por Carlos Borrero
Las audiencias senatoriales sobre la crisis de la deuda de Puerto Rico[1] el jueves pasado representaron otra exhibición más de cinismo, colusión y engaño de parte de los representantes políticos de la clase capitalista, tanto de la metrópoli como la colonia. Todo este espectáculo sórdido puede resumirse como una farsa cuyo verdadero propósito era asegurar a los meas poderosos parásitos financieros que después de años del saqueo descarado de las masas obreras en Puerto Rico, el Estado burgués, en especial sus tribunales, haría todo lo posible para proteger sus intereses.
Se estableció el tono de toda la farsa política con el testimonio de Antonio Weiss, el ex banquero de Lazard Inc. cuya firma ha beneficiado enormemente de la miseria impuesta a la clase obrera puertorriqueña durante años. En sus declaraciones al panel senatorial, el Sr. Weiss describió la posición «oficial» del departamento de Tesoro, que ha propuesto cuatro medidas para hacer frente a lo que él calificó como una potencial «crisis humanitaria» en Puerto Rico.
Las medidas incluyen: la creación de un nuevo mecanismo legal, similar al capitulo 9, pero sólo aplicable a los territorios, para la llamada reestructuración de la deuda; la imposición de una junta de control fiscal federal; la gradual introducción de cambios al actual régimen de Medicaid para subir el límite de reembolsos en Puerto Rico; y la extensión del Crédito Impositivo para Ingresos Ganados (EICT) a la colonia.
La propuesta de crear un nuevo mecanismo de quiebra federal solamente aplicable a territorios estadounidenses es muy probablemente que provoque una fuerte oposición política ya que se interpretaría como una concesión a los territorios de algo que no tienen los estados, muchos de los cuales también se están ahogando en deuda. Sin embargo, incluso en el caso de que se apruebe esta medida, el impacto de un mecanismo de este tipo para las masas obreras es claro. Uno sólo tiene que examinar el actual proceso de capítulo 9 para entender que cualquier nuevo mecanismo de esta índole inevitablemente resultará en más cancelaciones de protecciones laborales y convenios colectivos, así como privatizaciones adicionales. Como hemos subrayado en ocasiones anteriores, los tribunales de quiebra no son más que un escenario para los jueces burgueses arbitrar los reclamos legales en disputa entre diferentes parásitos capitalistas. Por lo general, los acreedores más fuertes se imponen a los más débiles, como las cooperativas y los fondos de retiro municipales que frecuentemente invierten en bonos públicos. Los llamados «recortes de pelo» que a menudo se imponen a los acreedores no son más que el medio por el cual el sistema capitalista intenta limitar el clamor popular en contra de un espectáculo en el que los parásitos financieros se pelean entre sí sobre los reclamos de una deuda inescrupulosa y muchas veces ilegalmente contraída mientras que las masas pobres se ven obligadas a sufrir las consecuencias a largo plazo. En otras palabras, estas ‘palmaditas en la mano’ tienen el propósito de hacer al saqueo continuo de las masas obreras y pobres políticamente aceptable.
La imposición de una junta de control fiscal además de desenmascarar las falsas afirmaciones de supuesta autonomía tan apreciada por la llamada «izquierda» del PPD también quita la última pretensión de ‘democracia’ en el la colonia. Lo que hay es dictadura de capital. Cualquier junta de control fiscal, ya sea nombrada por el gobernador colonial o los funcionarios federales, estará compuesta por los fieles representantes del capital financiero. Incluso bajo un escenario en el que se reserve un asiento para un «representante del pueblo», como fue el caso de la junta de la AEE, se tomarán medidas para garantizar que ese representante se quede impotente en un sentido real; en otras palabras, serviría para dar ‘cobertura política’ mediante la ilusión de ‘inclusividad’.
Cuando se tiene en cuenta la extensión y profundidad de la crisis actual del capitalismo en la colonia, particularmente en el campo de la salud, la propuesta expansión a Puerto Rico de ciertos beneficios de Medicaid representa, en las mejores circunstancias, una concesión mezquina. Por ejemplo, el alza del porcentaje de asistencia federal (Federal Matching Assistence Program, o FMAP) correspondiente a Puerto Rico, como se ha propuesto, se verá compensado por un aumento aún más pronunciado en los costos médicos en general, así como la probable introducción de deducibles más altos, etc. Este último no es sólo un reflejo de las tendencias dentro de Puerto Rico durante los últimos años, sino también las dentro de EEUU, incluso en los Estados con mayores tasas de FMAP. En última instancia, tales medidas beneficiarán principalmente a los accionistas de aseguradoras internacionales como, entre otras, Triple S, filial de Blue Cross-Blue Shield que cotiza en la bolsa. De hecho, dada la escasez de liquidez del gobierno colonial, es poco probable un aumento absoluto significativo en los fondos federales destinados a Puerto Rico ya que éstos corresponden al porcentaje fijo de las contribuciones estatales – “territoriales” en el caso de Puerto Rico – a Medicaid.
A pesar de todo esto, es importante subrayar que mientras Puerto Rico sea colonia de EEUU las masas obreras y marginadas en la isla no deben renunciar de ninguna manera la lucha para obtener todos los beneficios a los que tienen derecho. Y los comunistas tenemos el deber de apoyar esta lucha. Sin embargo, dicha lucha no puede reducirse a la cuestión de «paridad» dentro de la construcción ideológica de la ciudadanía estadounidense como plantean los anexionistas. Más bien, para esta lucha tener un significado real, debe formar parte de un proceso coordinado entre los trabajadores estadounidenses y puertorriqueños para defender las conquistas históricas de toda la clase obrera contra los intentos de mantener divididos a los trabajadores mediante el trato desigual o erosionar aún más el ya debilitado sistema de Medicaid a la vez que se lucha por derrocar al sistema capitalista.
La propuesta de extender el EITC a Puerto Rico parece particularmente dudosa dada la exclusión de la mayoría de los puertorriqueños de los impuestos federales sobre ingresos. Sin embargo, en una sociedad con una tasa de participación laboral tan baja y un miserable salario promedio, de implementarse esta medida sólo serviría para poner de relieve el fracaso total del capitalismo en la colonia. La expansión de este crédito es un testimonio de un sistema fallido en el que los que trabajan lo hacen por salarios de miseria y en condiciones sumamente precarias.
La participación de los políticos coloniales en esta farsa representó otro acto más de teatro político. Lo mismo puede decirse de la «liberal» demócrata, Elizabeth Warren, quien formó parte del panel. A pesar de todos sus desvaríos contra los «fondos buitre» y los llamados a Tesoro a encontrar soluciones creativas a la crisis que aflige a los puertorriqueños, esta llamada «progresista» se mantuvo en todo momento fiel en su inquebrantable defensa del capitalismo[2].
La posición de los obreros más conscientes en Puerto Rico está muy clara. Los intereses de la clase obrera requieren una militante oposición a cualquier imposición de una junta de control fiscal por los capitalistas y sus secuaces políticos. Los obreros conscientes exigen la inmediata cancelación unilateral de la deuda. Junto a los comunistas, éstos instan a todos los trabajadores a organizarse en consejos obreros en cada centro de trabajo y unirlos a nivel nacional en una Asamblea de Consejos Obreros. Una de las tareas de este nuevo órgano de la clase obrera debe ser luchar por el poder de revisar, redactar y aprobar todos los presupuestos nacionales.
[1] http://www.energy.senate.gov/public/index.cfm/2015/10/hearing-on-puerto-rico-economy-debt-and-options-for-congress