Por Carlos Borrero
En un titular del New York Times[i], se informa que Alejandro García Padilla ha reconocido que la deuda pública de Puerto Rico es impagable. Como solución al aparente dilema, declaró AGP, en su mejor imitación de bravucón, que los varios acreedores tendrán que ‘venir a la mesa’ y aceptar ‘concesiones’.
Pero ¿cuáles son estas llamadas concesiones que AGP propone? Se pueden reducir a un ‘canje de deuda’, es decir, una combinación del aplazamiento de algunos pagos y la extensión de los términos de ciertos préstamos como fue la recomendación principal del Informe Kreuger, un estudio comisionado por el gobierno colonial a un equipo de ex economistas del FMI y el Banco Mundial. Así de bravo es nuestro Alejandrito.
Es que AGP, como agente fiel del capital financiero al igual que todo ese montón de canallas que se alternan en la administración colonial cada cuantos años, no puede proponer nada más que esto. Y si uno necesitara más prueba de los trucos sucios que se están jugando a espaldas de las masas de trabajadores en Puerto Rico, sólo es necesario señalar la contratación como consultor del ex juez federal Steven Rhodes, el infame representante de la jurisprudencia burguesa que presidió sobre la evisceración de las pensiones municipales y buena parte de los servicios públicos de Detroit hace un año. Junto con gente como Richard Ravitch, otro consultor cuyo currículum vitae como un esbirro de los parásitos financieros encargado de coordinar el ‘aspecto político’ de su saqueo se remonta a mediados de los años 70 durante la ‘bancarrota de New York’, los personajes del equipo alrededor de AGP desmienten toda la retórica acerca de «sacrificios compartidos» en sus declaraciones públicas.
Lo que está en cuestión es un conflicto entre diferentes grupos de parásitos financieros sobre cómo proteger sus respectivos intereses. Por un lado, hay un sector de inversionistas ‘alto riesgo’, como los fondos buitres, que cree que unas medidas draconianas aún más profundas deben de ser infligidas sobre las masas puertorriqueñas para asegurarse un flujo constante de botín. Después de una reunión reciente con un grupo de estos fondos buitres, doña Melba, la de los chavos, prácticamente confesó que las condiciones onerosas que querían imponer para un nuevo préstamo de $2.9 mil millones representarían suicidio político para Alejandrito[ii]. Por el otro lado, existe un sector de inversionistas que simplemente quiere ‘cobrar’ más temprano que tarde, pero prefiere un proceso ordenado mediante los tribunales antes de buscar otros campos de inversión. El último se inclina a algún arreglo que permitiría a Puerto Rico acogerse a unos de los capítulos de la ley federal de quiebras.
El más reciente teatro político de AGP, en que evoca de manera sutil el espectro del impago, representa un esfuerzo, seguramente muy desesperado, para movilizar al congreso estadounidense a tomar algún tipo de acción al respecto. El curso más probable sería el nombramiento de algún tipo de junta de control financiero, la cual daría cobertura política a los agentes coloniales como AGP mientras se les impone sobre las masas de obreros puertorriqueños más dolor.
La clase obrera es la única fuerza social capaz de resolver el enigma fiscal de Puerto Rico, así como las consecuencias sociales de la crisis capitalista que lo engendra. Esta resolución sólo puede ser la anulación unilateral de esta deuda pública. Para cumplir con esto, la clase obrera tiene que organizarse cuanto antes para la toma del poder político, lo cual incluye el desarrollo de nuevos órganos de poder popular, e iniciar un proceso de reorganización socialista de la sociedad.
[i] http://www.nytimes.com/2015/06/29/business/dealbook/puerto-ricos-governor-says-islands-debts-are-not-payable.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
[ii] http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-24/hedge-funds-seek-meeting-with-puerto-rico-over-oil-tax-bond-deal