Por: Abayarde Rojo
La protesta en la que los taxistas de la Compañía de Turismo bloquearon el puente Dos Hermanos este sábado pasado no fue un asunto poco significativo. La razón inmediata por la protesta fue la incursión de por lo menos un chofer de Uber en la zona turística, una violación de la Ley 282 que establece restricciones para los transportistas no empleados por Turismo. La realidad, sin embargo, es que el significado de esta disputa es mucho más profundo.
Uber es una compañía multibillonaria que opera en más de 60 países a través del mundo y cuenta con aproximadamente un millón de conductores que acceden a sus pasajeros mediante una “app” de smartphone para la cual la compañía extrae comisiones de más de 20%. Lo más significativo de la empresa es que clasifica a sus conductores como trabajadores autónomos, o «socios», como medio para evitar tanto el pago de beneficios de salud y pensiones así como la prestación de otros derechos laborales básicos. En este sentido las compañías como Uber, Lyft y un creciente número de otras que emplean un modelo laboral similar forman parte de un fenómeno que se conoce como la casualización del trabajo . La casualización del trabajo se refiere al creciente uso del trabajo ‘por contrato’ o las personas nominalmente ‘independientes’ que trabajan sin vínculos formales con una compañía, una garantía de empleo o el derecho a beneficios y protecciones básicos. El creciente uso del trabajo casual ha tenido un impacto degradante en los salarios, beneficios y condiciones laborales de todos los trabajadores en varios sectores económicos.
A pesar de la justificada resistencia a la introducción de Uber entre los taxistas de Turismo, un fenómeno que se ha generalizado en muchas partes del mundo , la realidad para los conductores de Uber es una de intensa explotación. La compañía ha sido objeto de varias demandas relacionadas al estatus de sus conductores; es decir, si son en realidad ‘socios independientes’ o empleados bona fide de la compañía con derechos laborales. En varios casos se han denunciado prácticas comunes como el robo salarial, la fijación de tarifas injustas además de otros medios de control laboral como la «desactivación» de conductores sin el debido proceso y la canalización de conductores a lugares claves durante horas picos a través de esquemas tales como «aumentos tarifarios» (price surging).
Además de las demandas pendientes en lugares como California, Massachusetts y el Reino Unido, los conductores de Uber han intentado organizarse en ‘asociaciones de conductores’ para defenderse de los abusos. En la ciudad de Nueva York los conductores de Uber han llegado más lejos al intentar afiliarse a algunos sindicatos como el Amalgamated Transit Union (Local 1181) el cual representa los choferes de guaguas municipales.
Aunque la respuesta intuitiva de los taxistas de Turismo contra la presencia de Uber y la amenaza muy real que representa para su pan de cada día es comprensible, les instamos a concebir su lucha más allá de los parámetros establecidos por la Ley 282. El único camino hacia delante para los taxistas es la unidad organizativa de todos los transportistas – taxistas, choferes de la AMA, camioneros y hasta trabajadores de la ATM – basada en su lucha común por buenos salarios, garantías de un buen plan médico y una pensión así como mejores condiciones de trabajo. Estas demandas sólo pueden lograrse plenamente transformando a todos los transportistas en empleados públicos bajo un gobierno obrero.