por Moro
El Partido Nacionalista, dirigido por Pedro Albizu Campos, le presentó a los puertorriqueños el dilema político entre la ruta reformista y la revolucionaria. Durante aquellas décadas de 1936 a 1956 la historia, entre ilusiones, represiones y traiciones, nos dirigió por la primera. El resultado fue el estado libre asociado, que ahora se derrumba precipitadamente. Consecuentemente, se nos impone la ley PROMESA y su Junta de Wall Street, con el propósito de reorganizar el régimen colonial para que Washington, DC, pueda implantar un nuevo ordenamiento de las relaciones entre la metrópoli y su territorio.
Anatomía de una coyuntura
La ley PROMESA desmiente cualquier ilusión de “gobierno propio” con la que hayamos podido fantasear los ciudadanos americanos del territorio. Llama las cosas por su nombre: Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos, y es el Congreso quien ostenta toda la soberanía sobre el territorio, basándose en los poderes plenos que le confiere la llamada Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. Punto.
La Junta de Wall Street tiene la misión de “adiestrarnos”, durante un lustro, a obedecer sumisamente las reglas impuestas por el imperio. Unos procónsules, con facultades plenipotenciarias, tomarán decisiones que nos afectarán a todos, mientras “nos re educan” en los hábitos requeridos para llegar a ser “nuevamente” una sociedad capitalista viable (¿para quién?). La función del gobierno territorial se resume en obedecer la Junta de Wall Street, y servirle de policía para reprimir las masas del país, en caso de que éstas asuman una conducta rebelde en oposición a los dictámenes de la Junta.
En efecto existe, de entrada, una oposición a la Junta, en función a su naturaleza despótica y prepotente. Esa oposición está destinada a expandirse en otras direcciones tan pronto la Junta comience a imponer medidas cuyo efecto estrangulador aumentará la miseria general de las masas trabajadoras.
La Junta de Wall Street tiene que cumplir con su propósito, para todos los efectos establecido por ley, de exprimirle
a la sociedad puertorriqueña hasta el más mínimo centavo, para maximizar las demandas de los fondos buitres. El proceso comenzará con el desmantelamiento de los convenios existentes entre las dependencias del gobierno territorial y sus trabajadores, la privatización de los activos públicos que tengan potencial de rendirle ganancias al capital financiero , y la reducción agresiva en el tamaño de la fuerza laboral del sector público.
Continuará con medidas de contracción de los planes de retiro de los trabajadores jubilados del gobierno territorial, y desatará una feroz depredación de los activos de la sociedad —“empresas públicas” de energía eléctrica, acueductos, carreteras, terrenos, edificios públicos, escuelas, entre otros— y de los recursos naturales de Puerto Rico —costas, playas y mares, humedales, el karso, reservas forestales, ríos y riberas—, en fin, todo lo que pueda convertirse en oportunidades de negocios para el capital financiero, y dinero para llenarle el buche a los buitres.
Durante ese proceso, y como resultado de la consolidación de un régimen anti obrero en el sector público, la Junta de Wall Street entiende que habrá fortalecido la posición de los patronos privados en sus añoranzas de aplastar y exprimir a sus trabajadores. Se derogarán las leyes que conforman el ambiente laboral, que extienden derechos salariales y extra salariales a todos los trabajadores. Forzarán al gobernador y a la legislatura del territorio a solicitarle a Washington, DC, la exención de la legislación laboral y las regulaciones federales que afectan las relaciones obrero patronales, incluyendo la aplicación en Puerto Rico del salario mínimo federal. Intentarán fortalecer a los patronos forzando en la legislatura del territorio la aprobación de leyes del llamado “right to work”.
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Se nos presenta nuevamente a los puertorriqueños un dilema similar al que se le presentó a nuestros antepasados recientes hace unos 75 años: reforma o revolución.
Algo de historia
En aquella ocasión anterior, en pleno azote de la Gran Depresión y del avance del fascismo y del militarismo en Europa y en Asia, el programa reformista se formuló en la doble función de transformar a Puerto Rico en una enorme instalación militar, por un lado, y por el otro, la de extender los programas de alivio del Nuevo Trato a las masas indigentes del territorio.
En 1939, Franklyn Delano Roosevelt envió a su guerrero de confianza, el almirante William Daniel Leahy, a transformar al territorio de Puerto Rico en una imponente base naval, que dominaría el Mar Caribe y el acceso atlántico al Canal de Panamá. Se debe anotar que ese nombramiento inició el proceso mediante el cual el US Navy expulsó a los viequenses de sus hogares, y tornó a la isla de Vieques en un infierno de contaminación tóxica, cuyos efectos letales aún afecta la salud de ese pueblo aguerrido.

El US Navy se estableció como un verdadero poder feudal en Puerto Rico, y con el tiempo, entabló relaciones con el Partido Popular de Muñoz Marín, de manera que el micro caudillo colonial buscaba las maneras de complacerle a los almirantes todos sus pedidos, sin importar las graves consecuencias que pudieran tener que pagar los puertorriqueños, en especial los viequenses y culebrenses. A cambio, eventualmente el US Navy adoptó el estado libre asociado, y se convirtió en Washington, DC, en el campeón de ese embeleco colonial.
En cuanto a las reformas sociales y económicas del Nuevo Trato, Rexford Guy Tugwell, liberal de izquierda de la élite política del imperialismo, (simpatizante de los esfuerzos soviéticos de desarrollo económico planificado, y propuso que se adoptara en Estados Unidos la planificación económica como un componente central de la estrategia para sacar al capitalismo del atolladero de la Gran Depresión), fue nombrado gobernador de Puerto Rico en 1941. Tugwell usó el poder que le otorgaba su relación personal directa con Roosevelt, y con su Primera Dama, Eleanor Roosevelt, para someter a los terratenientes corporativos ausentistas del oligopolio azucarero a la Ley de los 500 acres, en los libros desde 1900, pero que nunca había sido aplicada por ningún gobierno territorial. El capital financiero ausentista que dominaba el mercado azucarero luchó como pudo una guerra defensiva que no podía ganar, pero a fin de cuentas, pactó con el gobierno territorial, y comenzó a venderle terrenos baldíos a la recién creada Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
Tugwell, mientras tanto, comenzó a impulsar proyectos de agroindustria relacionados, inicialmente con la fabricación criolla del ron (fábricas de botellas y de cajas de cartón, por ejemplo), pero que eventualmente encarnarían una estrategia coherente, fundamental y exitosa ante el bloqueo naval impuesto por los submarinos alemanes, de lograr el máximo de autosuficiencia alimentaria para la población del territorio.
El Partido Popular Democrático, encabezado por Luis Muñoz Marín, primero adoptó las reformas de Tugwell, pero después de la guerra, obedeciendo a las presiones de los congresistas de los estados agrícolas, procedió a desmantelarlas, arrancando de raíz la creciente capacidad de los puertorriqueños de producir los alimentos que se consumían, e inundando el país con los excedente
s de la agroindustria de Estados Unidos.
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El contenido de la opción revolucionaria, por otro lado, consistió en la lucha armada, frontal, en contra de las instituciones y los personajes, que representaban el dominio colonial sobre Puerto Rico. La prédica revolucionaria se basaba en el idealismo patriótico nacionalista, y su llamado a la unión entre todas las clases sociales de la nación para derrotar al amo imperialista extranjero.
La opción revolucionaria fue aplastada con el asesinato y encarcelamiento de muchos nacionalistas, que enfrentaron el poder imperialista con una guerra a tiros que llevaron hasta el Congreso, y hasta el propio presidente Truman. Fue una guerra heroica, —que contó con otro alzamiento análogo al Grito de Lares, esta vez en Jayuya—pero el propio Partido Popular participó de la conspiración imperialista que llegó a la crueldad de someter al líder nacionalista encarcelado, Albizu Campos, a crueles experimentos médicos que destrozaron su salud física.
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Reforma y revolución en tiempos de PROMESA
Hoy el contenido de la opción reformista se reduce al programa neoliberal presentado en el Informe Krueger y que la Junta de Wall Street tiene la misión de convertirlo en el nuevo régimen económico y social del territorio. Se trata, realmente, de una reforma capitalista, en beneficio del capital financiero, y no de una reforma en beneficio de los trabajadores asalariados del territorio. El resultado político es que, lejos de confundir y dividir al movimiento obrero, y de alinear a muchos trabajadores en respaldo de las medidas reformistas, a expensas del movimiento obrero revolucionario, se trata de un programa tan antagónico a los intereses de los trabajadores que tendrán el único resultado de aglutinar las masas en oposición a laJunta de Wall Street.
La opción revolucionaria, entonces, contendrá un fuerte contenido de clase. Por un lado la pequeña burguesía patriótica lanzará una renovada actividad nacionalista militante. Pero la oposición de mayor vigor y combatividad se materializará al interior del movimiento obrero, que se radicalizará en función de la rebeldía creciente de las masas trabajadoras, y las masas marginadas, en contra del estrangulamiento “prometido” por el programa neoliberal. ¿Convergerán ambas fuerzas en una lucha radical que derrote el plan imperial de PROMESA?
Revolución o sometimiento
Para los comunistas, nada está garantizado, excepto que el vacío creado por PROMESA, y el reto que surgirá del rechazo de la mayoría de los puertorriqueños, activará también las fuerzas de derecha, el fascismo criollo, que le ofrecerá a los puertorriqueños soluciones fáciles y autoritarias para trascender el caos social inevitable que provocarán el derrumbe del ela, y la imposición de PROMESA. El imperio nutrirá estas fuerzas criminales de derecha para contrarrestar la rebelión de las masas. Los comunistas aceptamos el reto, convencidos que en esta coyuntura los puertorriqueños nos jugaremos el todo por el todo.
El reto nos llega con oportunidades históricas. Una lucha masiva, si llegara a la escala de apoderarse de las calles del territorio, que ocupe instalaciones del gobierno, las comunicaciones, los muelles, los aeropuertos, el transporte, la energía, los acueductos, estremecerá al aparato imperial, y sacudirá a la clase trabajadora en Estados Unidos. De seguro se tratará de una lucha desigual contra el monstruo imperial, pero cada acción de fuerza y represión del aparato federal en contra de las masas enardecidas constituirá una derrota política ante su propio país y el mundo entero, y un aumento en la masividad y radicalización de las fuerzas revolucionarias.
No se trata, naturalmente, de triunfos que nos caerán en la falda sin grandes esfuerzos. Cada avance de la clase trabajadora acarreará sus costos; el imperio le impondrá a cada acto heroico un precio altísimo en medidas represivas violentas. Más que nada, los avances nos exigirán disciplina, organización y creatividad, la búsqueda continua de nuevos métodos y nuevos órganos de lucha y de poder proletario, que puedan retarle al imperio su control históricamente sanguinario sobre esta sociedad.
Por otro lado, si los comunistas hacemos nuestro trabajo, nuestros hermanos trabajadores de Estados Unidos, y de América Latina, no permanecerán con los brazos cruzados. Sus iniciativas de solidaridad desatarán espirales de represión y lucha que pondrán en tela de juicio el dominio de un capital corrupto, destructor y enfermo sobre las masas trabajadoras del mundo.
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¡Comunismo o barbarie!
La organización y disciplina revolucionaria de las masas derrotarán la criminalidad fascista y la represión imperial. Aportarán notablemente a la derrota de un régimen mundial de explotación laboral, contaminación del planeta y guerras y sufrimientos interminables.
El capital está comenzando a chocar con los límites a la acumulación que le imponen sus propias contradicciones internas. Ha entrado en una etapa irreversible de estancamiento y contracción. Su misión histórica fue la de crear las condiciones materiales sobre las cuales construir sociedades gobernadas democráticamente por sus propias trabajadoras y trabajadores asociados. Esta misión histórica ya se cumplió, y la inevitable resistencia de la burguesía a perder su poder y sus privilegios, y a darle paso a una sociedad comunista superior crea las condiciones para la revolución mundial de todos las masas oprimidas y explotadas. Se escuchan las campanas que anuncian la muerte de toda una época y el nacimiento de otra.
Pero no se trata de un parto sin dolor. Las propias luchas políticas en Estados Unidos y en Europa señalan que el capital moribundo, y la burguesía que se niega a aceptar la cancelación de sus fuentes irracionales de enriquecimiento y poder, comienzan a abrazar soluciones nacionalistas, autoritarias, militaristas, y repletas del emocionalismo fascista con el que intentarán confundir a las masas.
Por otro lado, las propias luchas revolucionarias obligarán a los últimos vestigios de poder burgués a ofrecer reformas, de carácter “progresista”, de mejorar las condiciones de los trabajadores, y hasta de “compartir” el poder con las masas insurgentes. Nuevamente se escucharán los cantos de sirena revisionistas y oportunistas de la transformación evolutiva de la caduca sociedad burguesa al régimen de democracia radical encabezado por el proletariado mundial.
Ese régimen, para que no quepa duda, será revolucionario, excluirá todo trazo de las relaciones económicas y sociales de la sociedad capitalista, y será totalmente excluyente de la burguesía y sus aliados en las esferas de poder sobre las vidas de los seres humanos que trabajan y producen.
Nuestra revolución en Puerto Rico, al avanzar hacia etapas emancipadoras, tiene que fundamentarse en la hermandad internacionalista de todos los trabajadores del mundo, en la expropiación y sometimiento de todas las clases explotadoras, y en la lucha por una sociedad mundial basada en el gobierno democrático de las trabajadoras y los trabajadores de toda la humanidad.
¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!