Por: Emilio
Actualmente el sistema de salud de Puerto Rico se encuentra secuestrado por las garras del capital. Las principales aseguradoras del país, tales como: Triple SSS, Medicare y Mucho Mas (MMM), Humana, entre otras, junto a la industria farmacéutica, y demás entes privados, dominan y controlan el sistema de salud. De este modo, subordinan la salud a sus intereses lucrativos mientras golpean a la clase trabajadora y roban al pueblo de una de sus necesidades más básicas.
A partir de 1993, durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló, se aprobó la Reforma de Salud y se creó la Administración de Seguros de Salud (ASES). Desde entonces, las aseguradoras, contratadas por el gobierno, se han encargado de regular los servicios médicos del país, desde la lógica de los negocios. La llamada Reforma de Salud implicó la privatización de la mayoría de las instituciones hospitalarias del gobierno y un crecimiento abrumador en la criminal deuda pública. La Reforma, ha operado desde sus inicios con un déficit millonario que se ha ido acumulando, de alrededor de $300 millones anuales, paliados con préstamos.
Hoy día, la industria de salud representa el 20%, ($11,000 millones) de la economía del país. El gobierno federal, que reembolsa $6,000 millones a través de Medicare y Medicaid, ha proyectado reducir a la mitad dicho reembolso en 2017, luego de reducir en 11% a las primas que se pagan al Medicare Advantage. Esto, a pesar de haber aumentado un 3% las tasas a dicho programa en Estados Unidos. Esta realidad evidencia la subordinación colonial a la que el capital somete a Puerto Rico. Dicho sistema, basado en el Manage Care, está hecho por y para las aseguradoras. Estas, junto a ASES, y el HIPAA, se luchan y reparten el botín antes de que llegue a nuestras familias y a los/as trabajadores/as de la salud.
Al momento, ASES, se quedó sin línea de crédito y mantiene una deuda millonaria con sus proveedores a quienes usualmente paga a principios de mes. Las aseguradoras, para acumular las millonarias ganancias proyectadas en intereses, realizan pagos tardíos a los diversos proveedores sometidos a las mismas. Además, las aseguradoras contratan a administradores de beneficios de farmacias (PBMs), como intermediarios que determinan la cubierta de farmacia de los pacientes. Las ocho PBM’s en Puerto Rico, diseñan y seleccionan los proveedores de medicamentos racionando servicios médicos y farmacéuticos para lucrarse y ahorrarle a los planes. A pesar de los clamores de rescate ante la crisis, investigaciones muestran que Humana, MMM y Triple S aumentaron grandemente su capital.
Por ejemplo, Triple S, aumentó $69,248,971 millones entre 2011 y 2015. El total de ganancias de la compañía, refleja un alza de $473,750,444 millones en 2011 a casi $1.1 mil millones ($1,097,289,945). El salario del Principal Oficial Ejecutivo (CEO) de Triple S, incluyendo beneficios, es de $2 millones anuales. Entre los 10 ejecutivos más altos de esa compañía, acumulan $13 millones anuales. Se añade, que los principales accionistas de Triple S, son de alrededor del mundo y nada tienen que ver con el trabajo de la salud. Esto demuestra la lógica acaparadora del capital transnacional.
El actual CEO de Triple S, Roberto García Rodríguez, graduado de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Standford, fue asociado de Pietrantoni Mendez & Álvarez LLP, donde trabajó extensivamente en la privatización de la Telefónica de Puerto Rico. Además, se dedicó al trabajo corporativo general y transnacional, según expresa en su descripción de trabajo en su perfil profesional de LinkedIn. También, fue Director del Programa de Desarrollo Caribeño del Puerto Rico Economic Development Program. Otros directivos de dicho plan tienen un trasfondo similar. Su actual vicepresidente Carlos L. Rodríguez Ramos, fue asistente legal y asesor legislativo del Gobernador de PR entre 2011 y 2012. Así también, el director de mercadeo de Triple S, Hernando Ruiz Jiménez, fue director global de mercadeo de Pepsico. Dichos ejemplos develan la realidad de un sistema de salud preso del capital, sin relación con la salud, bajo la subordinada complicidad del Estado.
Un creciente sector del área de la salud, denunció la relación entre las grandes aseguradoras con organismos ligados al gobierno. Ejemplo de esto es la firma Politank, dedicada a “acortar la brecha entre el gobierno y las empresas” según un boletín de la Asociación de Industriales. Uno de sus cabilderos es el exsecretario de Estado Kenneth McClintock. Asimismo, otro ejemplo devela la tendencia capitalista a la monopolización. Tal es el caso de las subsidiarias de Aveta, MMM y PMC Medicare Choice, quienes recientemente intentaron sacar de la
competencia a la aseguradora más pequeña Constellation Health Services, a través de su exfuncionaria Angela Weyner, hoy Comisionada de la Oficina de Comisionados de la Salud. Mientras, asumen medidas de austeridad que asfixian la salud del país. Este aspecto evidencia la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista como instrumento dictatorial de la burguesía para velar por sus intereses y su dominación de clase.
Nuestra salud a manos del capital ha implicado la migración de 35% de los médicos/as, quedando solo 9,000 en un país donde el 60% de la población depende de asistencia pública y 50,000 no pueden pagar seguro privado o cualificar para el gobierno. Por su parte, los hospitales: Auxilio Mutuo, San Jorge, Menonita en Aibonito, Damas en Ponce, han cerrado pisos enteros, congelado plazas, abierto ventanas de retiro, arrebatado derechos laborales y despedido trabajadores/as. Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, en el último año más de 3,000 trabajadores de hospitales han sido despedidos. Hace poco se anunció el despido de 470 trabajadores en el sistema de hospitales Hima San Pablo. A esto suma las condiciones de explotación que sufren los/as enfermeros/as, técnicos/as, personal de emergencias a nivel prehospitalario, médicos, entre otros/as trabajadores/as. Las mayorías se ven obligadas a doblar turnos, trabajar bajo condiciones de desgaste físico y emocional, en infraestructuras hospitalarias riesgosas, cobrar salarios mínimos y/o bajos, mientras producen la riqueza de los altos directivos y accionistas.
El problema es el sistema capitalista que reduce la salud a un negocio. Por esto, hacemos un llamado a la organización de la clase obrera del sector de la salud. La alternativa no está en depender de la paridad de fondos federales como algunos plantean, ni en la coalición de sectores burgueses y pequeñoburgueses que están velando sus intereses. Son los/as trabajadores/as quienes sufren explotación y conocen de cerca al pueblo que padece. Conocen las condiciones, mecanismos y herramientas necesarias para construir un sistema de salud gratuito y de alta calidad, centrado en sus necesidades sociales y humanas. Por nuestra salud, por las necesidades e intereses de los/as trabajadores de la salud, insistimos en la construcción de espacios de poder obrero desde nuestros centros de trabajo. ¡Hay que arrancar nuestra salud de las garras del capital! ¡Formemos consejos y asambleas obreras encaminadas a la democracia radical! ¡Solo así la salud estará en manos de la clase trabajadora y el pueblo!