por Carlos Borrero
Un borrador del «Plan de Ajuste Fiscal y Recuperación Económica» que pretende enmarcar la política pública de Puerto Rico durante los próximos cinco años fue filtrado recientemente a varios medios de comunicación. La fecha límite del documento final, que no tendrá cambios significativos del borrador, fue aplazada hasta el 8 de septiembre cuando se supone que el Grupo de Trabajo se lo entregue al gobernador colonial. El aval inmediato del gobernador colonial de todas las medidas propuestas en el plan es prácticamente una garantía.
No puede haber duda de que de llevarse a cabo los componentes de este plan representaría un intento de aporrear a la clase obrera a la sumisión total. Los principales componentes de dicho plan consisten en una serie de ataques descarados, denominadas ‘reformas estructurales’ con el objetivo expreso de ‘reducir los costos laborales’. Estas llamadas ‘reformas’ incluyen:
- la reducción de vacaciones pagas
- la eliminación de bonificaciones
- la eliminación del requisito de «causa justa» antes de despidos
- la extensión de los períodos probatorios para nuevos empleados,
- el debilitamiento de leyes laborales aplicables a trabajadores jóvenes, y
- un nuevo cálculo que reduciría drásticamente el pago de horas extras.
Entre las reformas fiscales, se incluyen una serie de impuestos al consumo además de un nuevo régimen de impuestos inmobiliarios que tendrá como objetivo aumentar las tasas contributivas a propietarios de viviendas individuales. El plan también propone una extensión de las disposiciones de la Ley 66 hasta el 2025, y se dirige particularmente a la congelación de salarios y beneficios así como la eliminación de trabajos del sector público mediante una combinación de congelar plazas y el cínicamente llamado ‘retiro incentivado’. De esa manera se intenta perpetuar el pretexto cínico de una crisis fiscal para dar ‘cobertura política’ a esta embestida capitalista. De hecho, desde el punto de vista de los servicios públicos, los componentes del plan profundizan los ataques despiadados contra la educación pública a todos los niveles además del sistema de salud, y continúan la política de privatizaciones.
Aunque la ‘falta de transparencia’ o debate público con que se ha elaborado el plan, así como el papel bien publicitado de la consultora V2A, la misma firma que asesoró a la administración Fortuño en la elaboración de la infame Ley 7, han provocado varias denuncias, el verdadero significado de las medidas contenidas dentro del plan es que constituyen una declaración de guerra de parte de la clase capitalista en contra de las masas obreras.
Aquellos representantes coloniales del capital internacional que participaron en la elaboración del plan, desde Alejandro García Padilla hasta todos los miembros del Grupo del Trabajo, están cumpliendo con su papel de secuaces para los parásitos financieros y ejecutivos de corporaciones multinacionales con cadenas de producción y suministro que integran a Puerto Rico. De la perspectiva del gran capital, la política de alternar la administración colonial entre un grupo de secuaces y otro mediante el fraudulento sistema electoral en la colonia ha servido como un medio efectivo para dividir y confundir a la clase obrera desde hace varias décadas. En caso de que una crisis total de confianza afecte a los cabecillas políticos actuales de la política colonial, hay amplias reservas dispuestas a llevar a cabo una política acomodativa al capital tanto en su papel de capataces ante las masas obreras como en el de intermediarios entre el capital internacional, aunque quizás de una composición diferente, y la élite local. Es en el contexto de la actual debilidad organizativa y confusión ideológica en que se encuentran las amplias masas que la clase dominante y sus representantes políticos se sienten tan seguros para llevar a cabo estas medidas brutales. Pero esta situación no durará para siempre.
Precisamente por eso los comunistas y socialistas en Puerto Rico deben de redoblar sus esfuerzos para precipitar una reorganización revolucionaria de carácter proletario. Ante la embestida del capital, nuestro grito de guerra debe ser que la clase obrera tiene que utilizar todos los medios disponibles, no sólo para resistir estos últimos ataques salvajes llevados a cabo en nombre de las clases dominantes, sino comenzar a organizarse independientemente con el fin de conquistar el poder político e implementar un programa de reorganización socialista. Únicamente mediante una ruptura completa con los partidos políticos capitalistas y la creación de nuevos órganos de lucha y poder obrero será posible encontrar una salida del atolladero actual que aflige las masas obreras. El embrión de estos nuevos órganos ya ha comenzado a tomar forma con la organización de asambleas de trabajadores para discutir los problemas que enfrentan a Puerto Rico en general y la clase obrera en particular. Nuestra tarea es darle orientación ideológica y apoyo organizativo estos esfuerzos para asegurar que estos embriones desarrollen una perspectiva socialista revolucionaria. De acuerdo con esta tarea repetimos nuestras consignas:
¡Anulación unilateral de la deuda!
¡Consejos obreros y la Asamblea Popular!