por Coral Ríos
En medio del colapso colonial del Gobierno de Puerto Rico ante la aprobación de la Junta de Control Fiscal, nuestra Casa de las leyes no pierde la oportunidad de crear nuevos mecanismos para beneficiar a la clase privilegiada del país. En esta ocasión, el recién aprobado Proyecto del Senado 1621 solo espera por la firma del Ejecutivo para su implementación.
A través del mismo se pretende privatizar el litoral costero de la Parguera por medio del cobro de un canon de arrendamiento a los propietarios de “las casetas”. De este modo, se estaría legalizando la permanencia de las mismas en esta zona sensitiva de bosque costero que forma parte de la Reserva Natural de la Parguera desde 1979.
A pesar de la oposición del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de la Federación de Pescadores de Puerto Rico y ante la ausencia consulta a los residentes permanentes de la Parguera, la medida fue aprobada la pasada semana silenciosamente en momentos en que en la Isla se libran múltiples batallas contra medidas impuestas a nivel federal y estatal.
La permanencia de las casetas de la Parguera, como se le conocen a las casas ancladas en pivotes a orillas del manglar en esta zona, ha sido eje de conflictos durante más de cincuenta años. En la pugna entre los invasores -quienes pertenecen a una clase privilegiada- y la Comunidad local, el Estado ha tenido un doble discurso creando leyes para la protección del litoral a la vez que permite la permanencia de estos en el lugar.
A diferencia de los rescates de terrenos realizados por familias en comunidades marginadas del país, la construcción de casetas en la Parguera ha sido realizada históricamente por familias pudientes de la zona, dueños de terrenos y profesionales acomodados que han utilizado sus influencias en el Estado para burlar la ley. Actualmente, las casetas de la Parguera son poseídas – en su gran mayoría -por personas pudientes de distintos puntos de la isla que las utilizan como casas de veraneo. Como toda propiedad, en ocasiones son alquiladas o vendidas a altos precios. Por medio del Proyecto 1621 se denominará como “Zona especial turística de las casetas y muelles de la Parguera” otorgando por ley un privilegio a este grupo y violando el derecho de la población a tener acceso al mar.
Las áreas impactadas por la construcción de casetas y muelles privados construidos ilegalmente ocupan un nicho ambiental del bosque de manglar y restringen el acceso de los residentes locales al mar. El manglar, además de ser un recurso natural valioso para el control de erosión y la crianza de peces marinos, pertenece a una zona de dominio público marítimo terrestre que pertenece a la masa trabajadora del país, no a un pequeño grupo privilegiado. Antes que esto pueda convertirse en una forma más de especulación de nuestros escasos recursos, defendamos el derecho de toda la población puertorriqueña de tener acceso al mar.
EL MAR PERTENECE AL PUEBLO NO SOLO A LOS DUEÑOS DE CASETAS. ¡ACCESO AL MAR PARA TODOS Y TODAS EN LA PARGUERA Y EL MUNDO!