Por Carlos Borrero
La designación de Julia Keleher para encabezar el Departamento de Educación apunta a la continuación de las mismas políticas que han fallado a los jóvenes de la clase obrera quienes dependen en gran parte del sistema de educación pública. La Sra. Keleher, como tantos de los llamados “reformadores” actuales en el campo de la educación pública, trae muy poca experiencia en el salón de clases o al nivel de la dirección distrital. De hecho, parece que se ha mercadeado como una tecnócrata con pericia en el desarrollo de sistemas de manejo de datos y asesoría en la toma de decisiones en base a datos.
En sus primeros comentarios públicos desde que fue nominada, Keleher ofreció muy pocas ideas sobre sus perspectivas respecto a la enseñanza, el aprendizaje o el desarrollo curricular, y mucho menos sobre los intensos debates que están rugiendo dentro de la política educativa en la actualidad. Su escasa experiencia profesional dentro de una escuela parece haber sido limitada a un par de años como consejera en una secundaria en el estado de Delaware. Después de esta experiencia Keleher pasó seis años (2007 – 2013) en el Departamento de Educación federal, cuando dicha agencia fue dirigida respectivamente por Margaret Spellings y Arne Duncan. Como tal, la afirmación de que su objetivo para el Departamento de Educación de Puerto Rico es crear eficiencias a nivel de sistema mediante la introducción de nuevas y mejoradas herramientas de datos sólo puede entenderse a luz de la influencia que esta experiencia a nivel federal indudablemente ejerció sobre ella.
La fetichización de datos
Un rasgo clave de la política educativa a nivel federal durante la última década y media ha sido la vinculación de la asignación de los fondos federales a los estados a la adopción de sistemas de contabilidad escolar para la evaluación de los docentes. La aprobación de la ley Ningún Niño Quede Atrás (NCLB por sus siglas en inglés) en el 2002 creó un marco inicial para una expansión del uso de las pruebas estandarizadas además de los sistemas de ‘tarjetas de calificaciones’ para las escuelas basados en el desempeño estudiantil a cambio de fondos federales para los distritos escolares. Aunque dicha ley incluyó una serie de disposiciones punitivas para las escuelas que no lograran las metas del Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés), debe recordarse que nunca fue financiada completamente ya que la administración de Bush desvió cada vez más recursos hacia sus guerras depredadoras.
La administración de Obama profundizó esta tendencia con el programa Carrera Hacia la Cima (Race to the Top o RTTT), el cual vinculó formalmente la asignación de fondos federales al uso de sistemas de evaluación anual basados en el desempeño estudiantil para los maestros y directores. Dicho programa también incentivó la expansión de las escuelas chárter a nivel estatal. Numerosos distritos escolares altamente endeudados a través de Estados Unidos se apresuraron a crear sistemas de evaluación que esencialmente desplazaron la responsabilidad del bajo rendimiento académico estudiantil de los crecientes niveles de pobreza juvenil y años de subfinanciamiento de las escuelas a los maestros y directores. Al mismo tiempo en que se creaba este ambiente punitivo para docentes, la mayoría que labora bajo condiciones de intensa presión, miles de millones de dólares de dinero público fueron canalizados a las escuelas chárter respaldadas por inversionistas privados. La ley Cada Alumno Tiene Éxito (ESSA por sus siglas en inglés) de 2015 no hizo nada para cambiar fundamentalmente esta actual política educativa. Aunque dicha ley provee «fondos en bloque» a los estados y les suaviza las reglas de adquisición a nivel distrital, mantiene los requisitos de pruebas estandarizadas mientras crea condiciones para jugosas ganancias a las empresas de tecnología y consultoría educativas que ahora pueden contratar más fácilmente con los distritos escolares.
Tal parece que el enfoque de la administración entrante de Trump, por lo que se deja entrever con la selección de Betsy DeVos como Secretaria de Educación, será el desarrollo de esquemas de asignación de fondos en que el dinero sigue al niño. Dichos esquemas permitirían que las escuelas privadas y religiosas accedieran a los fondos públicos una vez se inscriba un ex alumno de la escuela pública. Este es otro esquema para desmantelar la educación pública.
Mientras la dependencia de fondos ha creado el incentivo para los estados ajustar sus políticas educativas según los mandatos federales, una nueva generación de “reformadores” educativos reunió apoyo para las nuevas medidas estatales mediante el uso de consignas como «contabilidad escolar» y «elección de escuelas». En realidad, estas consignas han servido para justificar los jugosos contratos que se les premian a empresas desarrolladoras de sistemas de datos y ‘especialistas’ en el manejo de datos para el diseño de dudosos sistemas de evaluación de alumnos, maestros y escuelas basados en métricas y fórmulas que en muchos casos han sido muy cuestionables.
Una consecuencia natural de estas políticas educativas ha sido la proliferación del uso de sistemas de datos dentro de las escuelas primaria y secundarias. Por ejemplo, a través de Estados Unidos se ha vuelto común ver a los administradores acceder y manipular muy complejos documentos de Excel generados por estos sistemas de datos con columnas llenas de información histórica muy detallada sobre cada alumno en un esfuerzo por encontrar patrones en los datos que puedan informar sus estrategias de intervención académica. De hecho, la mayoría de los administradores escolares en EEUU ahora pueden acceder todo tipo de datos demográficos, de asistencia y rendimiento histórico, etc. para todos los alumnos de una escuela con un par de golpes al teclado.
Este fenómeno, sin embargo, ha sido acompañado por un cambio en la cultura profesional de la administración escolar. Cada vez más, los tecnócratas han venido a desplazar a educadores con experiencia pedagógica real en el liderazgo de distritos escolares y las escuelas. Estos tecnócratas comparten un enfoque común en la educación que prioriza la búsqueda de ‘soluciones técnicas’ para los desafíos de las escuelas además de una indiferencia a las raíces sociales y económicas de los problemas que enfrentan los alumnos y maestros.
Keleher, quien guarda un silencio celoso sobre estas grandes cuestiones de la política educativa actual, no sólo se formó profesionalmente dentro de este entorno sino que su ascenso meteórico se debe precisamente a su capacidad de encontrar un niche dentro de él. Su firma de consultoría Keleher & Associates atestigua este hecho. Con esta nominación queda claro que Rosselló no ofrece nada nuevo o que valga la pena para las masas obreras en la política educativa.
Los docentes, como el resto de la clase obrera, no se oponen al uso de datos para la toma de decisiones en principio. A lo que nos oponemos es el uso cínico de datos selectivos para adelantar la incursión de intereses capitalistas en las escuelas. A lo que nos oponemos es la hipocresía de los defensores de la influencia capitalista en la educación que se llenan la boca con declaraciones sabihondas sobre los datos mientras ignoran las alarmantes cifras de la pobreza juvenil, la sobreexposición a la violencia así como otras condiciones que provocan ansiedad en el hogar, el hacinamiento y el deterioro de la planta física escolar además del patrón de la relativa reducción de recursos destinados a la educación en general. Sin atender estos factores subyacentes que han demostrado tener el mayor impacto en las experiencias educativas de los jóvenes, la búsqueda de soluciones técnicas o eficiencias en el sistema seguirá siendo infructuosa para los alumnos en general y los de extracción obrera en particular.
De hecho, un compromiso honesto con la toma de decisiones basadas en los datos no sólo implicaría un programa masivo para reducir la pobreza mediante la creación de empleos estables y bien remunerados con beneficios de calidad para las familias obreras, sino también grandes inversiones para la construcción y modernización – en lugar del cierre – de escuelas, la preparación, contratación y retención de maestros experimentados con aumentos salariales significativos, y la expansión de oportunidades para acceder a las instituciones y experiencias culturales y científicas a todos los niños. Tal visión de la reforma escolar es sólo compatible con un programa socialista en el que la clase obrera toma el poder político para llevar a cabo nuevas políticas públicas en interés de la mayoría.