Por Carlos Borrero
Todos los apologistas del capitalismo en la colonia además de la diáspora puertorriqueña están librando una campaña para promover la inclusión de Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 9. ¿Cuál es el significado de esta campaña? ¿Y cuál es la posición de los comunistas con respecto a esta cuestión?
El Capítulo 9 es el mecanismo federal que orienta la quiebra municipal en EEUU. Este código legal establece que, por lo menos en teoría, el municipio endeudado elabore y someta a los tribunales para su aprobación un plan de restructuración de deuda. Está claro que el Capítulo 9 no es un mecanismo para reducir o mucho menos cancelar la deuda de un municipio. Los parámetros principales de la restructuración estipulados por el Capítulo 9 son la extensión de los plazos de pago, ajustes a las tasas de interés y el refinanciamiento mediante nuevos préstamos. En términos estrictamente ‘legales’, el Capítulo 9 no contempla la liquidación de bienes municipales aunque sí permite la modificación unilateral de convenios colectivos, planes de retiro y otras relaciones contractuales que representan una ‘carga de deuda’ para el municipio. Las privatizaciones, aunque no son una parte expresa del código, constituyen una parte cada vez mayor de los procedimientos bajo el pretexto de reducir los gastos estatales.
Desde la perspectiva de la política burguesa, el hecho de que el plan de restructuración una vez aprobado por los tribunales sea vinculante para los acreedores no aceptantes (holdouts), una característica necesaria para conservar la imagen de un mínimo de soberanía de los gobiernos locales, da la impresión general de que este mecanismo inclina levemente el ‘balance de poder’ hacia los municipios. Esta es una ilusión. De hecho, la historia reciente prueba que detrás de la fachada de neutralidad de los tribunales burgueses, imperan los intereses generales de los capitalistas.
El reciente proceso de quiebra en Detroit debe considerarse un ensayo general para la actual orientación del Capítulo 9. En este caso, fue nombrado como “administrador de emergencia” para la ciudad el Sr. Kevyn Orr, cuyos vínculos directos con los bonistas en virtud de su trabajo previo con la consultora legal Jones Day no dejan duda alguna de sus verdaderos intereses. Como tal, el plan de restructuración de deuda para la ciudad de Detroit fue elaborado por los mismos parásitos financieros y aprobado por el juez federal Steven Rhodes, recientemente contratado por el gobierno colonial en Puerto Rico para servir como ‘consultor’, y cuyo papel era el de poner un ‘sello legal’ en toda esta empresa criminal.
Los resultados de esta estafa deben de ser muy conocidos entre los trabajadores puertorriqueños ya que han sido denunciados en varias ocasiones desde las páginas de Abayarde Rojo: la evisceración de las pensiones municipales, la erosión y semi privatización del servicio de agua además de otros servicios públicos, recortes al servicio de agua a los abonados con atrasos mínimos, desalojos, cierres de escuelas públicas, etc. El desastroso impacto social de este proceso ha coincidido con la creciente penetración de especuladores financieros que buscan aprovechar de la actual desorientación de la resistencia obrera en Detroit para ‘chupar aún más sangre de las masas’.
Mientras que Detroit, con su $18 mil millones de deuda pública representa el último y más grande ejemplo hasta ahora, las historias de los condados de Jackson en Alabama, Orange en California, así como un número creciente de ciudades medianas a lo largo de EEUU destacan la magnitud del fenómeno dentro del contexto municipal estadounidense. En cada uno de estos casos, han sido los trabajadores los que han pagado el precio. Por lo tanto, el Capítulo 9 debe entenderse como el adorno legal, con el propósito de dar ‘cobertura’ a los representantes políticos en el servicio de los criminales financieros, para el saqueo organizado llevado a cabo contra la clase obrera. Aquellos que tratan de vender este código legal como un mecanismo para ‘proteger’ a los municipios insolventes lo hacen en base a la demagogia más abyecta.
La actual resistencia a que se incluya a Puerto Rico bajo las disposiciones del Capítulo 9 se explica por los intereses de dos grupos de bonistas: el primero con un riesgo (exposure) relativamente alto en los títulos «triplemente exentos” de la colonia que se oponen a cualquier retraso en los pagos de la deuda (ej. Oppenheimer); el segundo, cuya estrategia de inversión fue basada precisamente en la anticipación de recurrir a otros mecanismos judiciales – los llamados fondos buitres – para extraer, a los actuales rendimientos exorbitantes, el repago inmediato y total de su tajada de la deuda (ej. Aurelius Capital). La reunión entre los funcionarios coloniales y ‘acreedores’ del lunes próximo y facilitada por Citibank, tuvo como objetivo llegar a algún acomodo con este grupo.
Está claro que independientemente de si la actual campaña politiquera para ‘superar’ la resistencia de estos bonistas tenga éxito o no, lo que es patentemente claro es que todo el marco político jurídico dentro del cual operan los políticos coloniales ha sido construido en oposición a los intereses de las masas obreras. Como tal, bajo cualquier escenario hipotético dentro de los actuales planteamientos que nos quieren vender los politiqueros coloniales de turno, las masas obreras en Puerto Rico sentirán una intensificación de los ataques llevados a cabo en su contra. Los recientes llamados para nombrar una junta de control financiero en Puerto Rico deben verse a luz de la experiencia de Detroit ya que le correspondería a ese cuerpo elaborar un plan de restructuración en el caso, todavía muy dudoso, de que a Puerto Rico se incluya bajo las disposiciones del Capítulo 9.
La clase obrera puertorriqueña, guiada por los comunistas, tiene que organizar su propia oposición a esta campaña de mentiras y demagogia que están llevando a cabo los representantes políticos de los capitalistas a nombre de los bonistas. Las masas obreras deben resistir todos los esfuerzos para canalizar esta cuestión a los tribunales burgueses o contar con la supuesta ‘buena voluntad’ de algunos congresistas estadounidenses, incluyendo así los boricuas que forman parte de ese cuerpo legislativo tan vil y corrupto. La clase obrera necesita, más que nada, desarrollar nuevos instrumentos de lucha para hacer frente a los ataques cada vez más agresivos que están llevando a cabo los capitalistas.
Nuestras consignas tienen que ser claras:
¡No a la junta de control financiero! Sí a los Consejos Obreros y la Asamblea Popular!
¡Todos a la Huelga Impositiva contra el IVU/IVA!
¡Anulación inmediata y unilateral de la deuda!
Aparte del descuartizamiento de la AEE por las diferentes gangas de bonistas, ahora vienen con la AAA. Bajo la excusa de que al no acceder a fuentes de financiamiento dizque para «mejoras capitales», los gerentes de la AAA le tiran un guiño a los bonistas hablando de aumentar las tarifas. Estos alegan que esas mejoras capitales son para inversión en infraestructura. Estas inversiones financiadas con deuda pública son la especialidad de la casa: se despilfarran miles de millones en la tajada de los intermediarios, en los contratistas, en los cambios de órdenes. En fin que siguen tratando de profundizar el endeudamiento público a través de operacions que , aunque no se consideren enteramente rentables, pueden abrir otros campos de penetración sobre todo de los fondos buitres.