los grupos de bonistas, de las autoridades federales y de la administración de Rosselló, todos vestidos de corderos pero que los une un interés común: defender y restaurar el capitalismo a costa nuestra.
Es por esto que la clase obrera debe organizarse políticamente de manera independiente para poder desarrollar la lucha contra la explotación y la construcción del socialismo. Solo una sociedad controlada y dirigida por la clase obrera puede asegurar la supresión total de la deuda pública y destinar esos recursos para satisfacer sus necesidades.