Por Abayarde Rojo
Por los pasados meses empleados, empleadas y gerenciales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) están luchando por el respeto a su convenio colectivo y a los beneficios laborales a los que tienen derecho. Este grupo acusa directamente a la directora ejecutiva Carmen Villar como responsable del patrón de despilfarro de millones de dólares en fondos públicos por medio de contrataciones en asesoría legal. Esta asesoría legal, como ha publicado Abayarde Rojo anteriormente, se ha utilizado para continuar minando los derechos de sus empleados, empleadas y gerenciales por medio del bufete de Pabón Roca e Irving Faccio.
Sin embargo, esa asesoría también se ha utilizado para continuar el esquema de privatización de las autopistas de Puero Rico. Abayarde Rojo obtuvo copia del nuevo contrato suscrito por ACT con la Autoridad de Alianza Público Privadas (APP) y su directora ejecutiva Grace Santana Balado, para comenzar el proceso de privatización de la PR-52 y la PR-20. Según el contrato ambas autopistas constituían la segunda fase de privatizaciones iniciada por la infame administración de Luis Fortuño.
Este plan, realizado en 2009, estaba contenido en un «Estudio de Deseabilidad y Convenincia» (Estudio DC) que recomendaba la privatización de las PR-22, PR-52 y PR-66. Después de haberle relagalado la PR-22 y PR-5 a Goldman-Sachs por $1,000 millones a 50 años, dizque para pagar la deuda de ACT, se ha demostrado el esquema de corrupción y saqueo, ya que esta alternativa no era sufciente para pagar los $7,000 millones que adeudaba.
Ahora los guaynabitos del PPD seguirán las recomendaciones de dicho plan, que además contempla la privatización de la PR-53 y su extensión, así como la extensión de la PR-22. Sin embargo, el contrato no especifica las compañías que licitarán, ni mucho menos la que se llevará el botín. Lo que sí podemos suponer es que esta es una movida para asegurar el monopolio de nuestra infraestructura vial a Metropistas, quien actualmente controla la PR-22 y la PR-5. Esta compañía es un consorcio formado por Abertis (arrendataria del puente Teodoro Moscoso) y Goldman-Sachs Infrastructure Partners. Abertis se hizo recientemente accionista mayoritario de Metropistas al adquirir el 51% de las acciones, mientras que Goldman-Sachs retuvo el 49%.
Detrás de la cortina publicitaria del progreso y el mejoramiento de nuestra infraestructura con las APP, lo que se encuentra es un burdo engaño, mediante el cual el gobierno colonial le saca las castañas del fuego a los bonistas de Wall Street, a la vez que les ayuda a reactivar la especulación de Wall Street con la deuda pública de Puerto Rico. La pandilla de buscones que está en su turno de robarle al pueblo incluye a unos cuantos beneficiados del esquema de compraventas de bonos: bufetes legales como McConnell-Valdés, y sanguijuelas financistas de profesión que se apropian de millones en transacciones de miles de millones de dólares (especuladores como los Fonalledas ).
La clase obrera en Puerto Rico debemos prepararnos para los tempos dramáticos que nos esperan donde el capital financiero intentará depredar todas nuestras riquezas sociales, humanas, medioambientales para continuar su burdo esquema de reciclaje de deuda y explotación. En ese sentido respaldamos a los empleadas y empleados de ACT y exhortamos a que otros sectores imiten su ejemplo.
¡Anulación unilateral de la deuda!
¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!