Por Ismael Castro
En su respuesta pública a las últimas directrices de la Junta de Wall Street, el gobernador del territorio intentó proyectar una imagen de “defensor del pueblo”. Nada podría ser más lejos de la verdad. Toda la bravuconería reflejada en los titulares de prensa relacionados a su carta en respuesta a la Junta es equivalente a posturas huecas.
Veamos.
La Junta de Wall Street exige unos $1.5 mil millones en ingresos adicionales mediante mecanismos y tecnología para perseguir a evasores contributivos además de la revalorización de la propiedad con el fin de subir las tasas impositivas sobre ella. Rosselló le contesta que sólo 2.5% de la población (89.000 personas) tiene ingresos que superan $60.000 anuales – testimonio en sí del grado de desigualdad que existe en Puerto Rico – y por lo tanto la única estrategia viable para exprimir más de las masas tiene que priorizar el aumento de los recaudos del IVU. Se compromete, sin problema ninguno, a revalorizar la propiedad.
Mientras Rosselló monta una defensa ‘populista’ para simular su oposición a la reducción aun más profunda de la nómina exigida por la Junta, destaca una serie de medidas ya tomadas o por imponerse que para los efectos resultarán en una combinación de despidos, reducciones salariales y de beneficios además del empeoramiento de las condiciones laborales para los dichosos que pueden conservar sus empleos. Entre estas se destacan su orden ejecutiva para reducir en un 10% los gastos de gobierno, la consolidación de agencias gubernamentales, la privatización de servicios mediante las alianzas público privadas y las disposiciones draconianas incluidas en la mal llamada reforma laboral.
En un signo del doble discurso que caracteriza al alto liderato del PNP, el mismo Rosselló quien recientemente inició gestiones para congraciarse con la administración de Trump le escribe a la Junta comunicándole confianza en su capacidad de convencer al congreso republicano de otorgarle paridad en los fondos de Medicare y Medicaid para el territorio. Mientras tanto, ese mismo cuerpo legislativo está tomando medidas para eviscerar ambos programas. La realidad que tanto Rosselló como Jenniffer González quieren esconder es que la única ‘paridad’ en la asignación de fondos de Medicare y Medicaid que contemplan los republicanos es una reducción drástica de los fondos destinados a los estados a niveles iguales a los que se le asigna ahora a Puerto Rico. El resto de su compromiso hueco de no «sacrificar la salud de nuestro pueblo o el acceso a los servicios de salud» equivale a la exclusión de varios servicios médicos básicos de la cubierta médica, aumentos de los copagos, la apertura del mercado para aseguradoras y la imposición del pago por rendimiento, un incentivo para reducir el estándar de cuidado, a los médicos.
Con respecto a la Universidad de Puerto Rico, los dos lados están de acuerdo con aumentar las tarifas de matrícula. Lo que está por resolverse es si se puede extraer más mediante una reducción de nómina o la transformación de la UPR en contratista de la administración del territorio. Aunque esta última puede parecer algo ‘novedoso’, es preciso recordar que cualquier estrategia futura orientada hacia la generación de ingresos mediante la prestación de servicios por peritos universitarios dependería de su subordinación ideológica a las exigencias de la administración del territorio. En todo caso, es poco probable que las reformas contempladas excluyan despidos y/o la sustitución de empleados permanentes por personal ‘por contrato’.
Tal vez la más absurda afirmación de Rosselló en su carta a la Junta era su mentira grosera en la que dice, “la pobreza no es una opción para las personas que han trabajado incansablemente para el gobierno”. Ninguno de los defensores políticos del capitalismo se preocupa por la miseria impuesta a las masas, especialmente después de que un obrero haya prestado años de servicio. ¿Cuál es la propuesta de Rosselló para los jubilados? Eliminar los beneficios definidos y convertir los planes de retiro en cuentas 401K a disposición de las firmas financieras. Para los defensores políticos del capitalismo, un trabajador no tiene derecho a una jubilación segura a menos que sus ahorros de toda la vida sean puestos a disposición de estafadores profesionales para apostar en el mercado.
Lo que resulta de este intercambio de cartas son diferencias tácticas mínimas entre la nueva administración y la Junta de Wall Street alrededor de cómo extraerles más a las masas para satisfacer las exigencias de los parásitos financieros. La nueva administración, que sin dudas reconoce su falta de apoyo popular, quiere pisar ligeramente ya que no quiere revolcar el avispero de resistencia popular que hasta ahora se ha quedado latente. Al final de día llegarán ambas partes a un acuerdo como demuestran las múltiples afirmaciones de Rosselló respecto a su compromiso de colaborar con la Junta de Wall Street.
La carta de Rosselló es un compendio de desvíos y mentiras. Él no es ni defensor de las masas trabajadoras ni se opone en lo más mínimo a la Junta. Tal como todos los demás gobernadores en el territorio, Rosselló es el principal administrador del aparato encargado para ejecutar fielmente las directrices de los capitalistas en Puerto Rico. Estas directrices reflejan los intereses capitalistas los cuales son irreconciliablemente antagónicos a los de las masas obreras.
La única manera para las masas obreras montar una oposición verdadera a lo que plantea tanto la Junta de Wall Street como Rosselló es mediante su reorganización política independientemente de todos los partidos políticos defensores del capitalismo. La historia hasta ahora ha dado solamente una forma para tal reorganización: los consejos obreros.