Crisis del capitalismo colonial significa crisis de derechos humanos

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Rev. Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez

Cristianos/as Por el Socialismo Puerto Rico

El pasado 10 de diciembre se recordó los 66 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración es el fundamento jurídico, legal y filosófico de los derechos humanos. La Declaración y Programa de Acción de Viena que fueron aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 es un importante documento complementario a la Declaración de 1948.

Estos derechos no son originales al siglo 20 sino que son el desarrollo histórico de la lucha de hombres y mujeres por mejor sus condiciones de vida y vivir en paz, con justicia y dignidad, seguridad y libertad. Antecedentes a esta declaración se consideran la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1628 y la Carta de Derechos de 1689 en Inglaterra; la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Estos documentos son considerados fundamentos para la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

Podríamos pensar que los derechos humanos no aplican a Puerto Rico porque hay la tendencia a creer que los derechos políticos son los fundamentales, es decir los derechos a la libertad de expresión, asociación, religión y a la participación en el proceso electoral. Sin embargo, olvidamos la amplitud y variedad de los derechos humanos. Estos cubren mucho más que los denominados derechos políticos.

Desde una perspectiva marxista debemos recordar que el Estado en el sistema capitalista siempre ha sido, es y será un instrumento de la clase dominante. El breve desarrollo histórico expuesto nos demuestra que estos derechos fueron producto de la lucha de la clase obrera y trabajadora en Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos de Norteamérica, las luchas por la emancipación de las colonias españolas en América Latina, la revolución rusa, la china, la vietnamita, la cubana y la nicaragüense. Los derechos humanos siendo responsabilidad del estado son beneficios y derechos que la clase trabajadora a arrebatado por con su lucha constante y continua en su lugar de trabajo y en la calle a la clase burguesa explotadora. Es por esa razón con estos derechos son importantes en la lucha por la construcción una sociedad basada en la justicia y la solidaridad.

En el caso de Puerto Rico, por ser una colonia de los Estados Unidos, esa clase dominante esta compuesta por los representantes de las grandes corporaciones financieras extranjeras, principalmente pero no únicamente de los Estados Unidos, y por la burguesía colonial parasitaria que vive de la explotación del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. A pesar de que el gobierno estadounidense no ha firmado los más importantes tratados de derechos humanos se considera a sí mismo como el gran defensor de esos derechos. Se ha autoproclamado vigilante de estos derechos imponiendo, con violencia tanto física, como cultural, religioso y económico, sólo los derechos que le conviene a la burguesía capitalista (propiedad privada) para mantener su hegemonía y control sobre la clase obrera y trabajadora.

GENERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Empecemos por considerar que los derechos humanos no son estáticos sino que evolucionan con el tiempo y que son afectados por las diversas realidades históricas, culturales, sociales y económicas. Por eso en la historia de los derechos humanos podemos hablar de generaciones de derechos: a) políticos, b) sociales, económicos y culturales c) de solidaridad y d) de ciudadanía digital. De igual modo, es importante señalar que estos derechos son complementarios, es decir, unos no pueden existir sin los otros. Son indivisibles, es decir, no puede decirse que hay unos derechos más importantes que otros.

La primera generación de derechos son los que se conocen como derechos civiles y políticos. Estos son derechos básicos y fundamentales. Estos derechos están consignados en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, igualdad ante la ley, y otros. Estos son derechos fundamentalmente individuales. De estos derechos surgen una serie de tratados y pactos que enfrentan problemas más específicos tales como la tortura consignado en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984), el genocidio consignado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio (1948) y la discriminación racial consignado en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial (1965).

La segunda generación de derechos se conoce como derechos económicos, sociales y culturales. Estos son derechos fundamentales y básicos para el desarrollo de una vida plena y abundante. Estos derechos están consignados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: derecho a la libre determinación, derecho a fundar sindicatos, derecho a la protección de la familia, derecho a la educación, derecho a la salud y otros. El estado nacional tiene el deber de hacer realidad estos derechos. De estos derechos surgen otros pactos que enfrentan situaciones específicas como el derecho a la autodeterminación de los pueblos consignado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976), la discriminación contra la mujer consignado en la Convención sobre la eliminación de todas las forma de discriminación contra la Mujer (1979) y la Declaración de las Mujeres en Beijing (1995), la responsabilidad con la niñez consignada en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la diversidad étnica, racial, lingüística y religiosa consignada en la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas (1992).

La tercera generación se conoce como los derechos de solidaridad. Estos derechos de más reciente reflexión. Estos derechos se han desarrollado de diversos pactos y declaraciones pero todavía no hay un instrumento jurídico. Son derechos donde todos; el estado, el individuo y la sociedad son responsables de su realización: derecho a la paz consignado en la Declaración sobre el derecho de la gente a la paz (1984), derecho al desarrollo consignado en la Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), en el derecho a la diferencia, derecho a un medio ambiente sano y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997).

La cuarta generación se conoce los derechos de la ciudadanía digital. Los de la cuarta generación se sustentarían en la necesidad urgente e inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de información y comunicación, fomentar el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, en el objetivo de que la sociedad de la información esté orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes, evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo, reduciendo la disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como en el interior de las naciones.

Ya se habla de una quinta y sexta generación de derechos. La quinta generación tiene que ver con los derechos de la robótica y la sexta tiene que ver con los derechos para será a seres trans-humanos, es decir, personas con identidad genética-cognitiva-informacional alterada por la modificación gano-nano-robo-tecno.

CRISIS DE DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN

Ante la profunda crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país, es nuestro deber reflexionar sobre la realidad de los derechos económicos y sociales en Puerto Rico. Veamos cómo cada uno de los derechos de segunda generación, los derechos económicos y sociales, son violados a diario por la clase gobernante colonial de turno.

El primer derecho en los derechos de segunda generación es el de la libre determinación de los pueblos. Este derecho ha sido violado desde la invasión de nuestro país por españoles y estadounidenses. En la actualidad, ambos partidos coloniales y el gobierno estadounidense, le niegan consistentemente al pueblo la posibilidad de un proceso de autodeterminación. En el pasado evento electoral (2012) el electorado puertorriqueño declaró que no estaba conforme con el estatus colonial actual. Pero hasta el día de hoy ninguno de los dos partidos coloniales ni el gobierno imperialista estadounidense han hecho nada para que se afirme esa decisión del pueblo de enfrentar y resolver el actual estatus colonial.

El segundo grupo de derechos asegura la no discriminación. Es claro que ninguna administración ha querido ampliar los derechos sociales y económicos a sectores de la sociedad como la comunidad LGBTTIQ, mujeres y personas extranjeras, a los trabajadores/as, obreros/as. Los serios problemas de corrupción en el poder legislativo, ejecutivo y judicial profundizan el discrimen contra sectores pobres, marginados, explotados y excluidos de los beneficios de esos tres poderes. Esto lo vemos cuando la Legislatura se opone a ampliar los derechos de violencia doméstica a todo tipo de pareja. Esto lo vemos cuando la Departamento de Educación no implementa un currículo de género que ayudará a entender nuestros roles como personas. Esto lo experimentan los hermanos y hermanas dominicanos cuando son golpeados indiscriminadamente por las fuerzas de seguridad y el Departamento de Justicia y la Policía del país hace caso omiso a sus reclamos. O cuando estas mismas fuerzas intervienen en comunidades pobres sin ningún tipo de respeto a la dignidad de esas comunidades golpean y rompen propiedad privada y no asumen responsabilidad por sus acciones. Estas situaciones ponen, por una parte, en precario la protección de la vida de estos sectores excluidos y marginados y por otra, no permiten su pleno desarrollo económico y social para su integración plena a la sociedad porque sus derechos son limitados.

El tercer grupo de derechos tiene que ver con condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias: el derecho a sindicalizarse, a seguridad social, a protección familiar, un nivel adecuado de alimentación y vivienda, salud, tanto física como mental, y una educación accesible.

Cada día es más difícil encontrar un trabajo con condiciones salariales y de beneficios dignas. El gobierno se ha conformado con proveer empleos, en lo público como en lo privado, a tiempo parcial o por contratos para reducir los gastos en el sector público y asegurar a la empresa privada márgenes de ganancias aceptables. Estas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias se debilitan cuando el Estado, a través de la clase gobernante, decide hacer cambios en las leyes laborales que permiten al patrono la flexibilización del trabajo, el salario y los beneficios. Una de estas medidas es aumentar el tiempo de probatoria en el empleo de 3 meses a 1 año. Esto permitirá al patrono la posibilidad de explotar por un año a un empleado sin una garantía de trabajo permanente.

Cada día las condiciones de trabajo de los empleados/as, tanto en la empresa privada y pública, empeoran. Un ejemplo de estos es la reducción de los días por enfermedad, vacaciones, periodos de descanso entre jornadas, aumentando el periodo de probatoria laboral, flexibilizando las leyes de despido, ampliando de esta manera las posibilidades del patrono de hacer lo que le venga en gana con el trabajador o trabajadora. Un ejemplo es más que suficiente, el gobierno se ha negado a aceptar y proteger las condiciones de seguridad en el trabajo de los compañeros y compañeras de la UTIER y la negativa del Departamento de Educación y el Gobierno colonial de atender los reclamos de mejores condiciones de trabajo del magisterio y con la Ley 66 se da poder al estado, sus agencias y corporaciones a violentar convenios colectivos negociados y firmados.

Cada día la legislatura desarrolla leyes que atentan contra la posibilidad de los trabajadores de organizase en sindicatos o han debilitado los existentes. Esto lo vemos cuando los patronos a través de sus representantes en la Legislatura desean cambiar la forma de organizarse y debilitando las definiciones de los talleres de trabajo. Por otra parte algunos sindicatos se han prestado para jugar el juego político defendiendo un partido político en particular para en algunos casos lograr beneficios paupérrimos para sus matrículas.

Cada día las administraciones coloniales atentan contra los sistemas de retiro de empleados públicos poniendo en precario su seguridad social en la edad avanzada. Eso lo vimos en los cambios al sistema de retiro de los empleados públicos (violando de esta manera negociaciones contractuales, quitándole beneficios adquiridos, y privatizando el dinero de retiro poniéndolo en riesgo) y el intento de cambiar el sistema de retiro del magisterio (parcialmente se logró cuando se le honró el sistema de retiro a los que ya están trabajando y negándoles a los nuevos maestros y maestras un retiro digno privatizando el sistema de retiro). Estos cambios tendrán serias consecuencias en nuestra sociedad en los próximos años cuando comencemos a ver el aumento de un sector de la población de envejecientes hundidos en la pobreza absoluta y el pauperismo.

Cada día vemos la imposibilidad de adquirir una vivienda digna ante la precariedad del trabajo o la imposibilidad del mismo. Mientras muchos pierden sus casas por la falta de empleo debido a que fueron lanzados a la calle por la Ley 7 (PNP) o la Ley 3 (PPD). Las ejecuciones de hipotecas han ido aumentando vertiginosamente en los últimos años. Aunque se ha intentado fortalecer los derechos de los compradores la realidad es que la complejidad del proceso no perite al dueño del hogar contratar un abogado o abogada para que le represente en el proceso judicial. Pero las ayudas gubernamentales van dirigidas a asegurar a los contratistas su inversión y la banca su solvencia.

La educación y la salud pública se continúan debilitando cada día gracias a las políticas fiscales que reduce el personal de servicio (enfermería, docentes, trabajadores/as sociales, sicológos/as), mantiene condiciones salariales de pobreza y condiciones de trabajo peligrosas. Estas políticas fiscales tiene un solo interés asegurar al gran capital y a su representantes locales, en la empresa privada como en el gobierno, sus ganancias y el control de servicios esenciales. Este intento de entregar estos servicios a manos privadas sucede cuando el gobierno rechaza un sistema de salud universal socializado y permite la privatización de servicios educativos. Esta violación es patente y patética en la negativa del Departamento de Educación y el gobierno colonial de no proveer los servicios necesarios al estudiantado de educación especial.

La violación a los derechos humanos económicos y sociales está plasmada en nuestra Constitución colonial cuando esta determina que el gobierno tiene la obligación de pagar la deuda externa y proteger los intereses de las grandes corporaciones y de esa manera debilitando las instituciones públicas que llamadas a proveen educación, salud, protección y un desarrollo socioeconómico justo. No es casualidad que somos el país con mayor inequidad social en el mundo.

Algunos datos confirman nuestra tesis:

  1. Solo una tercera parte, es decir el 35%, de la fuerza de trabajo están trabajando,

  2. El desempleo oficial es de 14% pero la realidad es que es sobre un 25%,

  3. 45% de la población vive bajo los niveles de pobreza,

  4. 1,3 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas, es decir el 40% de la población, dependen de  fondos federales,

  5. El top 20% de la población tiene acceso al 60% de los ingresos mientras el bajo 20% tiene acceso sólo 1.7%,

  6. Leyes de cabotaje encarecen los productos en alrededor de un 10%.

Estas violaciones a los derechos de segunda generación, derechos económicos y sociales, son producto de nuestra relación colonial con el estado y el gobierno estadounidense y la economía capitalista. Fueron los inversionistas estadounidenses los que insistieron en que se plasmara en la Constitución colonial la prioridad del pago de la deuda. Fue el Congreso estadounidense quien eliminó la sección 22 que aseguraban los derechos económicos y sociales. Es el Tribunal Supremo estadounidense quien impone las leyes laborales sin tomar nuestro contexto social y político. Son las organizaciones laborales y sindicatos estadounidenses quienes se oponen a la derogación de las leyes de cabotaje que tanto afecta el costo de vida. Son los tratados de libre comercio de los Estados Unidos los que no nos permiten proteger nuestros productos locales favoreciendo los productos extranjeros afectando el desarrollo económico sustentable que el país necesita.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en Puerto Rico existe una seria crisis de derechos humanos. Pero como hemos visto esta crisis de derechos humanos es producto de nuestra relación colonial con los Estados Unidos de Norteamérica y la imposición de un capitalismo colonial que está al servicio de los grandes intereses económicos financieros y que la clase gobernante colonial puertorriqueña apoya y promueve. El premio Nobel de Economía Amartya Sen señala que “la libertad es la vez un componente constitutivo del desarrollo y un factor que contribuye a lograrlo”.

La única manera de superar esta crisis (la de derechos humanos y la del capitalismo colonial) es rompiendo con la relación colonial luchando por la independencia y la destrucción de la economía capitalista construyendo una sociedad socialista. Esto lo lograremos cuando tomemos conciencia de nuestro rol histórico como trabajadores y trabajadoras de transformar nuestras condiciones de vida de pobreza y miseria y asumamos plenamente nuestro papel de dirección en la construcción de una sociedad justa, solidaria, equitativa y revolucionaria. No hay otro camino. La independencia y el socialismo son los únicos caminos.

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