Por Carlos Borrero
El discurso que ofreció Ricardo Rosselló durante la toma de posesión fue todo un despliegue de arriba abajo de las más crasas y cínicas distorsiones. Desde que arrancó con su diatriba de falsedades quedó al descubierto el verdadero público al que se dirigía Rosselló, un hombre que con tan sólo 22% del voto del electorado el pasado noviembre ahora encabezará el aparato moribundo del Estado territorial. Entre sus agradecimientos a los representantes del imperialismo estadounidense, los jueces y politiqueros alcahuetes del territorio y la fuerzas militares que los defienden, no hubo ni una palabra de gracias a las masas de trabajadores quienes, con razón, ven a la administración entrante con suma desconfianza. Y lo que siguió a esta apertura reveladora fue confirmación del carácter anti obrero de lo que viene.
Con mucha pompa y autosatisfacción, Rosselló detalló una serie de órdenes ejecutivas con las que afirmó haber establecido el tono para su política pública en los próximos años. Entre éstas, se destaca la inmediata reducción en 10% del presupuesto corriente como señal al capital financiero de su compromiso de seguir imponiendo medidas de austeridad para garantizar el próximo pago a la deuda en febrero. Toda la fanfarria alrededor de las reducciones en 20% de los gastos relacionados a los puestos de confianza y 10% en los contratos para servicios es retórica hueca. Tales reducciones serán dirigidas exclusivamente a los designados y contratistas vinculados al PPD. Estas medidas, junto con otras como la asignación presupuestaria “base cero”, la cual elimina la autonomía fiscal de las agencias públicas, y el gobierno “empleador único”, que fortalece el control sobre los trabajadores públicos que ahora podrán ser trasladados sin considerar sus títulos profesionales, tienen como propósito centralizar más control en manos del gobierno central.
Otra de sus órdenes ejecutivas creó el llamado Centro de Oportunidades Federales (COF) le cual, junto con la proyectada Oficina del Coordinador para el Financiamiento Económico y la Autogestión (OCFEA), son los pilares de la estrategia para desmantelar lo que queda de aquellas agencias públicas que prestan servicios esenciales a la ciudadanía. Según sus propias palabras, el COF facilitará la consecución de fondos federales por las empresas privadas y las organizaciones ‘sin fines de lucro’ mientras la OCFEA coordinará el traspaso de los servicios públicos que hasta ahora han prestado las agencias gubernamentales al sector privado. Estas medidas afianzan la dependencia además de la subordinación de la prestación de los servicios públicos esenciales en el territorio a una de las administraciones federales más reaccionarias en la historia de EEUU. Son al mismo tiempo un ataque, no tan velado, contra los trabajadores del sector público. Al traspasar los servicios públicos esenciales a manos privadas, los trabajadores que prestan estos servicios directamente al público perderán la más mínima garantía de beneficios y protecciones que hasta ahora ha dado el gobierno.
El más claro reflejo del compromiso de la nueva administración con la intensificación de la privatización dictada por el capital financiero quedó demostrado con el estado de emergencia que fue cínicamente declarado para el área de la infraestructura. Esta orden ejecutiva allana el camino para futuras enmiendas a la actual ley de alianzas público privadas que permitirían la capitalización de los planes de pensiones y otros “fondos locales” para financiar proyectos de infraestructura. En otras palabras, las nuevas enmiendas que propondrá la administración de Rosselló legalizarían el saqueo de los ahorros colectivos de los trabajadores – sus salarios diferidos reunidos en los fondos de pensiones – y el uso de dichos fondos en el financiamiento de obras públicas las cuales quedarían bajo el control de empresas privadas. Estas empresas, además de recibir créditos tributarios de sus inversiones hechas con el dinero “prestado” de los fondos de pensiones, retendrían los derechos a los ingresos generados por dichos proyectos de infraestructura. Más allá de engañosos, los comentarios de Rosselló al respecto ponen de manifiesto el carácter criminal de los planes fraguados por el capital financiero a ser ejecutados por la nueva administración. Y esta criminalidad es doblemente repugnante cuando se consideran los ataques que se están llevando a cabo actualmente contra las pensiones de los trabajadores del sector público.
Ninguna declaración pública de un líder de la Palma sería completa sin algún ejemplo de su completamente absurda obsesión con la asimilación cultural forzada. El énfasis puesto en el «bilingüismo», que Rosselló describió como «una herramienta para el desarrollo de los niños» no tiene nada que ver con el compromiso de asegurar que cada estudiante reciba una educación integral y de calidad para su desarrollo. Más bien, el bilingüismo en la boca de un charlatán como Rosselló es una frase vacía que refleja las inseguridades de aquella élite colonial que vive para servir a sus amos imperiales. En ningún momento habló Rosselló de priorizar la eliminación de la pobreza cuyo impacto en la población en general y entre la juventud en particular es bien documentado. Tampoco propuso un plan para financiar adecuadamente las escuelas o invertir en el desarrollo de los maestros. Al contrario, prometió traspasar las «escuelas abandonadas» a las microempresas y a otras organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, al mismo tiempo en que insinuaba la futura sustitución de maestros por la nueva tecnología informática a través de programas desarrollados por la recién creada Oficina de Tecnología e Innovación.
Incluso el intento de Rosselló de «jugar a la carta de la mujer» no representaba nada más que aquella moralidad hipócrita tan típica de los representantes políticos de la clase capitalista. En momentos en que la clase capitalista y sus representantes políticos imponen brutales reducciones salariales sobre todo a los trabajadores más jóvenes, saquean las pensiones de los trabajadores, eliminan las protecciones laborales y refuerzan su aparato represivo para aplastar la resistencia de las masas obreras, la decisión de otorgar “igual paga por igual trabajo” a las mujeres empleadas por el gobierno central representa una concesión magra. De la misma manera, el sermón hueco contra la violencia doméstica, la cual prolifera como consecuencia de la profunda enajenación, la incertidumbre y la desesperación producidas por el capitalismo representa el pináculo de la hipocresía. Esto no se dice para justificar tales actos de violencia, sino para resaltar la forma superficial en que los defensores del sistema capitalista presentan estos fenómenos sociales.
Los planes delineados en el discurso de Rosselló vienen directamente del libreta de jugadas de la Junta de Wall Street. Y no debe caber la menor duda de que él será un fiel ejecutor de estos planes orquestados por los parásitos de Wall Street. Ante esa realidad, la reorganización revolucionaria de la clase trabajadora cobra una urgencia inmediata. Los trabajadores no deben prestar ningún apoyo a la nueva administración. Al contrario, debemos fortalecer nuestras fuerzas para oponernos revolucionariamente a la administración de Rosselló en todos los frentes.