Por Rogelio Acevedo
El nombramiento de la Junta de Wall Street (JWS) marcó el «trumpetazo» de salida en la carrera desenfrenada de todos los explotadores, extranjeros y nativos, para apoderarse y repartirse la mejor tajada posible de los bienes públicos. Nuevamente le tocó el turno al infame exgobernador Luis Fortuño, quien luego de fallar para reelección en 2012, consiguió un guisito con el bufete Steptoe & Johnson, a quien se le otorgaron $23 millones en contratos durante su administración.
Ahora, la fortuna vuelve a sonreírle ya que sus vínculos con elementos de la JWS le colocan convenientemente como miembro de la junta de directores de Abertis, subsidiaria española de la empresa Metropistas. Como hemos denunciado anteriormente Abertis y Goldman Sachs Infrastructure Partners son los accionistas de la empresa Metropistas de Puerto Rico, quien controla la infraestructura y estaciones de peajes de las autopistas PR 5, PR 22 y el Puente Teodoro Moscoso. Esta concesión bajo la administración de Fortuño, consistió en entregar por 50 años esos peajes que ingresaban al fisco cerca de $100 millones anuales a ese consorcio a cambio de $1,100 millones. Esta transacción fue justificada bajo el pretexto que serviría para pagar la deuda de ACT que rondaba los $7,000 millones. Ante la insuficiencia de fondos, el entonces secretario de DTOP Hernández Gregorat hizo un préstamo al BGF de $2,000 millones más. Este préstamo se realizó con emisiones de bonos «GDB No garantizados» al 4.81% de interés y que vencen en 2020. Esta transacción resultó en un robo momumental ya que entregó una fuente de ingresos estable, aumentó la deuda pública y en el proceso se enriquecieron abogados, intermediarios y otros parásitos que se benefician de estas transacciones.
Como parte de ese acuerdo incluyó un aumento anual de 1.5% a todas las plazas de peajes de ambas autopistas aumentará hasta $1.80. Este aumento será progresivo por la duración de la concesión, es decir, por los próximos 50 años.
Estas movidas tienen una importancia primaria para las masas trabajadoras, ya que al carecer de un sistema de transportación pública masiva, nos impone el uso del carro individualmente, y en consecuencia, pasar por sus plazas de peaje. Además, impactan una de las corporaciones públicas que ha sufrido durante décadas los embates del saqueo y la corrupción en la forma de emisiones de bonos y la otorgación de contratos a amigos y allegados. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) es una de las corporaciones públicas con las que se le ha impuesto una gran porción de la deuda por su capacidad de generar ingresos. Al igual que la AAA y AEE, la JWS tiene “grandes planes para ACT para asegurar el control del capital financiero sobre nuestro patrimonio. Veamos.
Actualmente, ACT tiene tres categorías de «Highway Revenue Bonds» en contra de las cuales se emite deuda a nuestro nombre: Resolución 1968, asociadas a las emisión para construir la PR 52, Resolución 1998, asociada a la construcción de la PR 22 y los bonos Teodoro Moscoso relacionados a la construcción del puente. Entre las tres categorías de bonos la deuda asciende a $4,316 millones, sin incluir los préstamos al BGF. Llama a la atención que a 49 años de haberse emitido la Resolución 1968 para la construcción de la PR 52 todavía estemos pagando ese préstamo, el cual se nutre del pago de peajes de las PR 20, 52 y 53.
| ACT | Deuda total* | Pago 2017 |
| Bonos 1968 | $815 | $115 |
| Bonos 1998 | $3,361 | $246 |
| Teodoro Moscoso | $140 |
*En millones de dólares
Estas autopistas, aunque todavía no están formalmente privatizadas, forman parte del plan concebido desde 2009 con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para hacer conseciones similares a las hechas por Fortuño a Abertis y Goldman Sachs. Es dentro de este plan y la reciente movida de Metropistas de colocar a Fortuño en un puesto clave que se enmarca este nuevo episodio de saqueo de nuestro patrimonio. Aparte de los claros conflictos de interés que comienzan a materializarse en el accionar de la JWS, también se evidencian patrones de saqueo de fondos públicos disfrazados de gestiones para «solventar la insuficiencia de fondos» por parte de los administradores coloniales. En contubernio con los bonistas y sus intermediarios en el territorio, diseñan nuevos y más eficientes métodos de reciclaje de deuda a través instrumentos financieros que perpetúan nuestra esclavitud.
Ante la falta de opciones de transporte público y esta nueva movida para hacer más oneroso el uso de automóvil, la clase trabajadora debemos responder contudentemente con organización para la lucha. Este no es un evento aislado, sino que forma parte de un plan general no solo para pagarle a los bonistas, sino para elevar el nivel de explotación y saqueo de nuestro trabajo y nuestros recursos. El llamado de luchar contra estos planes es para los trabajadores de Carreteras, quienes junto con el respaldo del pueblo tendrán la capacidad de plantar cara a estos nefastos planes.
¡Si quieren subir los peajes, que los paguen ellos!