Por Abayarde Rojo
El 18 de mayo de 2016, el representante por Wisconsin Sean Duffy, presentó en la cámara de representantes del Congreso de EE.UU el proyecto titulado “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”.
Esta ley, que al traducirla al español se llamaría Junta de Control Fiscal, permite al presidente del imperio, Barack Obama, nombrar a siete miembros a ser parte de la misma. Estos siete miembros tienen múltiples conexiones a pasados gobiernos locales, y federales. Además, como demuestra el “grafo” o la red en esta publicación, muestra las conexiones que han mantenido miembros de la prensa local, con gobiernos anteriores, la burguesía local, y la burocracia federal, entre otros.
Los siete miembros son:
Andrew G. Biggs
Es miembro del American Enterprise Institute, un grupo de investigadores de extrema derecha. El instituto también funciona como una organización de cabildeo a favor de los fondos de inversión. Los estudios de Biggs se han enfocado en los impactos de privatizar el seguro social y los impactos de las reducciones escalonadas de pensiones.
José Carrión
Actual presidente de la Junta de Control Fiscal, es cuñado del saliente comisionado residente Pedro Pierluisi, así como es primo del burgués explotador laboral Richard Carrión. En el pasado, fue miembro del Consejo Asesor De Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) bajo el gobierno de Luis Fortuño. Este organismo fue el encargado de organizar lo que fueron las Alianzas Público Privadas (APP), una manera adornada de nombrar la privatización y de la famosa Ley 7. Esta ley dejó en la calle a más de 15,000 empleados públicos en el 2009.
Carlos García
Carlos García fue presidente del Banco Gubernamental de Fortuño. Bajo su presidencia, la deuda de Puerto Rico aumentó $17,685,000,000, es decir $17.7 billones. Antes de tener este puesto fue presidente del Banco Santander en Puerto Rico del 2001 al 2006. Además fue vicepresidente del Banco Popular de Puerto Rico mientras Sila María Calderón estuvo en la Junta de Directores del mismo antes del 2000.
Arthur González
Arthur González fue juez de quiebras federal en la corte de distrito de Nueva York. Como juez, adjudicó tres casos principales. El primero fue el de la compañía Enron. Esta compañía de energía fue comprada por la empresa Iberdrola, decisión que fue aprobada por él mismo. El segundo caso, fue el de la compañía de telecomunicaciones WorldCom. Por último, se vio el caso de la compañía automotriz Chrysler adquirida por la compañía italiana Fiat.
José González
Fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento de 1986-1989, cuando Hernández Colón creó el concepto ilegal de la deuda extra constitucional. Fue también vicepresidente de Oriental Bank y un alto ejecutivo de Santander Bank en Puerto Rico. Tuvo un rol importante en la venta de la Puerto Rico Telephone Company, como negociador principal por parte del gobierno de Pedro Rosselló. Como se ha demostradoen el pasado, y el mismo José Ramón reafirma, el capital no vé colores, por ende, en su record también podemos encontrar donaciones al asesino exgobernador Carlos Romero Barceló, a Roberto Prats Palerm, que participó de la venta del aeropuerto nacional, y a José Alfredo Hernández Mayoral, afiliado al PPD.
Ana Matosantos
Ana Matosantos trabajó para los gobernadores republicanos Arnold Schwarzenegger y Jerry Brown. Durante su tiempo como asesora financiera del presupuesto del sistema de educación primaria se redujo $1.4 billones de dólares y del sistema universitario público unos $200 millones. Además, aumentó el costo de la matrícula lo cual llevó a una reducción en los estudiantes matriculados y se redujo los ofrecimientos académicos del sistema.
David Skeel
Se opusó a que Puerto Rico fuera incluido bajo el capítulo 9 del código de bancarrota federal. Además, cabildeó en el congreso con los representantes republicanos a favor de la creación de la Junta de Wall Street y ha abogado por la consolidación de agencias públicas, lo cual consecuentemente llevaría al despido masivo de empleados públicos. Además de esto, podemos ver como se manifiesta el control corporativo de los medios a través de conexiones como las de María Luisa Ferre Rangel con Richard Carrión, ambos parte de la junta de directores del BPPR. También, a Luis Alberto Ferre Rangel, con la exgobernadora Sila María Calderón, antigua miembro de la junta de directores del BPPR.
Presiona el «grafo» para ver otros vínculos de los miembros de la Junta de Wall Street
La clase trabajadora debe reconocer las grandes contradicciones que se materializan en el sistema colonial en Puerto Rico con la Junta de Wall Street. Sus miembros, conexiones y trasfondo auguran poder ejecutar de manera precisa y eficiente los precedentes y guías como el informe Kruger y otros informes, como el AGB Consulting para la Universidad de Puerto Rico.
Es por esto, que nos reafirmamos en el Boicot electoral activo, y apostamos a la organización de la clase trabajadora para realmente impulsar un proceso de clase contra la Junta de Wall Street.
¡Biocot Electoral Activo! ¡Organización obrera! ¡Construyamos consejos regionales!
Fotos tomadas de la página oficial de la Junta de Wall Street