Fondos buitres se apoderan de fondos para pensiones

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Por Rogelio Acevedo

En una movida magistral, la agrupación de bonos buitres liderados por Altair Global Credit Opportunities y UBS Financial Services, logró lo que llevaba meses impulsando: que los tribunales federales, en la metrópoli y en el territorio, les dieran acceso a los fondos de pensiones del gobierno. La clase obrera se preguntará ¿cómo es esto posible, si la Junta de Wall Street venía a reorganizar nuestros sistemas de retiro para no perderlos? ¿No nos acaban de decir Rosselló y Rivera Schatz que no iban a permitir que nada ni nadie interviniera con los fondos necesarios para los servicios esenciales? Pues esta pandilla de rufianes hizo exactamente lo contrario.

La Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) llegó a un acuerdo con Altair Global Credit Opportunities y UBS Financial Services para crear una cuenta para reservar las aportaciones patronales que quedará bajo “custodia” del tribunal federal en el territorio. Esto luego de que la agrupación de fondos buitres ejerciera presiones para que el Circuito de Boston ordenara al juez Francisco Besosa, que ha tenido una participación muy activa en defensa de los bonistas, validara dicho acuerdo.

Esta acción confirma nuevamente el carácter criminal de la administración territorial, en coordinación con el tribunal federal del territorio, en llevar a cabo los planes de los bonistas frente a las necesidades de las masas trabajadoras. En vez de proteger esas aportaciones haciendo los pagos a ASR, prefirieron abrirle una cuenta a los bonistas “custodiada” por el tribunal federal. Pero esto no es todo. El gobierno deberá pagar retroactivo un monto total no revelado de todos los pagos suspendidos desde la aprobación de la ley de moratoria en abril de 2016.

Actualmente existen dos tipos principales de emisiones de bonos que giran contra los sistemas de pensiones de empleados públicos: los Pension Obligation Bonds (POB’s) y los Employees Retire System bonds (ERS). En el caso ambos, se financian con fondos procedentes del Fondo General: están asegurados por las aportaciones de los salarios diferidos de los empleados, a través de otros impuestos e ingresos gubernamentales, aportaciones de Hacienda a nombre de sus respectivas agencias. No hay tal cosa como “aportaciones patronales”, ya que ese dinero proviene de lo robado a los trabajadores.

Para el año 2015-16, el gobierno alega haber destinado $560 millones para ASR[1], mientras que las distintas agencias gubernamentales sostienen deudas millonarias con retiro, lo que ha mermado aún más su liquidez.

La diferencia entre ambos es que los ERS Senior tienen una deuda mucho menor que asciende a $3,141 millones a pagarse hasta 2040. Para estos bonos no aplicó la ley de moratoria, ya que según el Apéndice del Plan Fiscal entregado a la JWS por la administración de García Padilla[2], los intereses de estos bonos se continuaron pagando a razón de $14 millones mensuales totalizando $167 millones anuales. Para los POB, cuya deuda consolidada de todos los sistemas de retiro suma alrededor de $33 mil millones, sí aplicó la moratoria, por lo que sus bonistas no recibieron pagos desde abril de 2016. Esto refleja la contradicción entre grupos de bonistas y las luchas que llevan para apoderarse de su tajada del presupuesto del país, usando todos los “mecanismos legales” a su alcance, sin importar las consecuencias que tendrán estas acciones.

Es importante señalar a UBS, una de las firmas “agraciadas”, como una institución delincuente, que tiene varios casos de conspiración para cometer fraude con los fondos de las pensiones. Ese esquema se ha denunciado antes y consistió en asesorar a la ASR para que emitiera cerca de $3 mil millones en bonos como recomendación para capitalizar los fondos a sabiendas de que el valor de esos POB en el mercado estaba en picada. Con la asesoría ganaron $288 mil, mientras que como ganancia de la venta de esos bonos se embolsaron $27 millones.

Añadiendo el agravante que la reforma del sistema de retiro aprobada en 2013, entre otras cosas, aplazó la edad para jubilación hasta los 65 años, lo cual permitirá a todas las agrupaciones de bonistas (dependiendo de quién gane la pelea) mantenerse ordeñando los sistemas de retiros por muchos años más bajo la protección de la JWS y el tribunal federal en el territorio.

La única forma en que podremos mantener seguras nuestras pensiones, así como el bienestar colectivo, es con un sistema socialista bajo el control político de la clase obrera, en el que se garanticen todos los servicios médicos y de retiro. Solo con la organización independiente de la clase obrera en consejos obreros podremos organizar la lucha política contra la burguesía criolla y sus aliados.

 

 

[1] Presupuesto Recomendado Año fiscal 2015-16. OGP.

[2] Appendix to Governor of PR FEGP 14.Oct.2016.