Por Abayarde Rojo
Durante los pasados meses Abayarde Rojo ha estado reseñando sobre la situación de corrupción, despilfarro de fondos públicos y maltrato laboral en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La última movida de la directora ejecutiva Carmen Villar fue añadirle diez años adicionales a los cincuenta negociados por la administración de Fortuño, con el agravante que reduce aún más los ingresos de la corporación en 25% de los previamente acordados. Para tener un cuadro actualizado de la situación, Abayarde Rojo entrevistó a la presidenta del Capítulo de Carreteras de PROSOL, Lizette Barreto.
AR: ¿Cambió algo la reciente declaración de estado de emergencia en ACT de la situación que se ha desarrollado por los pasados años?
LB: El problema ha sido que se está culpando a ACT de la crisis del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por haberle prestado $2,000 millones. Pero no hablan de la emisión de bonos de $4,000 millones que se hizo además del préstamo al BGF, que no surtieron ningún efecto por ser una cantidad menos a la deuda. El Secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Miguel A. Torres Díaz usó este préstamo para pagar otras operaciones que no podían sostenerse con sus propios ingresos: Alternativa de Transporte Integrado (ATI), Tren Urbano (TU), Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y carros de policías. El dinero de la crudita tampoco ha surtido el efecto esperado porque la ACT no ha podido salir al mercado de bonos.
Un grupo de bonistas demandó a ACT para exigir el pago de sus bonos. Cuando se le solicitó a Melba Acosta (presidenta BGF) el listado de quiénes son los bonistas de ACT alegó que no sabía. Para proteger su identidad tampoco compartieron con el sindicato el pliego de la demanda, ni los estados de cuenta de la corporación.
Las últimas movidas de la administración han estado dirigidas al desmantelamiento de ACT; por un lado quitando sus fuentes de financiamiento por medio de la privatización; y minando su capacidad operacional al entregar las fuentes de recaudo. Es dentro de esta situación que hacen la declaración de estado de emergencia.
AR: ¿Cómo este proceso de desmantelamiento ha afectado las condiciones laborales en ACT?
LB: PROSOL entra en 2012 y en 2013 se comenzó el proceso de negociación. La aprobación de la ley 66 afectó la negociación, donde ya teníamos 33 artículos no económicos acordados relacionados a salud y seguridad. Había mucha expectativa con las negociaciones.
Durante el proceso las conversaciones entraron en el tema de las contrataciones. Se le propuso a la corporación que podía obtener ahorros de entre $150 a $300 millones si esas labores las realizaba el personal, pero nunca quisieron sentarse a discutir nuestra propuesta. ACT trajo a la licenciada Vanesa Marsán, del bufete Faccio & Pabón Roca, para trancar la negociación haciendo cambios en el reembolso de gastos de viaje.
En junio de 2014 se cortó el proceso por la ley 66 porque imponía unas metas de ahorro, que dijeron que iban a entregar en julio y se nos entregaron en agosto. Las metas de ahorro de ACT eran de $6.6 millones y todas giraban contra los beneficios de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hicimos una propuesta que llegaba a $4.2 millones en la que entre otras cosas cedimos los días feriados, pero no los reembolsos por gastos de viaje. En un boletín que publican en octubre (2014) anuncian la reducción de vacaciones de 2.5 a 1.25 días, de licencia por enfermedad de 1.5 a 1.0 días, licencia por maternidad de 3 meses a 8 semanas y bajaron la compensación de reembolso de viaje
AR: ¿Actualmente tiene convenio?
LB: Estamos con el convenio 2011-2013. Llevamos 8 años sin aumento de salario.
AR: ¿Ha habido despidos?
LB: Hasta el momento no ha habido despidos, pero las condiciones han provocado muchas renuncias. También ha habido un éxodo hacia empresas privadas en EEUU. Lo que sí ha afectado mucho son los “retenidos”, un grupo de empleados que ACT, violando el convenio vigente, les paga martes en vez de viernes (de la semana anterior). Esta tendencia ha ido en aumento donde hay cerca de 150-200 empleados unionados como “retenidos”. Este asunto está en arbitraje (en el Departamento del Trabajo). Todos estos golpes han causado un gran desánimo por lo que las movilizaciones han sido cada vez más difíciles.
AR: ¿Cómo visualiza el panorama en el futuro inmediato?
LB: Quieren implantar el Plan Kruger de convertir la ACT en una administradora de contratos. Vienen a cortar cabezas, a desplazarnos. La lucha va a ser ya no por nuestras condiciones laborales, sino por el empleo mismo.