La administración colonial atenderá exigencias del capital antes que las necesidades de las mayorías

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Partido Comunista de Puerto Rico

1 de diciembre de 2015

San Juan, Puerto Rico

 

Comunicado de prensa

 

 

El Partido Comunista de Puerto Rico condena la conducta criminal de los administradores coloniales sobre la forma en que han atendido el asunto de la deuda pública. Haciendo gala del oportunismo que caracteriza a la burocracia colonial, estuvieron negando por años la quiebra del ELA, al punto de que el gobernador García Padilla en 2014 alegó con su habitual tono triunfalista de que “se habían salvado las finanzas del país”. Aseveración deshonesta por demás, considerando que la única estrategia ha sido entregar los activos del país como colateral al pago de las emisiones de deuda pública.

 

¿En qué ha consistido la estrategia de los administradores coloniales para solucionar una coyuntura que amenaza con arrastrar a centenas de miles de personas a la marginación y pobreza? ¿Por qué no hacen público el contenido de las negociaciones con los bonistas buitres? ¿Por qué no aclaran cuáles compromisos están haciendo a nombre del Pueblo de Puerto Rico que afectarán nuestro futuro por generaciones?

 

El oportunismo de esta claque que administra la colonia es tal, que mientras reducen servicios por causa de la crisis, gastan millones de dólares en cabildear en el congreso de EEUU para que se incluya a Puerto Rico en el Capítulo 9 de quiebra federal. Por el otro, ofrecen a los bonistas buitres la implantación del Plan de Ajuste Fiscal (PAF) y ahora el llamado “superbono”, que es básicamente retirar del mercado los bonos anteriores y emitir otros con mayores beneficios. Estas “gestiones” resultan extremadamente contradictorias, ya que, si se incluye a Puerto Rico en el Capítulo 9, los bonistas buitres perderían parte del pago que exigen. De la misma manera, si logran un acuerdo con los bonistas buitres, la inclusión en la ley de quiebras federal resultaría académica al hacerse fuera del estatuto.

 

Ambas “soluciones” supondrán grandes sacrificios para las masas trabajadoras y desposeídas en Puerto Rico. Estos vendrán en forma de recortes presupuestarios en servicios sanitarios y de salud, que para una población empobrecida que va en aumento, tendrán el efecto práctico de lanzarlas al desamparo. Más aún, ambas opciones están dirigidas a un solo objetivo: satisfacer las exigencias de los bonistas y que paguemos la deuda. Por una parte, el Capítulo 9 coloca como “mediador” al gobierno federal y el saqueo se haría de forma más “ordenada”. Por otra, la negociación directa con los bonistas buitres plantea el saqueo a manos llenas de todos los activos e infraestructura que ofrecen rentabilidad para sus inversiones: autopistas, energía eléctrica, servicios educativos.

 

Es decir, que las opciones que nos ofrecen los administradores coloniales no atienden las inmensas necesidades de las mayorías del país, solo las exigencias del capital. La corrupta oligarquía que gobierna en Puerto Rico ha perdido, si alguna vez la tuvo, cualquier perspectiva de desarrollar nuestra economía por medio de la inversión en industrias productivas. Este curso de acción la hubiera llevado a un enfrentamiento con el imperialismo yanqui, por lo que prefirió dedicarse a parasitar de las cada vez más crecientes emisiones de deuda pública. Esa táctica, aunque muy beneficiosa para ella, no ofrece ninguna ventaja de acumulación al capital transnacional, por lo que este continúa migrando aceleradamente a países con mejores condiciones. El reciente cierre de la planta de Pfizer en Barceloneta es una muestra elocuente de esta tendencia.

 

Encima de todo, ahora pretenden hipnotizar a las masas trabajadoras con el podrido estanque electorero, con el que los que administran y los que aspiran a administrar, pretenden repartirse lo que sobre del presupuesto del Estado. Estos cantos de sirena han arrastrado a ciertos sectores del movimiento obrero y sindical hacia el pantano del inmovilismo político colocando a estos trabajadores y trabajadoras en el vagón trasero de clases con intereses opuestos a los de la clase obrera. En esta coyuntura actual, para la clase obrera emplear la táctica electoral representa un gran retroceso además de darle legitimidad a un aparato colonial caduco y en franca descomposición.

 

Por otro lado, los sectores pequeñoburgueses que impulsan la táctica electoral proponen darle legitimidad a la deuda ilegal por medio de una “auditoría ciudadana”. Seguir esa táctica es reconocer la validez del esquema de endeu­damiento masivo como forma de explotación y saqueo a las amplias mayorías de la sociedad. Hay que hacerle claro, tanto a los bonistas, como a las clases explotadoras y sus aliados, que no pueden continuar pretendiendo responsabilizarnos a las masas trabajadoras de las crisis de especulación que genera este régimen de explotación del trabajo. Deben aceptar que perdieron la apuesta y que se acabó el juego.

 

La única forma podremos dirigir el país hacia soluciones beneficiosas para la mayoría de la sociedad es por medio de la organización política de la clase obrera y las masas trabajadoras y desposeídas independiente de los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía. Aglutinarnos en un frente de masas, formado por consejos obreros, que dirija y canalice las luchas populares ajeno a las coyunturas electoreras. Se hace cada vez más indispensable la creación de este instrumento de lucha que nos dé fuerza política para luchar contra las medidas de austeridad del capital y el imperialismo yanqui. Las soluciones a nuestros problemas como clase, como los de la so­ciedad en su conjunto, las tendremos que generar por nuestro propia organización y esfuerzo.

 

¡Ni plan de ajuste fiscal, ni pago de la deuda ilegal!

¡Contra la tiranía del capital, construyamos democracia radical!

 

Comisión Política PCPR

partidocomunistapr@gmail.com

 

 

 

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